“¿Perú es un lugar seguro para los defensores de derechos humanos? Hay esfuerzos, pero un gran número de defensores de derechos humanos y pueblos indígenas no pueden actuar en un entorno seguro y propicio”, dijo a modo de resumen Michel Forst, relator especial sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos de la ONU, quien ha pasado las últimas dos semanas recorriendo las zonas del país donde se registra la mayor cantidad de conflictos para recoger el testimonio de 475 defensores ambientales y analizar el escenario en el que se desenvuelven.

Según el informe presentado por el relator especial de la ONU, que reunió testimonios recogidos en Cajamarca, Piura, Cusco, Ucayali y Madre de Dios, los problemas a los que tienen que hacerle frente los defensores ambientales en el Perú son una creciente criminalización y estigmatización, acoso judicial, amenazas, ataques, intimidación y uso excesivo de la fuerza policial durante las protestas sociales.

También se señala como otros problemas la falta de acceso a la justicia, la falta de ejecución de sentencias, la poco efectiva protección de la Policía y del sistema judicial, la corrupción, el conflicto de intereses de la Policía por los convenios con empresas privadas, el problema de la titulación de territorios de comunidades nativas.

Estas situaciones afectan más a las personas defensoras de derechos humanos que protegen la tierra, los recursos naturales y los derechos de los pueblos indígenas, recalcó el especialista.

“La creciente presión sobre los recursos naturales hace que los defensores y defensoras de derechos humanos corran un gran riesgo de ser afectados por agentes no estatales, como empresas y redes delictivas. Celebro la adopción del protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos, las medidas adoptadas para ratificar el Acuerdo de Escazú y el Plan Nacional de Derechos Humanos. Se trata de iniciativas muy positivas. Aliento al Gobierno a que asigne recursos humanos y financieros adecuados y que asegure la plena participación de las instituciones estatales y regionales en su aplicación”, dijo Michel Forst.

“En las zonas rurales, los conflictos sociales y ambientales están intrínsecamente vinculados a patrones sistémicos de discriminación y a modelos de explotación de recursos naturales no sostenibles, a costa de los derechos de las comunidades afectadas y del medio ambiente. La falta de consultas previas efectivas, la corrupción y el papel de los actores informales y criminales son un caldo de cultivo para los conflictos sociales y la destrucción del medio ambiente”, agregó el experto.

“La visita del relator Forst a nuestro país permite hacer visible la importancia de continuar trabajando en la política y mecanismos para la protección de los defensores y defensoras, así como a la necesidad de poner atención sobre las actividades que generan situaciones de riesgo para ellos, como la tala y la minería ilegal. En el caso de Madre de Dios, el hilo conductor en los diálogos con defensores fue la minería ilegal, lo cual muestra cuán importante es fortalecer y continuar los esfuerzos del Estado para combatir dicha actividad ilegal en la región», indicó Luisa Ríos, coordinadora de la Oficina de Madre de Dios de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

Falta de reconocimiento y estigmatización

El relator especial de la ONU destacó que desde el Estado no se valora el rol que desempeñan los defensores ambientales y que el sector empresarial, en medio de los conflictos, suele estigmatizarlos. “Hay una clara falta de reconocimiento público de las instituciones estatales, regionales y municipales del importante papel que juegan las personas defensoras y su contribución a la sociedad. Además, las defensoras y defensores, y en particular las personas defensoras de los derechos del medio ambiente y de los pueblos indígenas, son estigmatizadas como delincuentes por los medios de comunicación y otros agentes no estatales. Durante mi reunión con el sector empresarial, me sorprendió el uso de dos videos – para generalizar y presentar a las personas defensoras de los derechos humanos del medio ambiente como personas manipuladas por sus abogados y asesores, quienes fueron mostrados como delincuentes y terroristas”, señaló Michel Forst.

