• Un análisis de imágenes satelitales realizado por el Proyecto de Monitoreo de los Andes Amazónicos (MAAP, por sus siglas en inglés) detectó en Loreto, Madre de Dios y Ucayali la construcción de caminos forestales en áreas donde no existen autorizaciones para la extracción legal de madera. El estudio advierte que estas vías podrían ser usadas como rutas para el tráfico de madera.

 

En un reciente informe publicado por el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP por sus siglas en inglés) se identificó la construcción de 1500 km lineales de caminos forestales en el 2019, que se suman a los 3.3 km que se documentó en un estudio anterior. Frente a ello, Actualidad Ambiental entrevistó a diversos expertos en materia forestal respecto a este tema para conocer qué acciones se realizan ante este escenario.

¿Qué se halló en el informe MAAP?

De acuerdo al informe, en el 2019 se han identificado tres tipos de caminos forestales: en primer lugar, los que se registran en zona sin títulos habilitantes; es decir, donde no hay concesiones ni permisos forestales otorgados; en segundo lugar, caminos forestales en concesiones forestales vigentes, pero en situación no activa o no definida; y, finalmente, los que se ubican en comunidades nativas.

En cuanto al primer tipo de caminos forestales, el informe presentó el caso de la apertura de una red de 55 km lineales en la frontera de San Martín y Loreto. Si bien esta zona se encuentra dentro de un Bosque de Producción Permanente (BPP), Actualidad Ambiental comprobó que de acuerdo al Sistema de Información Geográfica de Supervisiones Forestales y de Fauna Silvestre del Osinfor (Sisfor) y al GEOSERFOR del Serfor, no existe título habilitante alguno otorgado en el área señalada.

Un segundo caso se extiende por “5.8 km lineales en la Zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Asháninka” a una distancia de 300 metros del área natural protegida que alberga una variedad de ecosistemas, destacando especies de flora como la chimicua, cumala, machinga, así como el cacao del monte. Además, reúne al menos 115 especies de aves, entre otros.

Con respecto al segundo tipo de caminos forestales hallados en concesiones forestales vigentes, pero en situación no activa o no definida, el informe resalta tres casos: el primero es un camino forestal de 45.3 km lineales que atraviesa una comunidad nativa y llega a una concesión forestal cuya situación está como No Definida, en la región de Loreto justo al norte de la Reserva Nacional Pacaya Samiria.

El segundo caso es “una red de 53.2 km lineales de caminos forestales, de los cuales 21.4 km atraviesan una concesión forestal cuya situación es No Activa, cerca de la localidad de Sepahua en la región Ucayali”.

El tercero abarca “17.7 km lineales en una concesión forestal maderable cuya situación actual está como No Activa, en la región Madre de Dios”.

Finalmente, el tercer tipo de camino forestal es el que se detectó al interior de una comunidad nativa en la región Ucayali. Se advirtió 23.4 km lineales sobre el área de dicha comunidad donde no existiría ningún permiso forestal vigente.

¿Qué acciones se realizan en este escenario?

En conversación con Actualidad Ambiental, el ingeniero y director de la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre del Osinfor, Ildefonzo Riquelme, asegura que se han evaluado los tres tipos de caminos forestales identificados por MAAP.

“En el primer caso, escapa a nuestra intervención. Si bien hay bosques de producción permanente, no todo está concesionado, y si no hay vigilancia es probable que se realicen actividades ilícitas. Nosotros entramos a monitorear cuando hay títulos habilitantes, de repente otro sector podría ver esos temas. Por ejemplo, el Serfor ve de manera integral y ahí hace la distinción. Si involucra títulos habilitantes entonces ahí nos comunican y nosotros empezamos a hacer la indagación o la programación de la supervisión de ser el caso”, se refirió el ingeniero Riquelme.

Con respecto a los otros dos tipos de caminos forestales, Osinfor realizó un análisis del caso y halló once títulos habilitantes asociados a este tipo de caminos, de los cuales ocho son concesiones forestales y tres comunidades nativas. “Con relación a las concesiones forestales, se hizo un contraste con la información que se tiene y cinco estarían en condiciones vigentes, dos inactivas y una caducada”, explicó Riquelme.

Detalló además que, al estar la concesión caducada y al ubicarse en el ámbito de la región San Martín, correspondería al gobierno regional adoptar medidas en esa área. “Una vez que el Osinfor declara la caducidad de la concesión ponemos en conocimiento a la autoridad competente a efectos de que ejecuten las sanciones adecuadas para poner nuevamente en vigencia. Probablemente esa área no está saneada administrativamente este contrato caducado, por lo tanto, al no estarlo se encuentra expuesta a actividades ilegales”, indicó.

Respecto a las dos concesiones inactivas identificadas por el Osinfor, ubicadas en Loreto y Ucayali, el ingeniero Riquelme señaló lo siguiente: “Si bien es cierto los caminos se aprecian que atraviesan por el área de estas concesiones, pero esto probablemente podrían servir de paso para acceder a las concesiones activas vigentes. No se tiene certeza de ello, pero no obstante sí estamos haciendo indagación de estos dos contratos para ver el cumplimiento contractual. Más aún si no hay un custodio podría darse para actividades ilegales”.

En cuanto a las ocho concesiones vigentes, indicó que “sobre las concesiones activas o vigentes, ahí sí hemos tenido intervención. Hemos supervisado a todos estos cinco contratos en más de una oportunidad y estos se encuentran en nuestro observatorio y están en la lista verde. Actualmente cumplen un plan de manejo multianual, pero hay algunos contratos vigentes, tres de ellas que no hemos supervisado, pero estamos considerando en nuestra planificación del próximo año”.

