• Según OXFAM, desde 1997 hasta el primer trimestre de 2021, se han derramado 87 370 barriles de productos asociados a hidrocarburos, y hubo fugas de más de 10 mil millones de pies cúbicos de gas a nivel nacional.
• La Relatoría de Derechos Económicos Culturales y Ambientales de la CIDH, Soledad García Muñoz, emitirá recomendaciones al Estado peruano para atender oportunamente las zonas impactadas por derrames de petróleo.

 

El pasado 10 y 11 de octubre, la relatora de Derechos Económicos, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Soledad García Muñoz, se reunió con más de veinte organizaciones indígenas y de pescadores afectadas por los derrames petroleros ocurridos en los últimos años, con el fin de escucharlos y registrar las demandas más urgentes.

En esta visita, Soledad García hizo resaltó la responsabilidad corporativa que deben asumir las compañías petroleras y exhortó al Estado peruano a cumplir con su obligación de garantizar que el desarrollo no vaya en contra de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de la ciudadanía.

“Estos (derrames) se han convertido en parte del paisaje local. En 25 años, han ocurrido más de mil derrames. Si calculamos un promedio, en Perú ocurren 40 derrames al año, una cifra preocupante con graves consecuencias en los derechos y la calidad de vida de amplios sectores de población, como en sus ecosistemas. En cualquier circunstancia, consideramos que estos desastres ecológicos requieren una atención prioritaria desde un enfoque de derechos humanos (…) para responder a un problema que se ha vuelto estructural”, puntualizó la relatora.

Además, enfatizó que, si bien el Estado adoptó algunas medidas y sanciones, esto aún no es suficiente ya que las “organizaciones, pueblos indígenas y comunidades de pescadores nos han manifestado que el Estado no ha garantizado la reparación adecuada ni la protección” de sus derechos, por lo que actualmente experimentan graves afectaciones a la salud, al agua, alimentación, trabajo digno y seguridad social. Situaciones que se agudizan debido al contexto nacional “marcado por la pobreza, desigualdad y el abandono e inacción estatal frente a la asimetría de poder de las comunidades con las empresas petroleras”.

De la misma forma, resaltó que la CIDH ha tomado nota sobre las denuncias de “estigmatización y criminalización hacia liderazgos indígenas, personas defensoras del ambiente y de quienes se oponen a proyectos extractivos en el país” e hizo un llamado a las autoridades peruanas a garantizar la protección de los defensores medioambientales, así como la investigación y sanción de estos hechos, de la mano con “acciones orientadas a asegurar la debida diligencia en el marco de las actividades empresariales, junto a los derechos de acceso y participación de las comunidades afectadas”

Las reuniones sostenidas por la relatora con diferentes organizaciones se dieron en el marco de la visita de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, liderada por Stuardo Ralón Orellana, vicepresidente de la CIDH.

[Ver además ►En los últimos 24 años se han registrado unos 600 derrames de petróleo en la Amazonía]

Vulneraciones persistentes

Por su parte, las organizaciones indígenas exigieron una auditoría internacional para transparentar los daños causados por los derrames de petróleo en el Oleoducto Norperuano, las falencias del Estado atendiendo estas emergencias y la falta de interés de las empresas extractivas por reparar los daños causados.

El apu Alfonso López, presidente de ACODECOSPAT del pueblo Kukama (río Marañón) y representante de la Plataforma PUINAMUDT, consideró necesario «que el Gobierno pueda intervenir ante los daños que genera la actividad petrolera en nuestras comunidades». Por su parte, Mariluz Canaquiri Murayari, presidenta de la Federación Indígena de Mujeres Kukamas Huaynakana Kamatawarakana base de Onamiap, solicitó que «se declare en emergencia ambiental al distrito de Parinari y se atienda la necesidad de agua y alimentación, los niños y niñas no tienen que tomar y qué comer por el derrame petrolero». Asimismo, Jorge Pérez, presidente de Aidesep, solicitó «una auditoría internacional sobre el Oleoducto Norperuano para evaluar la situación y se compruebe que los pueblos indígenas no son responsables de los derrames petroleros».

A dicho encuentro, también acudieron las asociaciones de pescadores afectadas por el derrame de La Pampilla, quienes acusan a Repsol de no cumplir con las reparaciones prometidas. Según el Padrón Único de Afectados de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Instituto Nacional de Defensa Civil, son diez mil familias perjudicadas.

Hasta el momento, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha logrado identificar 97 sitios impactados por el petróleo, de los cuales 71 continúan afectados. Sin embargo, Miguel Lévano, Coordinador de Programas y Alianzas de Oxfam en Perú, advierte que aún no se cuenta con un balance total sobre las zonas afectadas y que los esfuerzos por remediar los daños ambientales y humanos causados son casi nulos tanto en Ventanilla como en otras zonas a nivel nacional donde también se han registrado derrames.

“Es fundamental que el Estado atienda primero los casos de emergencia que involucran a la población afectada en sus medios de vida, sus fuentes de alimentación y, segundo, realice las reformas normativas e institucionales necesarias para que no se repitan estos derrames. Por ejemplo, no es posible que hasta el momento la comunidad de Cuninico, donde se registró un nuevo derrame en septiembre de este año, no reciba hasta ahora atención humanitaria, es urgente proveerles de agua limpia, alimentos y examinar las afectaciones a su salud (…), en el derrame en las costas de Lima de inicios de año aún no hay información del nivel de impacto, ni una base de afectados y afectadas. Se necesita una reforma para que las emergencias ambientales tengan el mismo nivel de respuesta urgente que los ocasionados por los desastres naturales, que cuenta con un fondo de emergencias. Además, urgen cambios normativos que no permitan a las empresas responsables postergar la remediación ambiental y garantizar la atención a la población que han visto afectados sus derechos”, resaltó Lévano.

La sombra del petróleo

En los últimos 25 años, en Perú se han registrado 1002 derrames de hidrocarburos a nivel nacional. De ellos, 566 se han producido en la selva, 404 en la costa y 5 en la sierra. Es decir, se han derramado aproximadamente unos 87 370.82 barriles de productos de hidrocarburos, a los que ahora hay que sumar los más 15 mil barriles derramados en las costas de Lima y en la Amazonía, lo cual equivale a más de 16 millones de litros de petróleo vertido en territorio nacional, considerando que cada barril contiene un volumen reglamentario de 160 litros. Estas cifras han sido recopiladas en el informe ‘La sombra de los hidrocarburos en el Perú’, de Oxfam y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

De acuerdo al estudio, estos derrames y fugas han impactado en 31 lotes, en los cuales se han identificado 3231 pasivos ambientales de hidrocarburos con riesgos altos y medianos para la salud, la seguridad poblacional y el medio ambiente. Piura (3096), Tumbes (98) y Loreto (14) son las regiones más afectadas por los pasivos de hidrocarburos.

El informe de Oxfam y la CNDDHH revela que casi el total de estos derrames pudieron evitarse, pues el 75 % de los casos se debieron a fallas operativas o corrosión. En otras palabras, fue responsabilidad de las empresas operadoras.

Ante este escenario, la relatora aseguró que la CIDH emitirá un informe con recomendaciones al Estado peruano para que atienda, pronta y oportunamente, las zonas impactadas y amenazadas por los derrames de petróleo, así como a las comunidades que ven sus derechos vulnerados por la contaminación generada. Mientras tanto, la ciudadanía continúa a la espera de que las autoridades y operarias de hidrocarburos tomen acción para atender estos desastres socioecológicos e intentan sobrevivir en un ambiente contaminado que pone en riesgo sus vidas.