• Especialistas del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas (PBPI) de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) elaboraron cinco propuestas concretas para las futuras autoridades con el fin de fortalecer las capacidades del Estado para la protección de las personas defensoras del medio ambiente en los próximos cinco años. 

 

Desde el inicio de la pandemia, siete defensores de derechos humanos fueron asesinados en nuestro país, en su mayoría personas que defendían el ambiente. A casi un mes de la segunda vuelta electoral –que se realizará el próximo 6 de junio–, el Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas (PBPI) de la SPDA presenta cinco propuestas concretas para las futuras autoridades con el fin de fortalecer las capacidades del Estado para la protección de estos peruanos.

En los últimos años, se han impulsado herramientas para la protección de las personas defensoras del ambiente. En el 2018 se publicó el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, que considera a las personas defensoras de derechos humanos como grupos de especial protección. Un año después se aprobó el Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos; en el 2020, la Defensoría del Pueblo publicó los Lineamientos de Intervención Defensorial frente a casos de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos; y, meses después, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aprobó el Registro sobre situaciones de riesgo de personas defensoras de derechos humanos.

A estas acciones se suma la reciente aprobación –en abril de 2021– del Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, una herramienta legal que busca garantizar la prevención, protección y acceso a la justicia de las personas defensoras de derechos humanos frente a las situaciones de riesgo.

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Según la SPDA, si bien existen avances importantes a nivel institucional a través de la aprobación de herramientas para su protección, todavía hay capacidades del Estado que deben fortalecerse para lograr la efectiva defensa de las personas defensoras del ambiente. Por ello, la institución plantea cinco propuestas.

1. Priorizar la ratificación y garantizar la implementación del Acuerdo de Escazú

El Acuerdo de Escazú es un instrumento de derecho internacional que busca la articulación regional y generar un orden común en materia de derechos ambientales reconociendo de manera explícita la necesidad de proteger a las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.

El pasado 22 de abril, en el Día de la Tierra, el Acuerdo de Escazú entró en vigor luego de ser ratificado por 12 países de la región de América Latina y el Caribe. Sin embargo, el Perú no es parte de dicho grupo porque –en octubre de 2020–, el Congreso archivó el proyecto de ley que disponía la ratificación de este tratado internacional. Por ello, se espera que el próximo parlamento asuma el compromiso de ratificarlo.

2. Modificación del Código Penal

Revisar en mesas de trabajo multiactor la posibilidad de modificar el Código Penal incorporando esta variable como una agravante para los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud.

«Es sumamente importante que se investiguen adecuadamente los ataques y amenazas a personas defensoras y es fundamental que se castigue de forma ejemplar para detener la impunidad con que actúan los perpetradores», indicó Silvana Baldovino, directora del Programa Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la SPDA.

3. Continuar con el Plan Nacional de Acción de DD. HH. y Empresas

Continuar con el trabajo de elaboración del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos para fortalecer los sistemas de protección vigentes de defensa de derechos humanos y garantizar la alineación de nuestras políticas nacionales a dicho enfoque.

El Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (PNA) se enfoca en diseñar e implementar políticas públicas para promover y difundir, tanto en la sociedad como en el Estado, una cultura de respeto a los derechos humanos en las actividades empresariales, así como promover acciones de reglamentación y fortalecimiento de los sistemas judicial y extrajudicial para prevenir, investigar y, de ser el caso, sancionar y reparar los abusos a los derechos humanos en el ámbito empresarial.

4. Implementación urgente de las medidas de protección aprobadas

Implementar de manera urgente las herramientas aprobadas, como el registro de situaciones de riesgo, para enfocarnos en medidas de protección y estar en capacidad de establecer medidas preventivas y atender las raíces del problema.

“Nos urge contar con instrumentos implementados de manera oportuna y eficaz en los diferentes niveles de gobierno, principalmente el nivel local, que es el más cercano a las personas defensoras. Es necesaria la actuación del Estado con articulación entre sectores e instituciones que permita acción inmediata en casos que así lo requieran”, detalló Baldovino.

5. Impulsar el trabajo multisectorial

Finalmente, desde el PBPI de la SPDA se busca resaltar que es indispensable que el nuevo gobierno construya sobre lo avanzado, impulsando y viabilizando la coordinación entre los distintos sectores del Estado involucrados, así como con los gobiernos regionales y locales.

«Es importante que el nuevo gobierno construya sobre lo avanzado demostrando que la defensa de las personas defensoras de derechos humanos es ya una política de Estado», finalizó Baldovino.

Datos:

• Durante la pandemia, siete personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas. De los cuales seis pertenecían a pueblos indígenas.
• Desde que el protocolo para la protección de defensores de derechos humanos entró en vigor, en abril de 2019, 29 solicitudes para la activación de este mecanismo se han presentado ante el Ministerio de Justicia (Minjus). De los cuales, 18 casos corresponden a defensores de derechos ambientales y derechos de los pueblos indígenas en 15 regiones del país.

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