Pasivos mineros de Tamboraque. Foto: SPDA

• Informe de CooperAcción revela que existen varios casos donde los pasivos ambientales no son remediados oportunamente por las empresas mineras.
• La falta de compromiso del Estado pone en riesgo la salud de todos los ciudadanos.

Por Ximena Mejía / xmejia@spda.org.pe

Han pasado más de 30 días desde que un camión de la empresa Wari Service S.A.C. se accidentó en Canta y derramó 34 toneladas de concentrado de zinc, que eran propiedad de la compañía Volcan, en el cauce del río Chillón. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAAM), dispuso que la compañía tendrá hasta el 15 de agosto para restablecer la zona afectada.

A raíz de este nuevo episodio de contaminación, CooperAcción realizó un análisis sobre otros tres casos emblemáticos donde la actividad minera pone en riesgo la salud de las personas al amenazar con contaminar la cuenca de los ríos. 

Actualidad Ambiental conversó con Paul Maquet, del Programa de Investigación e Incidencia de dicha organización, para conocer más detalles sobre este reporte y qué soluciones se pueden aplicar para mitigar los daños frente a un futuro escenario de contaminación. 

«Los pasivos ambientales pueden estar 500 u 800 años dependiendo de sus características. Ante un fenómeno natural como un sismo de gran magnitud o una lluvia intensa puede generar que los relaves tóxicos, acumulados históricamente, caigan sobre el río causando un desastre que afecta a la población que vive alrededor», explicó. 

CooperAcción resalta el caso de los relaves de la Compañía Minera Huampar, que amenazan las cuencas del valle de Santa Eulalia y del río Rímac. La Autoridad Nacional del Agua (ANA) informó que el pasivo ambiental que existe en la zona es producto de un relleno de material de relave por actividades mineras que se desarrollaron años atrás. La compañía dejó de operar hace 30 años. 

Algo similar ocurre en la ladera del cerro Tamboraque ubicado en el distrito de San Mateo, en la provincia limeña de Huarochirí. Una disputa legal ha ocasionado que 140 mil toneladas de desechos mineros no sean trasladados. Los depósitos de relave pertenecen a la mina Coricancha, que operaba la compañía San Juan desde los años 50. 

«Osinergmin solicitó el traspaso de los relaves en su momento pero la empresa apeló y luego de varios años inició el traslado pero luego volvió a presentar otro recurso, y faltando el traslado del 40 % del material ahora se encuentra paralizado. Esto inició en el 2010 y todavía no se termina de solucionar», señaló Maquet. 

Por otro lado, en Junín, la concesión del proyecto minero Ariana se superpone al sistema hídrico de Marcapomacocha y se ubica a 500 metros de distancia del túnel trasandino por el que pasa aproximadamente el 60 % del agua que abastece a Lima y El Callao.

En el 2019, un grupo de ciudadanos interpuso una demanda legal contra la mina por representar un riesgo para el abastecimiento de agua potable para la capital del país. Sedapal solicitó ser incluido en el proceso judicial en el 2021, pero a la fecha CooperAcción resalta que solo se han realizado tres audiencias y todavía no hay sentencia.

De acuerdo con la Ley 28271, Ley de Pasivos Ambientales Mineros, le corresponde al Ministerio de Energía y Minas (Minem) identificar a los responsables de las operaciones mineras que abandonaron los depósitos de residuos así como identificar a los titulares de la concesión minera que arrastra pasivos ambientales. La Dirección General de Minería (DGM) junto con la DGAAM son las entidades que conducen las acciones para el manejo de estos pasivos mineros.

Para Paul Maquet, pese a existir un registro de estos pasivos ambientales, las empresas mineras no terminan por completar las remediaciones necesarias y lo mismo puede ocurrir ahora en Canta.

«Sabemos que están y esperamos que no pase nada porque el Estado no está investido de las atribuciones para hacer ejecutar -en corto plazo- sus propias órdenes. Las empresas pueden arrastrar estos procesos durante años y puede que no se terminen de ejecutar las remediaciones que se indican». 

Para el especialista, el uso de fideicomisos ambientales pueden funcionar como una suerte de «seguro», para que este fondo de dinero sea utilizado para los procesos de remediación. 

El informe completo de CooperAcción puede ser descargado en este enlace.

🔴#EnEmergencia | Conoce las cuencas de #Lima y Callao en peligro ⚠️ por derrames de metales tóxicos y relaves mineros. pic.twitter.com/QG1iyBowKf

— CooperAccion (@CooperAccionPER) June 30, 2022