En su discurso por 28 de julio, el presidente Martín Vizcarra destacó como una de las principales medidas para reactivar la economía y generar empleo a través de la inversión pública al programa “Arranca Perú”. Esta iniciativa está sustentada en el Decreto de Urgencia 070-2020, que asigna alrededor de 6 mil 400 millones de soles a diversos organismos del Estado.
Mediante el “Decreto de Urgencia para la reactivación económica y atención de la población a través de la inversión pública y gasto corriente, ante la Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19”, se asigna poco más del 60% del monto total (alrededor de 3 897 millones de soles) al sector Transportes y Comunicaciones para el mantenimiento de las redes viales nacionales y vecinales. Con esta medida se espera generar 570 mil puestos de trabajo.
“La reactivación es un objetivo nacional. No hay salud sin economía y no hay economía sin salud, por eso este es un trabajo en el que están comprometidos el sector público y privado, con estabilidad jurídica, confianza y reglas claras. Por ello hemos puesto en marcha el programa “Arranca Perú”, para ejecutar obras de infraestructura y generar más de 1 millón de puesto de trabajo en todo el país, que se darán a partir del segundo semestre de este año”, sostuvo el presidente Vizcarra.
“Las políticas de este programa a implementarse tienen como pilares la generación y recuperación de empleos, obras que beneficiarán directamente a los ciudadanos y le darán un nuevo impulso a la inversión pública. En el sector Transportes y Comunicaciones, el programa contempla una ambiciosa inversión de 3 897 millones de soles para el mantenimiento de 11 790 kilómetros de vías nacionales y 48 858 kilómetros de caminos vecinales, para lo cual, en tiempo récord, las 190 municipalidades provinciales van a convocar a los procesos para adjudicar los tramos de carreteras bajo su jurisdicción. Esta inversión permitirá generar más de 570 mil empleos y entregar vías de comunicación de primer nivel para los peruanos, en especial, de los pueblos más alejados y recónditos del país, donde antes la presencia del Estado era casi inexistente”, mencionó luego el mandatario.
A los sectores de Vivienda, Agricultura y Trabajo le corresponden montos significativamente menores: 1 472 millones, 373 millones y 694 millones. Los puestos de trabajo que generarían serían de 57 079, 76 555 y 226 070, respectivamente.
Una medida necesaria pero hay que estar atentos a cómo se implementa
Loreto ha sido una de las regiones más afectadas por la pandemia debido a la cantidad de contagios, fallecidos y por una economía que dependía mucho del trabajo día a día. Federico Contreras, abogado de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) en Iquitos, señaló: “La pandemia en Loreto ha creado un escenario muy complicado pues ha generado muchas necesidades en la población, por la lucha contra la enfermedad y su tratamiento, y por el impacto económico que viven a diario, resultando prioritario que la reactivación económica en los sectores permita encender los motores del desarrollo”.
Sin embargo, considerando que realizar obras de mantenimiento en redes viales puede generar problemas ambientales, agregó el abogado Contreras: “El Gobierno regional en Loreto viene promoviendo en los últimos tiempos la reactivación económica, siendo su prioridad el sector forestal y de habilitación de infraestructura lo que, por ejemplo, ha hecho que se comprometan con la habilitación de 100 km de trocha carrozable en la provincia de Putumayo, permitiendo generar puestos inmediatos de trabajo. Sin embargo, este tipo de actividades muchas veces se ven ligadas a incumplimientos de lineamientos ambientales, que no permite una gestión ambiental del territorio. No debe tomarse la prioridad de reactivar la economía para dejar de lado el cumplimiento de condiciones ambientales. El trabajo de apertura de 100 km de trocha carrozable debe hacerse cumpliendo con la autorización de desbosque otorgada por la autoridad forestal respectiva, que permita visibilizar los impactos ambientales y estos puedan ser minimizados, restaurados o compensados”.
Una mirada atenta a la ejecución
Las reservas a cómo se ejecuten las obras de mantenimiento a las redes viales nacionales y vecinales en el país, señaladas por el abogado Contreras, resultan válidas y son compartidas por Carol Mora, Directora del Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), quien refiriéndose a cómo se han venido realizando algunas obras de infraestructura vial en la Amazonía, indicó que «nos parece indispensable que se busque reactivar la economía destinando fondos del Estado para la ejecución de obras a lo largo del país. Sin embargo, debemos estar atentos a cómo se desarrollan estos trabajos. En la SPDA hemos realizado investigaciones sobre proyectos de infraestructura vial que se han desarrollado en los últimos años, fuera del estado de emergencia, y varias de estas obras no cumplían con todos los estándares ambientales indispensables para su ejecución. Por ejemplo, basta mencionar la carretera entre Yurimaguas y Jeberos, en Loreto. Desde la SPDA nos mantendremos alerta por la buena ejecución de esta iniciativa».
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