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Como parte del compromiso del Gobierno por simplificar trámites y agilizar inversiones, el Poder Ejecutivo emitió 112 decretos legislativos en el marco de la delegación de facultades por parte del Congreso de la República. ¿Cuál es el impacto ambiental de estos decretos? ¿Contemplan el componente ambiental? ¿Qué oportunidades presenta para el sector ambiente?

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) ha analizado el ángulo ambiental de los decretos legislativos, en total 18 de los 112, y a partir de dicho análisis ha desarrollado un semáforo ambiental para resaltar: 1) los que representan un avance para los aspectos ambientales (VERDE), 2) los decretos legislativos que requieren ser aclarados o que presentan un riesgo potencial (ÁMBAR), y 3) aquellos que, como resultado del análisis, se considera que afectan la gestión ambiental (ROJO).

Los decretos comentados tratan temas forestales y de fauna silvestre, residuos sólidos, simplificación administrativa, minería informal, entre otros.

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Pase libre

Entre los seis decretos legislativos calificados en VERDE en el semáforo ambiental, resalta el interés del Poder Ejecutivo por impulsar la gestión de los residuos sólidos, un tema que debe ser prioritario en la agenda ambiental. Los fondos desarrollados para promover el turismo sostenible y el adelanto social para localidades donde se desarrollarán grandes proyectos son propuestas que se espera puedan tener impactos positivos en el desarrollo local y sostenible de distintas poblaciones y comunidades.

Desacelere

Fueron cinco los decretos legislativos calificados en ÁMBAR en el semáforo ambiental por considerar que si bien la propuesta de fondo es positiva, es necesario aclarar procesos y competencias para asegurar que se considere el componente ambiental de manera adecuada.

Fueron dieciocho los decretos legislativos comentados, de los cuales siete han sido calificados como verde, cuatro en ámbar y siete en rojo.

Deténgase

Entre los ocho decretos clasificados en ROJO se encuentran aquellos referidos al proceso de formalización minera (Ver artículo sobre decretos y minería informal), al Oleoducto Norperuano (que sugiere, pero no establece la obligación de elaborar un Plan de Desarrollo Social), y la promoción de actividades forestales, norma que incluye a comunidades nativas sin haber realizado un proceso de Consulta Previa.