Asimismo, menciona sobre las tres comunidades nativas que ha identificado, lo siguiente: “En caso de las comunidades nativas, que son tres, son permisos que, en su oportunidad, han sido supervisados más de una oportunidad. Actualmente sus permisos están vigentes y puede que estén aprovechando recursos y esos caminos es un indicio que estén realizando actividad, pero no podemos tener certeza si sus actividades son de acuerdo a la normativo. Al menos hay un indicio que dentro de esa área hay un trabajo que se está realizando”, agregó Riquelme.

“Parte del criterio (para priorizar supervisiones) son las denuncias, porque nos sirven como insumo. Ahora estamos limitados, la situación no amerita por la incertidumbre. Hay todavía cuarentena focalizada. Este año es bien atípico, se está monitoreando remotamente y con soporte de imágenes. Estamos considerando en la planificación del próximo año. La planificación considera el criterio de riesgo, y sobre esa base hacemos nuestra planificación”, explicó.

Cierre de brecha informativa

El Osinfor es el encargado de supervisar y fiscalizar los títulos habilitantes otorgados por el Estado a nivel nacional, una tarea que por años ha requerido del trabajo coordinado entre la entidad y los gobiernos regionales a fin identificar los títulos habilitantes otorgados y los planes de manejo aprobados. A la fecha, se viene trabajando para acortar esta brecha informativa a través de acciones de cooperación y así reducir el avance de acciones ilegales en diversas zonas del país.

“Ha habido un avance, en cuanto al envío de información (de los gobiernos regionales al Osinfor), se ha hecho un acuerdo de cooperación, esta necesidad de la información para tomar decisiones y cumplir con nuestras funciones, se ha ido avanzando”, indicó Ildefonzo Riquelme.

Asimismo, aseguró que la transferencia de la información ha mejorado en el tiempo. “Por ejemplo, en San Martín ya tiene un sistema, hay interoperabilidad. Sí está funcionando, a través de su sistema, nos lo envían. Tenemos convenio con Amazonas, Tumbes; en total, seis gobiernos regionales amazónicos”, agregó el funcionario de Osinfor.

Defensoría: “Es clave fortalecer acciones de control”

Frente a estos hallazgos, Lissette Vásquez, jefa del Área de Medioambiente de la Defensoría del Pueblo, manifestó que la construcción de carreteras en la Amazonía peruana debe contar con una evaluación integral previa, en caso contrario su implementación puede ocasionar grandes perjuicios, económicos, sociales y ambientales. Además, pueden ser utilizadas en beneficio de actividades ilegales como la tala ilegal, la minería ilegal, el tráfico de drogas, entre otros.

“Se debe verificar si una carretera es el medio idóneo para la movilización en la zona; si es –entre otros– ambiental, social y económicamente viable. También debe cumplir con el marco normativo vigente y respetar el ambiente, así como los derechos de los pueblos indígenas”, indicó en referencia a que, entre el 2015 y 2018, se construyó 3300 kilómetros lineales de caminos forestales en zonas sin títulos habilitantes, concesiones caducadas, concesiones dedicadas a la producción no maderable (castañas) y en áreas naturales protegidas.

Por otro lado, mencionó la importancia de “fortalecer los espacios de coordinación multisectorial para esta tarea, así como la labor del Ministerio Público, que es responsable de la persecución del delito de tala ilegal. Además, urge abordar decididamente la lucha contra la corrupción en el sector forestal”.

Taladores podrían llevar el COVID-19

El director de la Iniciativa de Justicia Ambiental de la SPDA, Jean Pierre Araujo, indicó que la construcción de carreteras en la Amazonía peruana, sin ningún control, no solo tiene un impacto negativo en los ecosistemas sino también, en un contexto de pandemia, pone en riesgo la vida de las comunidades nativas, al tratarse de actividades que se realizan sin el menor control sanitario.

“Todo camino forestal implementado fuera de una concesión o permiso de comunidad nativa, debe encontrarse previamente autorizada para su construcción, así como contar con una certificación ambiental, emitidas por las autoridades competentes en materia de transporte. Adicionalmente, aquellos casos que impliquen la afectación de la cobertura forestal, requieren contar con la autorización de desbosque correspondiente emitida por la autoridad forestal[1]”, explicó Araujo.

Indicó que en el caso de los caminos forestales trazados dentro de la zona de amortiguamiento de las áreas naturales protegidas del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sinanpe) -como la Reserva Comunal Asháninka, por ejemplo-, se requiere la emisión de compatibilidad del Sernanp.

“Ahora bien, de acuerdo con la información proporcionada por MAAP, los caminos forestales no se encuentran articulados a ningún área destinada al aprovechamiento forestal maderable bajo un título habilitante vigente. Ello significaría que los caminos forestales podrían estar destinados a facilitar el acceso a personas para la realización de actividades ilícitas como, la extracción de madera ilegal, invasión y tráfico de tierras, cambio de uso ilegales, entre otros”, finalizó.

DATO:

• Para un mayor entendimiento sobre las licencias ambientales y la autorización de desbosque, ponemos a disposición de la ciudadanía y las autoridades: Infraestructura vial en la Amazonía peruana: hacia una gestión sostenible; y Manual sobre la autorización de desbosque: herramientas para minimizar los impactos de la deforestación por la construcción de carreteras en Loreto.

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[1] Serfor o la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre, según los parámetros dispuestos por el artículo 125 del Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por el Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI.

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