Sector académico considera el Acuerdo de Escazú como un triunfo colectivo sin precedentes para la región

Foto: Thomas Müller / SPDAEn una declaración sin precedentes, la Red Latinoamericana de Clínicas Jurídicas Ambientales pidió a los países de la región a sumarse a la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú. Esto se dio durante el I Congreso Regional de Clínicas Jurídicas: “De la calle a los tribunales: la realidad de la educación clínica en América Latina”, que se realizó del 8 al 10 de agosto en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

El documento firmado por representantes de 17 universidades de Colombia, Chile, Brasil y Perú califica al Acuerdo de Escazú como un «triunfo colectivo sin precedentes para la región», ya que no solo incorpora medidas en temas ambientales, sino que es el primer convenio internacional en establecer expresas sobre la protección de los defensores ambientales.

«Realizamos un llamado urgente a adoptar medidas eficaces para proteger a nuestros defensores y defensoras ambientales quienes luchan por los derechos humanos, la tierra y el ambiente sano y que son amenazados, arrestados, intimidades y/o asesinados en un contexto que convierte a América Latina y el Caribe en la región más peligrosa del mundo para ejercer esta labor», detalla el documento.

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“El Acuerdo de Escazú es crucial, porque la responsabilidad en el mejoramiento del desempeño ambiental es de todos. No podemos alcanzar las condiciones de sostenibilidad ambiental y de desarrollo sostenible si es que no asumimos conscientemente nuestro rol y tareas”, señala Mariano Castro, docente de la Clínica Jurídica Ambiental de la PUCP.

Asegura que el acuerdo se vuelve igual de relevante al Convenio de Aarhus –Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente–, adoptado en otras regiones del mundo en 1998. «(El acuerdo de Escazú) es el primero adoptado en América Latina que responde a sus propias necesidades y prioridades. Constituye una herramienta importante de cambio y de involucramiento de las diversas partes en condiciones ambientales, en mecanismos de acceso a la información y justicia ambiental”, señaló Castro.

Por su lado, Valentina Durán, directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, lo califica de histórico por la participación activa y abierta del público durante su negociación. “Su entrada en vigencia permitirá que cada país establezca planes de implementación para el efectivo ejercicio de estos derechos esenciales para el desarrollo sostenible y para que no quede nadie atrás en el camino al desarrollo”, explicó.

Para Lina Muñoz Ávila, directora de la Maestría en Derecho y Gestión Ambiental de la Universidad del Rosario (Colombia), el Acuerdo de Escazú ayudará a reducir los conflictos ambientales en América Latina. «Gran parte (de los conflictos) se generan por falta de información adecuada, la ausencia de mecanismos y espacios de participación apropiados y por la dificultad de materializar acciones, instancias y decisiones en materia de justicia ambiental», señala Lina Muñoz, cuya hipótesis parte del trabajo académico como investigadora que viene realizando.

Agentes de cambio

Las clínicas jurídicas ambientales de Colombia, Chile, Brasil y Perú, que participaron en este primer encuentro acordaron crear la Alianza de Clínicas Jurídicas Ambientales con el objetivo de impulsar la educación clínica en materia ambiental. Estos espacios buscan contribuir a facilitar el acceso a la justicia al ofrecer asesoría jurídica gratuita en asuntos relacionados con el ambiente, así como a la formación de futuros abogados en el desarrollo de competencias con sentido de interés público, con la finalidad de eliminar barreras al acceso a la justicia ambiental que enfrentan las personas más vulnerables de la región.

“Al prestar asesoría jurídica y técnica a comunidades y personas afectadas por la degradación ambiental, los equipos clínicos constatamos día a día las importantes barreras al ejercicio de estos derechos que, a pesar de los avances, siguen existiendo en todos los países, en distintos grados. Las clínicas jurídicas ambientales buscan abrir espacios de participación democrática y defensa de los derechos individuales y colectivos, para promover y cuidar el estado de derecho y la construcción de sociedades justas y pacíficas, que son partes esenciales del desarrollo sostenible”, detalló Durán, quien se desempeña también como docente del curso clínico de derecho ambiental y resolución de conflictos de la Universidad de Chile.

Como se recuerda, a finales de julio el Ministerio de Relaciones Exteriores remitió al Congreso de la República un informe que recoge las opiniones de la Defensoría del Pueblo, Poder Judicial, Ministerio Público, así como de 10 ministerios, vinculado al Acuerdo de Escazú. En él se recomienda su debate en pleno. El acuerdo solo ha sido ratificado en Guyana, mientras que Bolivia y Uruguay se encuentran en la etapa final del proceso. Se espera que otros 8 países lo ratifiquen para que pueda entrar en vigencia.

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental presenta 7 razones del porqué el Perú debe ratificar el Acuerdo de Escazú: