• La semana pasada fue aprobado el V Plan de Acción de Gobierno Abierto 2023-2024 mediante Decreto Supremo 033-2023-PCM.
• El año pasado se realizó la consulta pública para elegir los temas del Plan de Acción de Gobierno Abierto de este periodo.

El quinto Plan de Acción de Gobierno Abierto (V PAGA) fue diseñado e implementado desde la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de una metodología participativa y descentralizada, donde participaron las entidades públicas, organizaciones de la sociedad civil, sector privado, academia y la ciudadanía en general. Como resultado el actual plan contiene 13 compromisos en los siguientes temas: salud, educación, ambiente e industrias extractivas, seguridad ciudadana, justicia abierta y parlamento abierto.

¿Qué es el Plan de Acción de Gobierno Abierto?

Cada dos años, se diseña un Plan de Acción de Gobierno Abierto (PAGA) que describe aquellas acciones y proyectos que se implementarán y ejecutarán para lograr ser un Estado abierto y transparente.

Así, a través de Planes de Acción de Gobierno Abierto se definen de manera participativa los compromisos del Estado peruano para promover esta materia como parte del proceso de modernización de la gestión pública. La finalidad de estas intervenciones es mejorar los niveles de transparencia mediante la apertura de datos que facilite la rendición de cuentas y el ejercicio del control y la participación social en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, favoreciendo de esta manera espacios de colaboración entre las entidades públicas y la sociedad civil.

El Estado peruano viene implementando a la fecha cuatro Planes de Acción de Gobierno Abierto, por lo que el presente documento, renueva esta disposición de continuar dotando a la administración pública de prácticas que promuevan estos principios.

[Lee el V Plan de Acción de Gobierno Abierto 2023-2024]

La importancia de la transparencia y participación ciudadana para la gobernanza ambiental

La transparencia y la participación pública son fundamentos clave para la gobernanza y democracia ambiental. Ambos aseguran que haya un proceso de toma de decisiones eficiente y legítimo sobre la gestión de recursos naturales, permitiendo así la consideración asertiva de las decisiones de la ciudadanía, sus visiones y conocimientos. Es preciso indicar, además, que ambos son derechos instrumentales que aseguran el ejercicio de los demás derechos humanos ambientales como el derecho a contar con un ambiente sano y equilibrado.

Así, la Alianza por el Gobierno Abierto (Open Government Partnership – OGP, por sus siglas en inglés), los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI por sus siglas en inglés) y el Acuerdo de Escazú son espacios estratégicos que proporcionan mejores estándares que fortalecen la transparencia de la información y garantizan la participación de la ciudadanía al darle un rol protagónico, activo y vigilante, para así contribuir al desarrollo sostenible y fortalecimiento de la confianza en el Estado.

Pámela Ramírez, especialista legal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), pone énfasis y destaca “Estos cuatro espacios deben sumar sinergias por los muchos elementos en común que tienen entre ellos, además de las coincidencias entre sus planes y agendas. En el Perú, mientras OGP acaba de aprobar un nuevo Plan de Acción que representa un compromiso asumido con el país, el Acuerdo de Escazú aún continúa en el archivo y a la espera de que el Poder Ejecutivo inicie una nueva discusión para adherirnos e iniciar su implementación”.

Datos:

• La Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) es una comunidad de más de 70 países, entre los que se encuentra el Perú desde el año 2011, que busca aplicar principios y prácticas para promover la transparencia y el acceso a la información, así como la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la integridad pública en favor de un Estado moderno al servicio de la ciudadanía.
• El Acuerdo de Escazú es un tratado internacional ambiental que tiene como fin fortalecer los derechos de acceso a la información, participación ciudadana y justicia ambiental, y además busca proteger a los defensores ambientales. El Perú suscribió dicho acuerdo en el 2018, pero para completar su adhesión tiene que ser ratificado por el Congreso, pero esta institución lo ha rechazado en dos ocasiones.