Foto: Angela Rodriguez

• El Tribunal Constitucional ordenó a las autoridades de Loreto garantizar agua potable y saneamiento a los asentamientos humanos Iván Vásquez y 21 de septiembre, zonas afectadas por la contaminación de un desagüe a cielo abierto que aglomera los desperdicios de un camal y un hospital.
• Con esta sentencia sin precedentes en Perú, se abre la posibilidad para que otras comunidades de Loreto exijan un derecho básico que les ha sido históricamente negado: el agua potable.

Por Angela Rodriguez / arodriguez@spda.org.pe 

Con una niña pequeña en brazos, Silvia Pizango acude hasta el pozo artesiano que junto a sus vecinos han construido como una forma de conseguir un poco de agua que usan para el baño o para lavar. Esta es una tarea que realizan a diario los habitantes del asentamiento humano Iván Vásquez, ubicado en el distrito de Punchana, en la periferia de Iquitos, irónicamente una ciudad rodeada de ríos.

Mientras espera por su turno para llenar su balde de agua, ella y otras vecinas se quejan del nauseabundo olor con el que deben convivir. En esta localidad tampoco tienen alcantarillado y deben lidiar con un desagüe a cielo abierto que pasa debajo de sus casas con aguas contaminadas por los residuos de un camal y un hospital.

Las mujeres del AA. HH. Iván Vásquez tienen como parte de sus labores diarias el recojo de agua del pozo artesiano que les ayuda a proveerse de agua. Foto: Angela Rodriguez

Estas condiciones no solo producen un olor pestilente que aumenta y se extiende con el intenso calor propio de esta zona tropical, sino también son causa de múltiples enfermedades. “Tenemos constantemente infecciones estomacales, dermatológicas y respiratorias, además de malaria y dengue por la cantidad de zancudos”, explica Segundo Panduro, dirigente de Iván Vásquez en conversación con Actualidad Ambiental. Los más de 400 niños y niñas que viven en este lugar son los más perjudicados, resalta.

“Mi niña tiene sarpullido en la piel producto de la contaminación a su alrededor”, añade por su parte Silvia Pizango mientras nos muestra las lecciones en la piel de su pequeña.

En el barrio de Silvia y Segundo, junto a un barrio vecino llamado 21 de Septiembre viven más de 2500 familias, y al menos la mitad son de origen Kukama, un pueblo indígena en cuya cosmovisión el agua (los ríos) tiene un significado no solo material, por la dependencia de este recurso, sino también espiritual: sus ancestros viven en el río y se comunican a través de sueños con ellos.

Para estos asentamientos humanos su mayor sueño estaría pronto a hacerse realidad gracias a una reciente sentencia del Tribunal Constitucional peruano.

Las aguas residuales de un camal y un hospital pasan por debajo de las viviendas de los más de 2500 habitantes de Iván Vásquez y 21 de Septiembre. Estas personas conviven a diario con esta contaminación. Foto: Angela Rodriguez

Sentencia del TC sin precedentes

La lucha de Iván Vásquez y 21 de Septiembre, asentamientos humanos reconocidos como tales en 2006 y 2007, respectivamente, inició hace siete años cuando el obispo de Iquitos, Miguel Ángel Cadenas -entonces párroco de una iglesia cercana a la zona-, junto al también sacerdote católico Manolo Berión, animaron a los dirigentes vecinales a emprender una demanda dirigida a las autoridades municipales y regionales, en la que exigían acceso a agua potable, saneamiento y recojo de basura.

“Esta demanda fue presentada en el 2016 y logramos en primera estancia que el juez la declarara fundada y ordenara la restitución de los derechos fundamentales para estos dos asentamientos humanos”, recuerda Maritza Quispe, abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL). Para esto, la defensa se basó en la Constitución peruana que en su Artículo 7-A establece que “el Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable”. Y en el 195 indica que “la prestación de servicios públicos es de responsabilidad de los gobiernos locales”.

