Como parte de la Semana de la Evidencia 2016, un panel de expertos abordó los desafíos que plantea la minería ilegal a las políticas públicas y al país. ¿Cuál es el estado de la evidencia respecto a la minería ilegal en el Perú? ¿Qué falta investigar y qué retos enfrenta el Estado? ¿Cómo se formulan las políticas públicas sobre la minería ilegal en el Perú? ¿Cómo puede contribuir la academia y los think tanks al proceso de políticas públicas sobre minería ilegal? Estas preguntas fueron abordadas en exposiciones realizadas en el auditorio del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP).

Participaron como expositores Julio Guzmán, procurador público del Ministerio del Ambiente (Minam); Ramón Escobar, asesor legal de la ONG holandesa Solidaridad; Oscar Castilla, periodista de Ojo Público; Lenin Valencia, sociólogo e investigador de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA); Carol Mora, abogada del Programa de Política y Gestión Ambiental de la SPDA; y Jimmy Carrillo, director de la Unidad de Comunicaciones de la SPDA.

La Semana de la Evidencia es promovida por la Alianza Peruana para el uso de la Evidencia, la Universidad del Pacífico, la Red Peruana de Monitoreo y Evaluación – REDPERUME y On Think Tanks.

Lenin Valencia, sociólogo e investigador de la SPDA, señaló que la minería informal e ilegal plantean un reto metodológico para entender la naturaleza de las economías informales e ilícitas, por las dificultades para entrar a campo, recopilar información de primera mano, el alto nivel de conflictividad y la desconfianza de los actores vinculados. Consideró que desde la academia se debe ver qué tipo de metodologías y estrategias de análisis plantear para entender realidades que se caracterizan por el subregistro de la información. Además, indicó que falta entender el desarrollo de la minería informal en otras regiones, fuera de Madre de Dios, Arequipa y Ayacucho.

Carol Mora, abogada del Programa de Política y Gestión Ambiental de la SPDA, dijo que pese a la fragmentación de competencias en materia de minería ilegal, los gobiernos y las instancias de gobierno sectoriales no deben obviar la información generada por otras autoridades pese a no pertenecer al mismo sector. Puso como ejemplo el caso del OEFA, porque la información que genera puede ser utilizada para la adopción de decisiones de otros sectores o ministerios. Agregó que si bien existen situaciones que obligan al Estado a legislar y a regular sobre la base del sentido de urgencia o emergencia, esto no debe ser una regla y ese sentido de urgencia no debe evitar que simultánea o posteriormente se pueda desarrollar estrategias a largo plazo que involucren mejores resultados.

Julio Guzmán, procurador público del Ministerio del Ambiente, consideró que el problema del Estado al tratar la fiebre del oro ha sido enfocar el tema desde lo jurídico a lo social, estableciendo un marco normativo para controlar conductas y que las personas desistan de la ilegalidad a través del proceso de formalización. Eso resultó muy difícil, señaló, porque el proceso de formalización está diseñado para espacios urbanos y no lugares alejados: ¿cómo controlar a la población donde no llegan las autoridades?

Agregó Guzmán que, desde su perspectiva personal, no fue adecuado establecer un proceso de formalización individual buscando que cada minero sea una persona formalizada. “El proceso de formalización debe entenderse como grupos humanos que pueden insertarse en la formalidad porque permite el autocontrol. En Puno ha dado muy buenos resultados la formalización con cooperativas de mineros. La solución de esa problemática tiene que ir de lo social a lo jurídico. En el Perú tenemos los mecanismos de control más represivos de la región pero si no trabajamos desde el punto de vista social alternativas de solución, no hay forma de cambiar el comportamiento delictivo. Ahí radica el problema de planteamiento”, concluyó.

Ramón Escobar, asesor legal de la ONG Solidaridad, señaló que en su institución buscan conectar al productor minero con los mercados internacionales, evitando los intermediarios, a través de un sello de certificación que denominan “Comercio Justo”. Para ello necesitan que el minero sea formal. Evaluando el proceso de formalización, indicó que los 6 pasos de formalización resultan difíciles para los mineros y evidenció los vacíos que existen en el proceso al indicar que luego de esos 6 pasos aún el minero necesita alrededor de 15 permisos más para poder operar. Sobre los retos de la academia para informar a los tomadores de decisiones, indicó que pueden “evidenciar los vacíos legales y proponer cómo solucionarlos. Y evidenciar lo que se está haciendo bien”.

Jimmy Carrillo, director de la Unidad de Comunicaciones de la SPDA, mencionó que la academia y las comunicaciones suelen ser dos mundos que a veces no conversan. Señaló que las comunicaciones pueden aportar promoviendo la incidencia, sistematizando los datos y dándole un rostro humano al problema. Mencionó el proyecto “Las Rutas del Oro” como un ejemplo que trabajó con reportes académicos sobre el avance de la minería ilegal en cinco países, reportajes de periodismo de investigación, un blog, redes sociales, un documental y un webdocumental.

Oscar Castilla, periodista de Ojo Público, explicó el proceso que demandó la realización del documental y del webdocumental “Las Rutas del Oro”. El trabajo empezó construyendo a los actores del proceso de minería ilegal: los dueños de las empresas exportadoras. Luego se revisaron sus antecedentes policiales, fiscales y judiciales, encontrando delitos tributarios o documentos falsos vinculados a la exportación. También se monitoreó a los receptores de oro en Suiza, Italia, Miami y Emiratos Árabes Unidos, quienes solían decir que no conocían la procedencia del oro. El trabajo consistió en seguir el dinero y a los protagonistas vinculados a la captación del oro.

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