Representantes de la región aclaran dudas al Congreso sobre el Acuerdo de Escazú

Foto: Andina

En un pronunciamiento dirigido a la Mesa Directiva del Congreso de la República, representantes públicos de la sociedad civil recuerdan además que Perú lideró el proceso de negociación y piden que el acuerdo sea ratificado.

Con el fin explicar los verdaderos alcances del Acuerdo de Escazú y resolver las dudas generadas en las últimas semanas en torno a este tema, los representantes electos del público ante el Comité de Negociación de dicho acuerdo, enviaron un pronunciamiento dirigido a la Mesa Directiva del Congreso de la República del Perú, liderada por Manuel Merino de Lama.

El resalta que Acuerdo de Escazú «es el primer instrumento vinculante regional en materia ambiental y representa el mayor avance del multilateralismo y la democracia ambiental en América Latina y el Caribe en las últimas décadas» y «su foco principal es proteger y salvaguardar los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad, buscando para ello remover las barreras que impiden el ejercicio de los derechos de acceso, para que puedan ser realizados en condiciones de igualdad».

Los representantes también señalan que se trata del «primer acuerdo de carácter vinculante a nivel mundial que establece claras garantías para la protección de defensores de derechos humanos en temas ambientales, y que resulta fundamental en una región del planeta sumamente riesgosa para el ejercicio de estas actividades».

Asimismo, aclara que este tratado «ha sido el fruto de una extensa y ponderada negociación entre los países de la región, y desarrolla los principios internacional y nacionalmente adoptados desde la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo».

Escazú no vulnera la soberanía

Respecto a las afirmaciones en torno a la supuesta pérdida de la soberanía territorial, el documento señala que el Acuerdo de Escazú no aborda la regulación sobre los recursos naturales de los países, ni sobre sus territorios, por ser esta una materia ajena al tratado.

Por otro lado, en el tema de los conflictos internos, aclara que el acuerdo «tampoco tiene como objetivo la judicialización de los conflictos internos a instancias supranacionales, sino que busca que el derecho de acceso a la justicia a nivel nacional se fortalezca, facilitando su acceso y favoreciendo incluso los mecanismos alternativos de resolución de conflictos y los órganos creados».

Por último, resalta que la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú «es una oportunidad histórica para que los países de América Latina y el Caribe demuestren su compromiso real con un modelo de desarrollo sostenible», además es una herramienta que puede contribuir con la disminución de los conflictos socioambientales, y un instrumento que reforzará la lucha contra la corrupción y el avance en la transparencia.

Finalmente, reconoce al Perú «por su liderazgo internacional y multilateral en este proceso. Fue uno de los impulsores del acuerdo como miembro de la Mesa Directiva que llevó adelante el Comité de Negociación, con Chile y Costa Rica como copresidentes» y, en ese sentido, hizo un llamado al Congreso peruano «para continuar esta trayectoria de liderazgo y ratificar de manera expedita el Acuerdo de Escazú».

[Ver además ► Diez mitos y verdades sobre el Acuerdo de Escazú: democracia y defensores ambientales]

El documento está firmado por Andrea Sanhueza, representante electa del público para el Convenio de Escazú (Chile); Andrés Nápoli, representante electo del público para el Convenio de Escazú y director ejecutivo de FARN (Argentina); Natalia Gómez, representante electa del público para el Convenio de Escazú y Network Engagement Officer en Civicus (Colombia); y Tomás Severino, representante electo del público para el Convenio de Escazú y director ejecutivo Cultura Ecológica (México).