- Más de 60 organizaciones ambientales, indígenas, centros de investigación y ciudadanos en general se pronunciaron en contra del proyecto de ley que busca promover actividades de hidrocarburos en áreas protegidas con la categoría de más alta restricción.
- Proyecto de ley, elaborado por Perupetro y promocionado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), pretende modificar nueve artículos de la Ley de ANP para reducir estándares ambientales en áreas protegidas.
Según la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), esta propuesta que busca modificar nueve artículos de la Ley de Áreas Naturales Protegidas (Ley 26834) con el fin de recudir estándares ambientales para favorecer al sector hidrocarburos, “es inconstitucional y constituye un retroceso para la institucionalidad ambiental de nuestro país”.
El mismo Minam, tras una evaluación a esta propuesta, señaló que este proyecto de ley es “inviable” y “pondría en riesgo la conservación de los ecosistemas de las áreas naturales protegidas (ANP)”.
Por ello, ante la amenaza que representa esta iniciativa, 62 organizaciones, entre ambientales e indígenas, centros de investigación y ciudadanos en general, firmaron un pronunciamiento que rechaza este proyecto de ley que “debilita la protección de las ANP y pretende modificarlas física y legalmente, al permitir la extracción de recursos renovables y no renovables en áreas de uso indirecto (donde la actual legislación lo prohíbe) y en áreas de uso directo sin excepción”.
“Esta iniciativa legislativa es contradictoria con los compromisos ambientales internacionales asumidos por el Estado peruano, más aún en un contexto de crisis climática y de crisis de biodiversidad, y en el que existe una tendencia global a reducir progresivamente el uso de combustibles fósiles”, indica el pronunciamiento.
“En particular, incumple la obligación internacional del Estado peruano asumida en el marco del Acuerdo de París y del Convenio de Diversidad Biológica, en especial, el recientemente adoptado ‘Marco Mundial Kunming-Montreal de la Biodiversidad Biológica’, cuya emblemática Meta 3 establece el compromiso de todos los países signatarios de conservar al menos el 30 % de las zonas terrestres y marinas al 2030, en especial aquellas zonas de particular importancia para la biodiversidad, como las ANP”, agrega.
Las organizaciones también afirmaron que esta propuesta “debilitaría todo lo alcanzado en materia de conservación y protección de los recursos naturales” y por ello instaron a los poderes Ejecutivo y Legislativo a “reconsiderar el paquete normativo que vienen impulsando, que afectaría principalmente los derechos de los pueblos indígenas -en especial, los que se encuentran en situación de aislamiento y contacto inicial-, los sistemas de gestión y evaluación ambiental, la normativa forestal y del sector minero y ahora el sistema de áreas naturales protegidas”.
El pronunciamiento está firmado por organizaciones como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesdep), Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA), Centro Bartolomé de las Casas (CBC), Conservación Internacional Perú, Instituto del Bien Común (IBC), Sociedad Zoológica de Fráncfort, World Wildlife Fund (WWF), Wildlife Conservation Society (WCS), Oceana, Oxfam, SPDA, entre otros.
Lee y descarga el pronunciamiento:
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