Foto: Conservamos por Naturaleza

• Propuesta presentada por Edhit Julón (Alianza Para el Progreso) busca derogar la ley que tiene como objetivo regular todas las fuentes de contaminación lumínica en el país, mejorar la calidad de vida de las personas y proteger la flora  y fauna silvestre.

En sesión de Comisión Permanente, el Congreso de la República aprobó -con 13 votos a favor, 12 en contra y una abstención- una cuestión previa para que el Proyecto de Ley 7390/2023-CR, que propone derogar la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Lumínica, vuelva a la Comisión de Economía.

La cuestión previa, presentada por la congresista Ruth Luque (Juntos por el Perú), fue aprobada con 13 votos a favor, 12 en contra y una abstención. Por lo tanto, el proyecto de ley no será debatido en esta instancia y retornará a la mencionada comisión para su evaluación.

El Proyecto de Ley 7390/2023-CR, presentado por la congresista Edhit Julón de la bancada Alianza Para el Progreso, busca derogar la ley que tiene como objetivo regular todas las fuentes de contaminación lumínica en el país, mejorar la calidad de vida de las personas y proteger tanto la flora como la fauna silvestre. Esta norma fue aprobada en 2021. 

Esta ley fomenta el uso sostenible de la luz artificial a través de acciones preventivas, promueve la eficiencia energética y mejora la seguridad vial para peatones y conductores. Sin embargo, su reglamento todavía no ha sido aprobado, por lo que aún no puede implementarse.

El objetivo original de la norma se aleja con la propuesta de la congresista Julón, denominada “Ley que promueve la reactivación económica de la industria de publicidad exterior”, porque pretende eliminar la normativa actual contra la contaminación lumínica y modificar el plazo de vigencia de la autorización para los elementos de publicidad exterior, proponiendo que sea indefinido.

Dato:

• La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso ya se había manifestado en contra de las autorizaciones indefinidas, argumentando que dicha modificación “no guarda coherencia con la finalidad de la ley”.