• Policía Nacional negó que Juan Fernández, recientemente asesinado en Madre de Dios, haya sido defensor ambiental. Sin embargo, esta afirmación fue desmentida por el presidente del Comité de Gestión de la Reserva Tambopata.
• La víctima era dueña de una concesión de reforestación y se hacía cargo de la concesión de su padre. Por años su familia recibió amenazas y ataques de mineros ilegales ante la inacción de las autoridades.

Un reciente comunicado de la Policía Nacional del Perú (PNP), del pasado 21 de marzo, indicó que tras las diligencias preliminares de investigación se determinó que Juan Fernández (59), asesinado el pasado domingo 20 de marzo, “no pertenece a ninguna organización o grupo de defensa ambiental como se asevera en algunos medios de comunicación”.

Frente a ello, el coordinador del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata y hermano de la víctima, Germán Fernández, fue enfático en señalar que su hermano, por años, defendió los bosques frente al avance de los mineros ilegales junto a su familia. “Juan Julio tenía una concesión de reforestación en el kilómetro 104 y se hacía cargo de la concesión de mi padre. Hace años mi hermano y yo fuimos secuestrados en el kilómetro 103 por defender nuestro territorio”, precisó Fernández. 

Como se recuerda, el último domingo, Juan Julio Fernández fue hallado sin vida dentro de la vivienda de su hermano tras recibir dos impactos de bala en el cuerpo. Con él ya son 14 los defensores ambientales asesinados desde el inicio de la pandemia. Esta cifra reúne los casos reportados por las organizaciones indígenas y el Estado peruano.

Un historial de amenazas

Una investigación publicada a finales de 2021 en Inforegión muestra las amenazas que recibía el señor Apolinario Fernández Barrientos, padre de Juan Julio, quien narra cómo intenta proteger su predio agrícola de 15 hectáreas ubicado en el kilómetro 104 en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata (Madre de Dios), que está siendo invadido por la minería ilegal de La Pampa.

​​Estas tierras las ha defendido desde el inicio de la invasión de la minería ilegal los mineros en el año 2006 y así ha continuado resistiendo por más de 15 años al sostenido asedio de mineros y de traficantes de tierras de predios agrícolas.

“Desde octubre pasado se puso una denuncia en la Fiscalía Ambiental de Puerto Maldonado contra el minero Celso Quispe Chipana y colaboradores por contaminación del ambiente por afectar sus cercos perimétricos, a sus 80 cabezas de ganado, contaminar pastizales y la quebrada en su potrero. En dos ocasiones fueron suspendidas las diligencias de constatación e interdicción por inasistencia del personal policial y de la Dirección de Energía y Minas de modo muy sospechoso. Todo consta en los documentos de suspensión de las diligencias de la Fiscalía Ambiental de Puerto Maldonado. Mientras las diligencias se retrasan la minería ilegal aprovecha para continuar talando el bosque y destruyendo los pastizales”, indica el reporte periodístico. 

Asimismo, Víctor Zambrano narra cómo hace tres años el tío de Germán Fernández fue asesinado. “Era presidente de la comunidad de Nueva Arequipa y en ejercicio de esa función lo mataron. Esta es una familia que ha defendido de manera conjunta este espacio. A pesar de todas estas amenazas, recién a raíz del asesinato de Roberto Carlos Pacheco, en el 2020, la Prefectura nos pidió (al comité) que diéramos una lista de los que estaban directamente afectados y ahí incluimos a Germán. Porque antes nadie se dignó a darle garantías”, manifestó.

A pesar de ello, hace dos semanas fue secuestrada la hermana de Germán Fernández. “Su hermana estaba trabajando en su chacra y se la llevaron. Germán, al ser teniente gobernador, llamó a todos los vecinos y en grupo fueron al kilómetro 105 y la encontraron. Al día siguiente regresaron y encontraron cinco motores y los han destrozado. A pesar de haber informado al puesto de control del km 105 jamás les dieron un tipo de apoyo. Entonces qué más podemos demostrar. Juan Julio tenía algunas actividades de supervivencia, era carpintero, pero también tenía su parcela en el kilómetro 104 y defendió los bosques, conjuntamente con su familia, de manera cohesionada”, resaltó Víctor Zambrano, presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata.

