Con el objetivo de coordinar acciones sobre deforestación, tráfico de fauna silvestre y de especies no maderables, así como apoyar la lucha contra la tala ilegal y el comercio asociado, en San Martín se instalará la Mesa Regional de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre.
La mesa regional forma parte del Sistema Nacional de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre (SNCVFFS) conformado por 10 instituciones públicas de alcance nacional y los gobiernos regionales, que tiene como coordinador al Serfor del Ministerio de Agricultura y Riego, por ser el ente rector.
En la instalación, que se realizará mañana viernes, participarán las 10 instituciones de alcance nacional y autoridades de la región San Martín, todas ellas integrantes del SNCVFFS, a fin de fortalecer una mejor articulación y coordinación de trabajo entre instituciones nacionales, regionales y locales, incluida la sociedad civil.
Serfor, con el apoyo de la cooperación internacional (Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Declaración Conjunta de Intención), implementan la Unidad de Monitoreo Satelital para obtener reportes y análisis de cambio de uso e incendios forestales que será de utilidad para el trabajo del SNCVFFS.
Según reportes del Ministerio del Ambiente y Serfor, del 2000 al 2015, San Martín registró un acumulado de pérdida de bosque de 382 mil hectáreas, que constituye el mayor departamento amazónico con áreas deforestadas, aunque su tasa muestra un descenso, por ello, la mesa regional de control y vigilancia forestal y de fauna silvestre cumplirá un importante rol.
Además, San Martín es el departamento que mayor avance tiene en la implementación de la zonificación forestal, que permitirá establecer sus áreas para uso productivo y de conservación.
DATO:
El SNCVFFS es parte del Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (SINAFOR) establecida por la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, encargada de optimizar la coordinación y apoyo entre instituciones del Estado, de distintos niveles de gobierno y sociedad civil para las acciones de control y vigilancia.
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