“Espero que el Congreso recién elegido dé prioridad a ratificar el Acuerdo de Escazú”

En otro momento, el relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos recalcó la importancia de que el Congreso peruano ratifique el Acuerdo de Escazú. “Aplaudo el compromiso político del Gobierno del Perú y los pasos que ha dado para la ratificación del Acuerdo de Escazú. El 2 de agosto de 2019, el proyecto de ley de ratificación fue enviado al Congreso. Espero que el Congreso recién elegido dé prioridad a este asunto, al reanudar sus funciones en marzo de 2020. La ratificación y la aplicación de este histórico tratado sobre el medio ambiente constituirá un gran avance en la protección de las personas defensoras de derechos humanos ambientales en el Perú. Una pronta ratificación del Acuerdo de Escazú colocaría al Perú entre los 11 primeros Estados de la región que ratificaron el acuerdo y que facilitaron su entrada en vigor”, señaló.

Fátima Contreras, abogada del Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), coincidió con la apreciación del relator especial de la ONU sobre el Acuerdo de Escazú y mencionó: “Es pertinente resaltar la ratificación pendiente del Acuerdo de Escazú. Recordemos que este instrumento regional para América Latina y el Caribe fue pionero en incorporar un artículo de reconocimiento a defensores de derechos humanos en asuntos ambientales y en establecer el mandato de crear medidas de protección frente a las amenazas que reciben por sus acciones de defensa. Este Acuerdo fue suscrito en setiembre de 2018 y busca elevar los estándares de aplicación de los derechos de transparencia y acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales, que además son pilares para el fortalecimiento de la democracia. La tarea de ratificar el Acuerdo está en manos del Congreso de la República pues debe ser aprobado en pleno, por lo que debe ser prioridad en la agenda de este nuevo año legislativo. Recordemos que el expediente del Acuerdo contó con la aprobación unánime de 14 autoridades del ejecutivo”.

Recomendaciones

El relator especial sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos de la ONU indicó que el Estado peruano debería adoptar las siguientes medidas:

• Reducir el riesgo que enfrentan las personas defensoras de los derechos humanos en los conflictos sociales:

– garantizando el derecho al consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas de acuerdo con la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, y los procesos de consultas significativas para garantizar la protección y el respeto de los derechos de las comunidades indígenas, según las disposiciones del Convenio 169 de la OIT;

– asegurando el reconocimiento legal de las tierras ancestrales de los pueblos indígenas mediante el otorgamiento y registro de los títulos de propiedad de la tierra; y aumentando los esfuerzos para reparar las consecuencias de la contaminación (pasivos).

• Poner fin a la criminalización imperante de las personas defensoras. También debería implementar una campaña a nivel estatal para promover un cambio en el discurso, que presente a los defensores y defensoras de derechos humanos, incluyendo las mujeres, como actores clave para el bienestar general y agentes de cambio.
• Asegurar la participación pública activa de las defensoras de derechos humanos, incluyendo a las mujeres indígenas y rurales, en el diseño, la aplicación y la evaluación de todas las políticas y protocolos que las afectan a ellas y a sus comunidades.
• Fomentar instituciones públicas fuertes con medidas adecuadas que combatan la corrupción, los conflictos de intereses y uso de influencia indebida. En particular, el Gobierno debería aumentar el presupuesto y los recursos humanos de la Defensoría del Pueblo para incrementar su presencia a nivel regional y local y así ejercer plenamente su nuevo mandato como Mecanismo Nacional de Prevención en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura (OPCAT).
• Modificar las leyes y prácticas pertinentes que permiten declarar estados de emergencia cuando existen conflictos sociales y la privatización de los servicios de seguridad policial que benefician a las empresas privadas, de conformidad con las normas de derechos humanos.
• Combatir la impunidad garantizando investigaciones rápidas y eficaces para enjuiciar y castigar a los responsables de las violaciones cometidas contra las defensoras y defensores de derechos humanos, incluyendo las fuerzas del orden.

NOTA

El informe completo de la visita será presentado en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo del 2021.

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