Con el objetivo de intercambiar ideas y experiencias para contar con una política y legislación de semillas que incluya y represente a los sistemas locales o tradicionales de semilla, el mes pasado se realizó el evento “Las semillas en el Perú: un diálogo sobre el marco político y regulatorio internacional y nacional en el contexto del Sistema Global de Información del TIRFAA”.

El evento contó con la participación de representantes de la Secretaría del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA), el Congreso de la República, el viceministerio de políticas agrarias del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), el Ministerio del Ambiente, el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), el CIP, los representantes de la Asociación de Comunidades del Parque de la Papa y de la sociedad civil.

SEMILLAS Y LOS AGRICULTORES PERUANOS

El 83% de los 3 millones 756 mil peruanos dedicados a la actividad agropecuaria, son pequeños agricultores. De ellos depende la producción de más de la mitad (70%) de los alimentos que consumimos en el país. La conservación de importantes cultivos originarios del Perú, como la papa o el tomate, que hoy en día se encuentran presentes en todo el mundo, se debe a los procesos de cruce y selección que estos pequeños agricultores realizan en sus chacras.

La semilla, principal elemento sobre el cual descansa la producción agraria, es obtenida por los pequeños agricultores a través del intercambio con los miembros de la familia, la comunidad o los vecinos; las ferias de semilla; los mercados locales; las fiestas y celebraciones; las “rutas de semillas”; entre otros mecanismos tradicionales que componen lo que se ha denominado el “sistema informal” de semilla.

¿Por qué informal? Pues porque existe un “sistema formal” de semilla, delimitado por la ley y reglamento de semillas de hace algunos años. Así, mientras el “sistema formal” utiliza un proceso de certificación para garantizar que las semillas de distintos cultivos cumplan con ciertos estándares de calidad y niveles de productividad, en el “sistema informal” la garantía se sustenta en la relación de confianza que el usuario y el proveedor de la semilla mantienen, y que deriva de la propia identidad de las comunidades campesinas.

Según Isabel Lapeña, consultora internacional en el tema, en un escenario ideal, el “sistema formal” de semilla debería responder a las necesidades de todos los agricultores del país; sin embargo, este no es el caso. Las semillas producidas por este sistema no se diseminan ampliamente, (en algunos casos) no responden a las condiciones locales y su precio es inaccesible para un agricultor que, en la mayoría de las veces, se encuentra en situación de pobreza. En pocas palabras, “los sistemas de semilla no satisfacen las necesidades de los pequeños agricultores, básicamente, porque responden a los intereses de las grandes empresas productoras de semillas de cultivos determinados”.

Lo anterior se ve reflejado en el porcentaje de uso de semilla certificada: cultivos industriales como el arroz, el algodón y el maíz amarillo duro presentan porcentajes de uso bastante altos (de 54,25%, 33% y 7,83% respectivamente); por el contrario, en el caso de cultivos tradicionales, como la papa, el porcentaje de uso no llega ni siquiera al 1%.

Tulio Medina, especialista en agrobiodiversidad del Ministerio del Ambiente, indicó que las cifras son un claro reflejo de que el “sistema formal” no está funcionando y que regular los sistemas de semillas del pequeño agricultor es una necesidad. Cuando menos, las exigencias de certificación no deben afectar negativamente las prácticas e intercambio informal que realizan la mayor parte de agricultores del país.

Como ejemplo, las comunidades del Parque de la Papa, participantes en el taller, manifestaron sentirse segregados por un sistema focalizado en el sector privado vinculado a la agroexportación, que no toma en cuenta la realidad de sus sistemas de semillas ni sus leyes consuetudinarias, y solicitaron a las autoridades escuchar sus propuestas e incorporarlas en futuros reglamentos específicos. Los participantes coincidieron que es necesario desarrollar el concepto y las puertas que deja la legislación de semillas para el caso específico de semillas “no certificadas”.

El evento fue organizado por la Asociación ANDES con el apoyo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), en las instalaciones del Centro Internacional de la Papa (CIP).