En la imagen se ve al señor Apolinario Fernández Barrientos, padre de Juan Julio Fernández, quien fue asesinado el pasado 20 de marzo. Foto: Manuel Calloquispe / Inforegion

“Espero alcanzar algún día la justicia”

El último lunes, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos junto con el Ministerio del Interior y el Ministerio del Ambiente emitieron un comunicado confirmando la activación del Mecanismo Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos con el fin de brindar asesoría a los familiares de Juan Julio Fernández Hanco, así como la creación de una Mesa de Defensores Ambientales en Madre de Dios que reunirá a actores locales, regionales, de organizaciones indígenas, sociedad civil con el fin de reducir los riesgos en la zona. 

Por su parte, las autoridades de la región se pronunciaron tras el asesinato de Juan Julio, y aseguraron que están atendiendo el caso. “Estamos atendiendo las solicitudes de garantías de todas las personas que vienen, no escatimamos el esfuerzo de poder darlas. Estoy trabajando las 24 horas para ayudar y tratar de resolver este tipo de situaciones, derivando los casos a instancias superiores del fuero jurisdiccional para que sigan investigando los hechos” dijo el prefecto James Holguín Aguirre.

Frente a ello, Lucía Fernández Hanco, hermana de la víctima, denunció en redes la falta de respuesta de parte de las autoridades ante las reiteradas amenazas a su familia. “Cuántas veces fui y nunca me atendieron, esperaron que mataran a mi hermano, a mis tíos, a mis vecinos, a mi tío presidente de Nueva Arequipa, Sixto Luis Fernández Barrientos. A mi tío el gobernador de Santa Rosa, Serapio Hanco; al gobernador de Vírgenes del Sol, Andrés Palazuelos Escalante; al vicepresidente de Unión Progreso, Alipio Arnolito Poma Checalla; a mi vecino, Felipe Mestas; a mi vecino, Paz; a mi vecina, Nieves Chumpi. (…) Tantas muertes y los invasores en nuestras tierras”, alertó. 

“Ellos murieron defendiendo esta hermosa tierra que nos vio nacer, crecer y que nos llevó a diversas universidades. Por esta tierra que amamos seguiré luchando hasta alcanzar justicia para las futuras generaciones y que ya no suceda lo que está sucediendo. (…) Nuestro único objetivo es vivir en paz una vida armoniosa y trabajar nuestras tierras y contemplar la flora y fauna de esta tierra tan rica. Espero alcanzar algún día la justicia”, detalla Lucía Fernández Hanco.

¿Quiénes son defensores ambientales?

De acuerdo al Decreto Supremo 004-2021-JUS una persona defensora de derechos humanos es aquella que hace uso de sus propios derechos con el fin de promover, proteger o defender los derechos humanos individuales o colectivos de manera pacífica dentro del marco del Derecho nacional e internacional. Señala, además que esta acción se puede llevar a cabo de manera individual o colectiva e, inclusive, a través de una persona jurídica.

«La aspiración de todo estado democrático es que la ciudadanía, en su totalidad, defienda activamente sus derechos humanos y los de su comunidad. Por ello, no existe un procedimiento para declarar que son defensores, sino, para protegerlos cuando esta acción los coloca en riesgo. Resulta indistinto si la persona ejecuta la actividad de forma individual, en una organización, a través de su trabajo o con su grupo familiar, lo relevante es que cuente con las condiciones para hacerlo», precisa Katherine Sánchez, especialista legal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

Sánchez detalla además que nuestra  normativa vigente tiene un concepto amplio que solo exige que estas acciones se lleven a cabo de manera pacífica. Es decir, no hay más condiciones para activar los mecanismos de protección existentes. «En este sentido, la declaración de la PNP es innecesaria e irrelevante en este caso. Por el contrario, no se condice con las acciones que el MINJUSDH, MINAM y el propio MININTER están ejecutando en el marco del Mecanismo Intersectorial de protección de personas defensoras de derechos humanos. Cabe resaltar que es solo a través de este procedimiento que se podría determinar si este terrible asesinato es o no una consecuencia de acciones de defensa de derechos humanos», finaliza la especialista.

Por su lado, el presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, Víctor Zambrano, asegura que estas últimas acciones no son suficientes para la protección de los defensores ambientales, ya que es necesario que un organismo ejecute y lidere todas las acciones. «Necesitamos alguien que se dedique a intervenir. Ahora quienes hacen el esfuerzo es el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Ambiente, pero nadie más», finaliza Zambrano.

🚨 Asesinan a defensor ambiental de la Reserva Nacional Tambopata. Con este nuevo crimen se eleva a 14 los defensores ambientales asesinados durante la pandemia. ▶ https://t.co/lQE2P8KDZi pic.twitter.com/TFHT2NkWvx

— Actualidad Ambiental (@actualidadspda) March 21, 2022