Los ministros de Energía y del Ambiente, Jorge Merino y Manuel Pulgar-Vidal, respectivamente, criticaron y rechazaron las condiciones que Doe Run Perú (DRP) presentó en su plan de restructuración el pasado 29 de marzo para volver a operar el Complejo Metalúrgico de La Oroya.

Según Merino Tafur, ya no es DRP la que está manejando los planteamientos, sino que estos pasaron a ser dirigidos por su matriz Renco de Estados Unidos. En ese sentido, precisó que dicha matriz propone que el Gobierno peruano asuma la responsabilidad y los reclamos de terceros y el costo sin ninguna limitación de las demandas interpuestas contra Renco ante la Corte de Missouri (EE.UU.) por los afectados de la contaminación en La Oroya.

“Renco como propietaria de DRP tiene que definir qué es lo que va hacer y si quiere de verdad operar el complejo metalúrgico debe expresar claramente esa voluntad y no poner condiciones que hacen inviable el plan de reestructuración y el consecuente reinicio de las operaciones del complejo metalúrgico”, indicó Merino a El Comercio.

El ministro reveló también que en el documento remitido a Indecopi y a los miembros de la Junta de Acreedores, DRP ha variado la fecha del reinicio de las operaciones para fines de junio, luego de haber anunciado como plazo el 1 de mayo de este año.

PULGAR-VIDAL: “DOE RUN DEBE CUMPLIR SUS OBLIGACIONES AMBIENTALES”

Respecto a las condiciones de DRP, el titular del Minam, Manuel Pulgar-Vidal, dijo que el Gobierno las rechaza porque la empresa tiene que cumplir sus obligaciones ambientales.

«Esa solicitud de arbitraje es algo que rechazamos tajantemente. DRP tiene obligación de cumplir sus obligaciones ambientales sin estar iniciando procesos judiciales por todos lados», dijo el funcionario.

«Como dijo el propio presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Energía y Minas, exigimos que cumpla con sus obligaciones ambientales (…) Cualquier reestructuración pasa por el cumplimiento de estas exigencias», añadió.

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Foto: Infos