¿Qué es y cómo se ejerce el derecho de participación ciudadana?

Foto: Andina.

Como parte del “Curso de especialización para líderes y lideresas ambientales en temas de infraestructura y ambiente” desarrollado por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y dirigido a regiones amazónicas del país, se realizó la sesión «¿Qué es y cómo se ejerce el derecho de participación ciudadana?», a cargo de la abogada Fátima Contreras, integrante del Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA.

En Actualidad Ambiental conversamos con ella para que nos comente cómo se viene implementando este derecho en la práctica en regiones amazónicas del país y responder: ¿qué tenemos como tarea pendiente para que en un futuro cercano sea una práctica regular? Dentro de lo que señala Contreras, el derecho de participación ciudadana todavía genera reservas. “Pensar que asegurar el ejercicio de participación ciudadana en procesos de toma de decisiones complejiza un proceso de evaluación es una concepción errónea que toma a la ligera la importancia de este derecho”, indicó.

¿De qué hablamos cuando hablamos del derecho de participación ciudadana?

Nos referimos a un atributo y un deber. Este derecho, que está reconocido en nuestra Constitución, nos permite involucrarnos en la toma de decisiones y acompañar en la implementación y gestión de políticas, programas y proyectos en todos los ámbitos sectoriales y niveles de Gobierno. A través del ejercicio del derecho, la ciudadanía debe ser parte del proceso de diseño, evaluación y ejecución de iniciativas públicas compartiendo conocimientos, haciendo consultas y aportes mediante mecanismos formales. De esta manera, cuando hablamos del derecho de participación ciudadana, hablamos de una oportunidad de tomar decisiones óptimas, inclusivas y reales.

Según su experiencia, ¿cómo se lleva a cabo este derecho en un contexto de obras como carreteras o proyectos de energía en Loreto, considerando las dificultades de comunicaciones en distintos puntos del departamento?

La participación ciudadana en el marco de la evaluación de proyectos de carreteras o energía y en un territorio como Loreto exige el despliegue de las autoridades y titulares de proyectos para llegar a las comunidades involucradas. Para ello, algunas autoridades han innovado en el modo de llevar la participación ciudadana de manera inclusiva a fin de garantizar el involucramiento de todas las comunidades. Sin embargo, aún estos esfuerzos no se replican en otras instancias de toma de decisiones, por lo que sigue siendo un desafío.

¿Que en el departamento habiten diversos grupos de interés hace más compleja la ejecución de obras en Loreto?

No debería. Pensar que asegurar el ejercicio de participación ciudadana en procesos de toma de decisiones complejiza un proceso de evaluación es una concepción errónea que toma a la ligera la importancia de ambos derechos. No debemos considerarlo como obstáculo ni como procesos que entorpecen procedimientos, por el contrario, enriquecen las decisiones desde distintas visiones de desarrollo.

¿Cuáles son los principales desafíos para que en un futuro no muy lejano, los proyectos de inversión en Loreto se realicen cumpliendo todos los estándares ambientales y derechos de las personas involucradas?

La gestión pública todavía enfrenta desafíos sustanciales para garantizar que los estándares ambientales y derechos puedan ser garantizados óptimamente. En primer lugar, la internalización en los tomadores de decisión de la importancia de ejercer estos derechos garantiza que haya un compromiso para implementar mecanismos adecuados. En segundo lugar, seguir trabajando en mejorar y fortalecer las capacidades y especializaciones en el ámbito ambiental de los tomadores de decisión es constante. Finalmente, desplegar esfuerzos para fortalecer las capacidades de la ciudadanía también es fundamental para asegurar que los derechos puedan ser ejercidos de manera eficiente y eficaz.