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La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), con el apoyo de la Alianza de Gobierno Abierto, ha desarrollado la publicación “La agenda peruana para la consolidación del gobierno abierto por la transparencia y la participación ciudadana en el país”.

Dicho documento, creado en el marco del Foro Multiactor de Gobierno Abierto, brinda el marco conceptual del gobierno abierto, su importancia estratégica para la gobernanza y sus avances en los últimos años, de forma que la sociedad civil pueda reconocer su importancia y necesidad de continuar con este modelo de gobernanza.

La publicación, además, destaca la experiencia peruana en la construcción de un gobierno abierto, repasando los conceptos clave, la implementación e importancia del Foro Multiactor y el contexto en donde se desarrolla el gobierno abierto en nuestro país. En esa línea, se repasan los objetivos trazados a través del actual Planes de Acción de Gobierno Abierto, las lecciones aprendidas y los próximos pasos a tener en cuenta para asegurar su sostenibilidad.

Adicionalmente, el documento señala los compromisos necesarios a ser asumidos, tanto por el sector público como de la sociedad civil, para mantener la sostenibilidad del gobierno abierto a largo plazo en nuestro país.

¿Qué es gobierno abierto?

Desde 2011 el Perú forma parte de la Alianza para el Gobierno Abierto: una comunidad de más de 90 países que se comprometen a aplicar principios y prácticas para promover la transparencia y el acceso a la información, así como la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la integridad pública en favor de un Estado moderno al servicio de la ciudadanía.

Desde entonces, nuestro país ha desarrollado esfuerzos con entidades del poder Ejecutivo, tanto de nivel nacional como regional y local, a través de diversos compromisos asumidos en los Planes de Acción de Gobierno Abierto. Pámela Ramírez, abogada de la SPDA, destaca: “Estos planes recogen las demandas ciudadanas, que han sido procesadas, escuchadas y convertidas en compromisos que se implementarán y ejecutarán para lograr ser un Estado abierto y transparente”.

Por ello, agrega Ramírez, “las diversas iniciativas implementadas en estos Planes de Acción reflejan todavía problemas relacionados con la transparencia de la información, rendición de cuentas y participación ciudadana en temas como infraestructura pública, contrataciones, acceso a servicios de salud, educación, ambiente e industrias extractivas, programas sociales, seguridad ciudadana y calidad regulatoria, entre otros. Los mismos que, por la emergencia sanitaria mundial se han intensificado y han impactado directamente en el ejercicio de derechos fundamentales como el derecho a la vida digna, desarrollo humano, integridad, identidad y el derecho a contar con un ambiente sano y equilibrado para la vida”.

Este modelo de gobernanza busca recuperar la confianza entre el Estado y la ciudadanía no solo para definir las políticas públicas, sino también para involucrar a la ciudadanía y que asuma un rol activo y responsable en este proceso, a partir del diseño de herramientas clave para garantizar la transparencia de información, promover la rendición de cuentas y la participación ciudadana oportuna.

“Incluso, el recuperar la confianza ciudadana, no pasa únicamente por generar acciones que transparenten la información pública, sino también por garantizar y promover la participación de las personas en las decisiones públicas, generando y fomentando una ciudadanía activa que vigila de manera sostenida la labor del Estado. En ese sentido, el gobierno abierto se presenta como un modelo de gobernanza clave que permite tanto a las entidades públicas como a la sociedad civil, generar acciones en favor de una labor estatal limpia, legítima y transparente”, explica Pámela Ramírez.

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