Relator de la ONU recorrió zonas contaminadas por actividad petrolera en Andoas. Foto: PUINAMUDT
- El relator de la ONU sobre Desechos Tóxicos y Derechos Humanos escuchó los testimonios de apus y comunidades indígenas mientras recorría las zonas aledañas al Lote 192, en la comunidad de Andoas.
El Lote 192, ubicado en Nuevo Andoas (Loreto), acaba de cumplir 50 años de actividad petrolera. En este tiempo son múltiples las denuncias por parte de las comunidades locales de violaciones a sus derechos, especialmente vinculadas a la contaminación de sus territorios. Por ello, el pasado 22 de febrero, un relator de la ONU visitó la zona para corroborar estas denuncias y evidenciar la situación de las comunidades quechua y achuar.
Marcos Orellana, relator de la ONU sobre Desechos Tóxicos y Derechos Humanos, acompañado de monitores ambientales, recorrió Iscamaño, Titiyacu y Nuevo Andoas mientras escuchaba los testimonios de las comunidades, corroborando de primera mano los daños ambientales que denuncian las comunidades. En Iscamaño, por ejemplo, con solo remover superficialmente la tierra se pudo evidenciar la presencia de petróleo.
“A nosotros nos dejan cada vez más contaminados, por eso ya no tenemos dónde pescar”, fue el reclamo de Gilberto Sandi, apu de la comunidad de Nuevo Andoas, según información publicada por el Observatorio Petrolero PUINAMUDT.
El relator de la ONU también visitó la posta de la comunidad a fin de verificar las condiciones en la que opera dicho centro médico. Guiado por el técnico de salud de la comunidad, observó el mal estado en que se encuentra la infraestructura y pudo comprobar la falta de recursos. Paredes con moho, un techo con muchos desperfectos y una sala de partos sin camilla funcional fueron algunas de las deficiencias que más resaltaron.
En su visita a la posta de Nuevo Andoas, el relator comprobó el estado crítico de este centro de salud. Foto: PUINAMUDT
Como parte de su visita, el relator también sostuvo una reunión con los presidentes de federaciones de la zona, quienes le solicitaron incidir y presionar al Gobierno para que “corresponda a los acuerdos de la Consulta Previa y garantice la sostenibilidad social y ambiental de cualquier proyecto extractivo a futuro”.
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