Efectos de la minería ilegal en Madre de Dios. Foto: Andina.

La minería ilegal no solo genera un gran problema ambiental sino también problemas de salud, seguridad, evasión de impuestos, explotación laboral, trata de personas, lavado de activos, etc. En reiteradas ocasiones distintos actores del Gobierno, medios de comunicación y representantes de la sociedad civil han señalado que la lucha contra la minería ilegal requiere una acción integral del Estado, así como el apoyo de la sociedad civil, los medios de comunicación y la población en general.

Pese a diversos esfuerzos del Estado para frenar esta actividad ilegal, esta no ha dejado de expandirse. Imágenes satelitales muestran cómo que la minería ilegal continúa avanzando y destruyendo la Amazonía.

A continuación, te presentamos cuáles son las competencias y responsabilidades que tiene cada una de las instituciones involucradas en la lucha contra esta actividad.

Roles y responsabilidades

1. Alto Comisionado en asuntos de formalización de la minería, interdicción de la minería ilegal y remediación ambiental

Interdicción en Madre de Dios. Foto: El Comercio.

Tiene a su cargo la coordinación y supervisión de la ejecución de la Estrategia Nacional para la interdicción de la minería ilegal. Además, preside la  Comisión Multisectorial responsable de realizar el seguimiento de las acciones del Gobierno frente a la minería ilegal y el desarrollo del proceso de formalización.

2. El Ministerio de Energía y Minas (MINEM)

A través de la Dirección General de Formalización Minera, es la institución a cargo “de proponer y evaluar la política sobre formalización minera del Sector Minería, proponer y/o expedir la normatividad necesaria, así como promover la ejecución de actividades orientadas a la formalización de las actividades mineras.” (Según Decreto Supremo 025-2013-EM). Entre las funciones de esta institución, se encuentran:

• Mejorar, proponer y expedir la normatividad relacionada con la formalización de las actividades mineras.
• Fortalecer la gestión de los gobiernos regionales a través de la capacitación y asistencia a las direcciones regionales de energía y minas o los que hagan sus veces.
• Promover la aplicación de mejores estándares de operación y la innovación tecnológica en la pequeña minería y minería artesanal.
• Participar en la implementación de la Estrategia Nacional para la interdicción de la Minería Ilegal, coadyuvando la intervención planificada y conjunta de todas las entidades competentes del Poder Ejecutivo y de los diferentes niveles de gobierno en las acciones de interdicción contra la minería ilegal.

3. El Ministerio del Ambiente (MINAM)

Es la institución a cargo de la regulación del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo – IGAC según el Decreto Legislativo 1105, instrumento que deben presentar los mineros en vías de formalización. El MINAM no aprueba los IGAC sino que esta es una función de los gobiernos regionales como explicaremos más adelante.

4. La Fiscalía de la Nación, el Ministerio del Interior a través de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio de Defensa a través de la Dirección de Capitanía y Guardacostas del Perú (DICAPI)

Efectivos de la DICAPI interviniendo a mineros ilegales en la Reserva Nacional Tambopata. Foto: Sernanp.

Son los responsables de incautar, decomisar los bienes, maquinarias, equipos e insumos prohibidos durante las interdicciones. Estas deben realizarse en base a la información brindada por otras instituciones como el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente y los gobiernos regionales.

5. Los gobiernos regionales

Son los responsables de fiscalizar a la minería artesanal y la pequeña minería en sus respectivas circunscripciones y, por tanto, deben identificar a aquellos que están realizando actividades ilegales. A su vez, los gobiernos regionales deben informar sobre estos casos a las autoridades a cargo de las interdicciones. Otro rol clave de los gobiernos regionales se da a través de sus direcciones regionales de minería, las que están a cargo de la evaluación y aprobación de los instrumentos de gestión ambiental correctivos (IGAC).

6. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)

Adscrito al Ministerio del Ambiente, es la institución encargada de fiscalizar que los gobiernos regionales, en tanto entidades de fiscalización ambiental, cumplan con su labor de fiscalizar a la pequeña minería y minería artesanal. Así, por ejemplo, en caso el OEFA identifique que existe inacción o incumplimiento por parte de algún gobierno regional de sus obligaciones de fiscalización debe informar a la Contraloría General de la República para que se inicien acciones de control. Además, el OEFA tiene facultad para fiscalizar actividades mineras que se desarrollan bajo la clasificación de pequeña minería o minería artesanal, sin embargo realizan actividades que debieran calificar como de mediana o gran minería.

OEFA puede ejercer fiscalización ambiental de las actividades mineras de su ámbito de acción aunque estas se encuentren funcionando sin contar con instrumentos de gestión ambiental aprobados, permisos, autorizaciones u otro tipo de habilitaciones por parte del Estado, es decir en un escenario de ilegalidad.

Asimismo, a través del SINADA, administrado por el OEFA, los ciudadanos pueden formular denuncias ambientales de forma anónima o sin reserva de identidad a través de distintos medios. OEFA tiene la obligación de atender estas denunciar o derivarla a los gobiernos regionales cuando corresponda.

7. SUNAT

Es la institución a cargo de la implementación y funcionamiento del Registro único de compradores de cianuro y mercurio. En el caso del control de insumos químicos y bienes fiscalizados en Madre de Dios, SUNAT está a cargo de los operativos de fiscalización a los establecimientos de venta al público de combustibles para evitar su venta indiscriminada, destinada principalmente a la actividad minera ilegal. Asimismo, esta institución es responsable de establecer rutas fiscales con puestos de control que permitan frenar el suministro irregular de insumos químicos y maquinarias en la lucha contra la minería ilegal, así como detectar e incautar el oro de origen ilegal.

8. El Poder Judicial

Cumple un rol clave ya que es su responsabilidad atender los pedidos de incautación, allanamiento y proceso penal de los implicados en actividades mineras ilegales.

Es ampliamente conocido que la minería ilegal genera una serie de delitos conexos tales como la trata de personas, tala ilegal, lavado de activos, entre otros.

Minería ilegal cerca de la Reserva Nacional Tambopata, en Madre de Dios. Foto: Actualidad Ambiental.

9. El Ministerio del Interior

Cumple un rol trascendental en lo que corresponde a la investigación de delitos que se generan a partir de la minería ilegal, tales como la trata de personas.

10. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Debe actuar cuando se identifiquen víctimas de trata de personas, trabajo infantil y trabajo forzoso, siendo responsables de atender y recuperar a  dichas personas, para lo cual deberán prever acciones necesarias, como casas hogar o albergues.

11. Defensoría del Pueblo

Asume un rol clave en la gestión de los conflictos socioambientales en el país y en el caso de vulneración de derechos atiende quejas, consultas y pedidos ciudadanos. Puede elaborar informes con recomendaciones o exhortaciones a las autoridades involucradas directa o indirectamente en la lucha contra la minería ilegal.

12. El Congreso de la República

Debe velar por el Estado de Derecho y la elaboración y aprobación de leyes que refuercen las acciones del Estado en esta materia así como evitar la derogación de aquellas leyes que tengan como objetivo combatir la minería ilegal. Sería importante que la Comisión de Energía y Minas y la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, informen qué están haciendo para sumarse a la lucha contra esta actividad ilegal.

Rendición de cuentas

Queda claro que estas instituciones deben trabajar de manera coordinada y decidida para enfrentar el gran problema de la minería ilegal. Sin embargo, se han escuchado pocas voces desde el Estado en relación a esta problemática, prueba de ello es la falta de pronunciamiento respecto al paro indefinido que se dio en Madre de Dios y al asesinato de Alfredo Vracko, presuntamente en represalia por las constantes denuncias que realizó contra la minería ilegal en la zona conocida como La Pampa. En momentos como el que se vive actualmente, es clave que estas y otras instituciones expliquen a la ciudadanía qué se ha avanzado y qué acciones se tomarán para fortalecer la lucha contra la minería ilegal a julio del 2016 y la hoja de ruta a futuro.