Escribe César A. Ipenza Peralta / Sociedad Peruana de Derecho Ambiental

Los paisajes con cientos de hectáreas deforestadas, amplios desiertos, contaminación y destrucción de nuestra Amazonía, ya no son exclusividad de Madre de Dios –lugar emblemático de la minería ilegal y donde se han centrado  todos los esfuerzos por contralarla, que lamentablemente han fracasado.

Ahora, los ilegales han migrado a otras regiones donde los graves impactos de su actividad destructiva comienzan a hacerse evidentes. Una de estas zonas está ubicada en la provincia de Puerto Inca, selva de Huánuco, donde los esfuerzos e intentos de controlar la invasión para  no convertirse en el próximo Madre de Dios han empezado a sentirse con más fuerza.

Desde octubre del año pasado hemos estado atentos a las diversas denuncias de las autoridades locales de Codo de Pozuzo y Puerto Inca y, posteriormente, Yuyapichis, donde los esfuerzos de conservación son considerables, como el caso del Área de Conservación Privada Panguana, propiedad de la Dra. Juliane Koepcke –hija de los Drs. Maria y Hans Koepcke y única sobreviviente del vuelo de LANSA 508- donde, posiblemente, se encuentre la zona mejor estudiada del país durante los más de 40 años de existencia de la Estación Biológica Panguana, ubicada dentro del área protegida privada.

Frente a esto, se ha alertado sobre diversos intentos del ciudadano extranjero Yi Yanguang (así como sus probables financistas y grupo de asesores)  para ingresar maquinaria pesada para “construir carreteras” a través de su empresa ShuanHeShen Mining Group. Este puede ser el inicio de una larga lista de “presuntas ilegalidades” actualmente investigadas por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Ucayali.

En ese contexto, la reacción de las autoridades no se ha dejado esperar. Sin embargo, esta maquinaría recientemente incautada es la punta de una larga hilera de casos que están destruyendo los bosques y las fuentes de agua de Puerto Inca.

Analizando los diversos petitorios y concesiones mineras que están en trámite, y han sido otorgados en la zona, pudimos comprobar que muchos casos tienen detrás el mismo capital, y estarían operando con testaferros o terceros. Entre ellos se encuentran dos campamentos ubicados a hora y media de Puerto Inca, entre los ríos San Pablo y Pintuyacu, en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira, asimismo en zonas donde el gobierno regional de Huánuco viene financiando proyectos de agua y captación de agua; en centros arqueológicos y sobre diversos ríos, esta situación compleja, no deja de sorprendernos con autoridades que han venido otorgando concesiones a diestra y siniestra.

Otra amenaza concreta es la presencia de  dragas, o balsas –denominados legalmente como equipos o artefactos similares- las cuales están totalmente prohibidas a nivel nacional (Decreto Legislativo 1100 y confirmado mediante una Sentencia del Tribunal Constitucional). Durante nuestro viaje, en esta temporada de subida del río, pudimos ver 12 de ellas en los ríos Pachitea y Pintuyacu. Frente a esto, le  toca a la DICAPI cumplir su labor.

Los impactos y destrucción causados hoy son evidentes. Más aún cuando no puede coexistir minería de este nivel y escala – claramente no se trata de minería pequeña o artesanal – con los bosques u otra actividad económica sostenible. Es hora que las Direcciones Regionales, el INGEMMET y el Ministerio de Energía y Minas hagan un verdadero análisis antes de otorgar derechos mineros en la Amazonía, verificando en todos los casos si en la práctica se trata de mineros pequeños y artesanales, o si por el contrario se trata de grandes capitales que se escudan en la figura de pequeñas concesiones para evadir las exigencias legales y burlar a la autoridad.

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Foto: César Ipenza / SPDA