Mediante un pronunciamiento, un grupo de organizaciones solicitó a los líderes participantes en la Cumbre Río+20, tomar acuerdos orientados a la conservación de la Amazonía y defenderla de los impactos negativos generados por la construcción de centrales hidroeléctricas.
Como se sabe, actualmente existen diversos proyectos hidroeléctricos en la Amazonía, los cuales han recibido innumerables críticas debido a su impacto socioambiental, ya que no sólo inundarían grandes extensiones de bosques, sino que además desplazarían a miles de personas, principalmente a pobladores indígenas.
“La construcción de represas ha generado el desplazamiento de aproximadamente 80 millones de personas en el mundo. La mayoría de los y los desplazados ha empeorado sus condiciones de vida y en muchas ocasiones fueron movilizados en contra de su voluntad, vulnerando así sus derechos”, indicaron las organizaciones.
“Estos proyectos generan un conjunto de impactos ambientales como alteraciones climáticas, producción de gases de efecto invernadero, inundación de grandes áreas de tierras fértiles, destrucción e inundación de bosques, alteraciones del ciclo de vida de los ríos, pérdida de biodiversidad y fragmentación de ecosistemas, entre otros”, agregaron.
Por ello, las organizaciones solicitaron “planificar el desarrollo energético de forma participativa considerando las necesidades reales de la población, brindando una especial atención a promover desde las políticas de gobierno la eficiencia energética”.
Asimismo, pidieron “realizar un análisis costo-beneficio para cada proyecto, en los que se incluyan los costos ambientales y sociales de la construcción de las hidroeléctricas, considerando sus impactos no sólo en la zona de influencia directa si no en toda la cuenca afectada”.
Para el caso del Perú, consideraron necesario “priorizar las inversiones de hidroeléctricas en la Cuenca del Pacífico y por encima de los 1000 metros en los Andes vs. las inversiones de hidroeléctricas en la Amazonía”.
Finalmente, solicitaron garantizar la transparencia, acceso a la información adecuada y oportuna, y participación ciudadana en cada una de las etapas de los proyectos de generación hidroeléctrica y de transmisión eléctrica asociada.
“Si bien un desafío emergente en las sociedades amazónicas es el acceso a la electricidad, este problema no necesariamente se resuelve con megaproyectos, sino con una distribución más equitativa y reciproca de la energía; así como, con la implementación de políticas, programas y mecanismos de eficiencia energética tanto en su generación como en su empleo por los diversos sectores, con planificación, transparencia y participación de todos los actores involucrados”, concluyeron.
Las organizaciones firmantes del pronunciamiento fueron la Fundación Peruana para la Conservación de Naturaleza (ProNaturaleza), Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Servicios Educativos Rurales (SER), Centro de Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (CSA-UPCH), Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Fórum Solidaridad Perú e International Rivers.
Ver pronunciamiento aquí.
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