En el marco del proyecto “Mitigación de Conflictos y Desarrollo de la Amazonía” se implementó el observatorio de conflictos amazónicos “Vigilante Amazónico. Red de Vigilancia de Conflictos Socioambientales Amazónicos”, la cual busca brindar información a los diferentes actores de Bagua y Condocarqui (Amazonas), Satipo (Junín), Lamas (San Martín) y Napo (Loreto), con el objetivo de generar un clima favorable para la intervención y transformación de los conflictos y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.

Este Segundo Informe es una publicación de análisis y síntesis de los procesos de incidencia impulsados por las organizaciones indígenas en la defensa de sus derechos colectivos; a su vez, presenta un balance de los conflictos socioambientales que vienen ocurriendo en las zonas de trabajo del proyecto. Como reporta la Defensoría del Pueblo, desde el 2006 existen 68 casos de conflictos que involucran a pueblos y organizaciones indígenas. La demanda central es la necesidad de realizar procesos de consulta previa para actividades o proyectos que afecten sus modos de vida y sus derechos colectivos, siendo la característica común la ausencia de mecanismos de consulta previa para el otorgamiento de concesiones extractivas, la contaminación del territorio por la actividad petrolera o minera, la falta de titulación de tierras, el ordenamiento y el saneamiento de los territorios indígenas.

Entre los casos de contaminación, el informe resalta el caso de la comunidad Shawit, en Amazonas, donde se produjo una fisura en el Oleoducto Nor-Peruano afectando, con un derrame de petróleo, las quebradas Suwants y Chiagkus; se registraron casos de fiebre y dolores estomacales en algunos pobladores luego del derrame. Otro caso preocupante es el de la contaminación del río Napo, en Loreto, que ha alertado al pueblo Kichwa, para lo cual se realizó un estudio que confirmó la presencia de mercurio en 125 personas de las comunidades de San Fernando, San Jorge, Rango Isla y San Rafael.

El informe concluye que las propuestas de ordenanzas regionales de consulta previa buscan efectivizar la Ley de Consulta y su reglamentación, aportando en la descentralización y convirtiendo al espacio regional en un espacio de debate e incidencia de las organizaciones en la búsqueda de reconocimiento de sus derechos.

Puede leer el documento completo “Mitigación de Conflictos y Desarrollo de la Amazonía” a continuación.

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