• Defensa del condenado argumentó que no se encontró oro durante la detención. Sin embargo, alegato fue desestimado con peritaje que halló restos del mineral en alfombra de la balsa traca que operaba el minero.

El Poder Judicial ratificó la condena de ocho años de prisión efectiva por el delito de minería ilegal agravada contra Odelon Zevallos Vázquez, detenido en agosto de 2019, durante una interdicción del operativo ‘Mercurio’ (hoy plan Restauración). En aquel momento, personal policial y del Ejército peruano hallaron en flagrancia al minero ilegal, quien se encontraba sobre una balsa y manipulando un motor, a la altura del kilómetro 109 de la carretera Interoceánica, sector Barrio chino, de ‘La Pampa’, ubicado en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata.

En setiembre de 2022, tal como informó Actualidad Ambiental, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Tambopata, condenó a ochos años de cárcel a Zevallos Vásquez. Tras interponer un recurso de apelación en contra de la sentencia, la defensa argumentó que las fuerzas del orden no encontraron oro ni mercurio al momento de la detención. Sin embargo, el Quinto Despacho de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios evidenció que una pericia química halló restos de oro en la alfombra de la balsa que operaba el minero ilegal.

Sobre este cuestionamiento, en el análisis de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios se señaló que “la existencia del oro por medio de pericia no es de necesidad absoluta en este tipo de delitos”. En ese sentido, explicaron que al encontrarse en un lugar prohibido para operar minería, donde hay carcavas de hasta 100 metros de largo y 30 de ancho, y en las circunstancias de su detención (sobre una balsa y manipulando el motor) “alcanza el delito de minería ilegal” contra el imputado.

Otro de los alegatos de la defensa fue que no se probó que este haya causado daño a la zoma de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. No obstante, la Fiscalía apuntó que en este tipo de delitos “no se requiere que el investigado cause un daño real y efectivo al ambiente, solo basta con poner en peligro el bien jurídico protegido”.

Además, los magistrados de la sala de apelaciones precisaron que “es de conocimiento público que dedicarse a actividades de minería ilegal en zonas intangibles de la región Madre de Dios constituye delito sancionado por ley”.

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Asimismo, en el acta de intervención del 28 de agosto de 2019, miembros de la Policía Nacional y del Ejército peruano señalaron que Zevallos Vásquez estuvo operando el motor de la balsa traca, en un espacio deforestado y con zonas desérticas. Incluso, el hoy condenado admitió en un primero momento frente a las autoridades que manipuló las palancas.

Tras la evaluación de los alegatos, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios decidió confirmar los ochos años de cárcel, el pago de dos mil soles por concepto de reparación civil a favor del Estado Peruano. El minero ilegal también quedó inhabilitado para “obtener a nombre propio o a través de terceros, concesiones mineras de labor general, de beneficio o transporte de minerales metálicos o no metálicos”.

Sentencian a otros dos mineros ilegales

El Ministerio Público comunicó que el Poder Judicial dictó ocho años de cárcel contra dos mineros ilegales que fueron detenidos en flagrancia mientras operaban balsas dragas con motores, en el río Tambopata, en setiembre de 2022. La detención fue posible gracias a un trabajo articulado entre la Fiscalía, Policía Nacional y guardaparques del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

El operativo se llevó a cabo en el sector Filadelfia, en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. En el lugar, observaron más de diez balsas dragas con sus respectivos motores y equipamientos. Al ver la presencia de las autoridades, varios mineros huyeron del lugar aprovechando la espesura del bosque y el río Tambopata.

No obstante, Abel Oscar Bocángel Salas y Amador Huanca Robles no lograron escapar y fueron detenidos. La sentencia también Además, incluye una reparación civil de diez mil soles que deberán pagar a favor del Estado Peruano, representado por la Procuraduría Especializada en Delitos Ambientales.