Sin embargo, las entidades demandadas -municipalidades de Punchana y Maynas, y el Gobierno Regional de Loreto (GOREL)- no estuvieron de acuerdo con esto y apelaron a la sentencia, por lo que el proceso se elevó a la Sala Civil de la Corte Superior de Loreto, y en esta segunda instancia los asentamientos humanos perdieron su demanda. “Con esto, la sala les dijo que no tienen derecho a lo que reclaman: agua y vida digna”, enfatiza la abogada del IDL, organización que junto al vicariato de Iquitos, la Mesa de Lucha contra la Pobreza de Loreto y Fórum Solidaridad Perú, acompaña a estos asentamientos en su lucha.

En una ceremonia realizada el pasado 20 de agosto, Maritza Quispe junto a los dirigentes que impulsaron la demanda de los AA. HH. Iván Vásquez y 21 de septiembre, explicó los detalles e implicancias del fallo del Tribunal Constitucional. Foto: Angela Rodriguez

Los asentamientos humanos no aceptaron una derrota, sus posibilidades de algún día tener condiciones para vivir con dignidad dependían de su lucha. Por ello, con el apoyo del equipo de abogados del IDL interpusieron un recurso de agravio inconstitucional para que su caso sea visto por el Tribunal Constitucional (TC), en donde finalmente consiguieron la victoria con una sentencia a su favor. Esta reconoce su derecho a contar “con un ambiente equilibrado y adecuado, al agua, a la vida, a la salud, a la integridad física, a la vivienda, a acceder a servicios públicos y al bienestar”.

Además, en esta sentencia, el máximo órgano de justicia peruano declaró la existencia de un “estado de cosas inconstitucionales en la región de Loreto”, en cuanto a la “vulneración masiva del derecho al agua potable”: en Loreto más del 54 % de la población no tiene acceso a agua potable en sus viviendas. A esto se suma la contaminación ambiental por la falta del tratamiento de las aguas residuales, también reconoció el TC.

Foto tomada por Segundo Panduro, dirigente del AA. HH. Iván Vásquez, que muestra la contaminación del desagüe a cielo abierto que pasa por su barrio todas las noches cuando el camal municipal está en funcionamiento. El rojo es producto de la sangre de animales que son sacrificados en el mencionado lugar.

“Esta sentencia traerá beneficio sobre todo para nuestra niñez, porque los que más sufren por la falta de agua son los niños”, comentó María Antonia Casique, una de las vecinas de Iván Vásquez, en una ceremonia organizada por los dirigentes de su comunidad el pasado 20 de agosto, en donde dieron a conocer los detalles de la sentencia del TC.

“Esta sentencia es muy importante, es histórica, es emblemática”, celebró Maritza Quispe, quien además explicó que el TC no solo da razón a los dos asentamientos humanos demandantes, sino que ha identificado en Loreto un problema. “Si hablamos de un tema más macro como la tutela de derechos al medio ambiente, al agua potable, es la primera vez que el TC se pronuncia y declara que hay un estado de cosas inconstitucionales en esta región”, aclaró.

Miguel Cárdenas, obispo de Iquitos y uno de los impulsores de la demanda, compartió esta noticia. “El TC es el órgano más importante en Perú y está diciendo que hay una serie de cosas inconstitucionales en Loreto porque no brindan agua potable, no hay saneamiento básico, no hay recojo de basura y ahora el TC está ordenando que esto se cumpla. Como es una sentencia del TC significa que otros lugares de Iquitos, de Loreto y el Perú pueden también atribuirse esa sentencia para ellos, y por lo tanto tiene un alcance nacional, probablemente también siente precedente en la cuenca amazónica”, manifestó.

Miguel Ángel Cárdenas, obispo de Iquitos, junto a Graciela Tejada, lideresa comunal de la zona, celebrando el triunfo de los asentamientos humanos de Punchana.

