• Capacitación está dirigida a defensores ambientales, representantes de la sociedad civil, pueblos indígenas y ciudadanía en general.

 

Solo entre el 2020 y 2021, siete personas han sido asesinadas por defender sus territorios, recursos naturales y derechos. Frente a esta amenaza latente hacia la vida de las personas defensoras de derechos humanos, es urgente que el Estado busque su protección.

En este contexto, el Ministerio del Ambiente (Minam), a través de la Unidad Funcional de Delitos Ambientales (UNIDA), realizará el primer programa de capacitación sobre mecanismos de protección para las personas defensoras del ambiente, dirigido tanto a defensores ambientales como a representantes de la sociedad civil, pueblos indígenas y ciudadanía en general respecto a los estándares de protección establecidos en el Decreto Supremo 004-2021-MINJUS, que crea el Mecanismo Intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos.

[Lee además ►[Infografía] ¿Qué rol cumplen los defensores y defensoras ambientales?]

El programa, organizado en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Cultura, abordará dos bloques. En el primero la capacitación será sobre los mecanismos a favor de estas personas respecto a los estándares establecidos en el Mecanismo Intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos. En el segundo bloque se presentarán un conjunto de estrategias y prácticas para combatir delitos ambientales.

Cabe resaltar que estas estrategias y prácticas están basadas en la experiencia de entidades públicas y de la sociedad civil. Asimismo, los delitos ambientales que se abordarán son los que más representan una fuente de riesgo para los defensores ambientales, como la minería, la tala, el tráfico de fauna silvestre y la pesca ilegal.

Debido a la situación actual de pandemia, el programa se desarrollará a través de reuniones virtuales en 5 fechas. La primera fecha se realizará el 14 de junio.

Datos:

• El programa contará con la participación del Ministerio de la Producción, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor), la Defensoría del Pueblo, la Sociedad Peruana de Derechos Ambiental (SPDA), Conservación Amazónica (ACCA), y la Procuraduría Especializada en Delitos Ambientales del Minam.

 

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