Treinta días para cumplir la sentencia

Para los asentamientos humanos Iván Vásquez y 21 de Septiembre, esta sentencia representa el último tramo de su lucha. Ahora, las autoridades municipales y regionales demandadas tienen, según disposición del TC, un plazo máximo de 30 días hábiles -que ya empezaron a contarse- para cesar el vertimiento de desechos orgánicos y residuos sin tratar al sistema de alcantarillado municipal que desemboca en el desagüe a cielo abierto que pasa por sus calles.

En este mismo plazo, las autoridades demandadas también deberán coordinar y disponer las medidas que sean necesarias para revertir, en el más breve plazo, las vulneraciones detectadas en la sentencia. Es decir, asegurar las gestiones para que todas las familias de los asentamientos humanos en cuestión al fin tengan agua potable en sus hogares y alcantarillado en sus calles.

“Hay medidas coercitivas que pueden ser utilizadas. El artículo 27 del nuevo Código Procesal Constitucional señala, en primer lugar, requerir que se impongan multas acumulativas, y si no cumplen, pedir la destitución de los funcionarios responsables”, explica Maritza Quispe, del IDL.

En este sentido, apunta que la sentencia no es el fin de este caso. “Un caso no termina con la emisión de una sentencia sino con la restitución de un derecho, y en este caso se viene el segundo proceso que es la implementación. Y a través de esto la restitución de los derechos exigidos en la demanda”, explicó.

Lucha de las periferias amazónicas

El reclamo por el agua potable es común entre cientos de comunidades y asentamientos amazónicos, irónicamente ubicados en las riberas de los más importantes ríos de la Amazonía. En Iquitos, el 61 % de hogares no cuenta con acceso a agua potable, y estos están principalmente ubicados en la periferia de la ciudad.

“Es increíble que estando al pie del Amazonas seamos la región con menos acceso al agua potable, es una cuestión de dignidad humana. Creo que todos tenemos algunos derechos básicos. El papa Francisco habla del derecho al agua como un derecho eje, que abre la posibilidad para tener otros derechos distintos. Si carecemos de agua carecemos en general de los derechos humanos, por eso es tan importante esta sentencia, y ahora hay que continuar acompañando a la población para que se ejecute y se haga de manera apropiada y digna”, indicó el representante de la iglesia católica en Iquitos, Miguel Cárdenas.

Alejandro y Pedro, dos aguateros que venden el líquido elemento en los asentamientos humanos de Punchana. En esta zona cada balde de agua, transportada con gran esfuerzo en desgastadas carretillas y envejecidos baldes, cuesta hasta dos soles. En un gran porcentaje de asentamientos humanos y comunidades de Loreto, hay cientos de aguateros que surten de agua a miles de familias a falta de agua potable. Foto: Angela Rodriguez

En Loreto, según la Sunass, 457 190 personas no cuentan con conexión a agua potable en sus hogares. A esto se agrega que, más de 300 comunidades rurales que supuestamente tienen acceso a agua, en realidad no la tienen, señala Carmen Arévalo, representante de la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza en Loreto.

Los asentamientos humanos Iván Vásquez y 21 de Septiembre, con sus más de 2500 familias, estarían prontos a salir de este grupo. Por ahora, la tarea de caminar varias cuadras bajo el sol para abastecerse de agua seguirá siendo parte de su día a día. Todavía veremos adolescentes con baldes a cuestas, vecinos llevando en motos y carretillas el agua que compran a un sol el balde; aún contemplaremos a los aguateros que venden a quienes no pueden recoger el agua por sí mismos. Sin embargo, la posibilidad de que esto cambie ya está en camino.

La falta de agua potable y saneamiento expone a estas poblaciones a enfermedades y constantes infecciones estomacales, respiratorias y dermatológicas. El dengue y la malaria también son enfermedades con mucha recurrencia. Foto: Angela Rodriguez