• En la quinta edición de programa Actualidad Ambiental en Vivo conversamos con Lizardo Cauper, presidente Aidesep, organización civil que reúne a diferentes organizaciones indígenas de la Amazonía; Ángela Acevedo, viceministra de Interculturalidad del Ministerio de Cultura (Mincul); y Silvana Baldovino, directora del Programa Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la SPDA. Los invitados evaluaron la situación actual y las necesidades de los pueblos indígenas ante la pandemia. 

La pandemia del COVID-19 ha evidenciado una serie de deficiencias en el acceso a servicios básicos para las poblaciones indígenas. Este escenario pone en agenda demandas históricas de uno de los sectores más vulnerables del país. Ante ello, con el fin de lograr puntos de encuentro y soluciones aplicables que respondan a las principales demandas indígenas, la quinta edición de Actualidad Ambiental en Vivo reunió a representantes de la sociedad civil, organizaciones indígenas y sector público, para evaluar el estado de dichas poblaciones ante la enfermedad y proponer políticas públicas a corto y largo plazo.

“Nos sentimos abandonados por el Estado”

Hasta el 19 de mayo se tenía un registro de 6 249 casos positivos de COVID-19 en la Amazonía peruana, región del país que concentra a la mayor cantidad de comunidades indígenas, informó el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (Caap). Para el líder de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Lizardo Cáuper, la situación actual es crítica, ya que la epidemia suma cada día más casos de contagio dentro de las comunidades. Y asegura que, a pesar de las medidas implementadas desde las organizaciones, estas no son suficientes por la deuda histórica en el acceso a servicios básicos.

Una de las medidas adoptadas por Aidesep al inicio de la pandemia fue declararse en emergencia amazónica y cerrar las fronteras de las comunidades para evitar el avance del virus. Sin embargo, estas acciones no fueron cumplidas en su totalidad, porque personal de la marina y la policía permitieron la continuidad del tránsito. “En plena cuarentena hubo movilizaciones de todo tipo, por eso llegó el virus a las comunidades y ahora está fuera de control”, afirmó Cauper.

El dirigente resaltó también la falta de información sobre el número de casos de pacientes indígenas que han dado positivo de COVID-19. Aseguró que no existe una estadística donde se pueda saber con exactitud dónde están los casos y cuál es su estado de salud. Resaltó también que la falta de abastecimiento de medicinas y personal de salud en las comunidades agrava la situación.

“Estando en la comunidad no puedes ir corriendo a comprar medicinas. Nosotros asumimos que cualquier gripe simple es COVID-19 y lo digo porque lo he vivido, yo fui contagiado por esta enfermedad y uno se desespera por la dificultad que sientes al respirar. Solo piensas en ir a una clínica u hospital”, indicó.

Para Cauper, sin embargo, este escenario debe ser el inicio para implementar medidas a largo plazo. «Debemos producir proyectos que sean sostenibles y que también ayuden a afrontar el cambio climático. Nos sentimos abandonados por la estructura del Estado, porque son 60 días y no estamos sosteniendo las cosas”, finalizó.

En respuesta, la representante del Mincul, Ángela Acevedo, afirmó que si bien existe una deuda histórica con los pueblos indígenas estas no se van a resolver en apenas 60 días. Detalló que desde su sector existen cinco ejes de intervención para atender pueblos indígenas en comunidades: salud, abastecimiento, control territorial, comunicación y PIACI.

“Con los PIACI se tomaron acciones tempranas como cerrar el acceso a las áreas naturales protegidas. En abastecimiento estamos coordinando con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para tener una lista completa de las comunidades. Con respecto al tema de salud, se está trabajando con el Ministerio de Salud un decreto legislativo que enmarque la salud de los pueblos indígenas”, agregó Acevedo.

Para Silvana Baldovino, directora el Programa Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la SPDA, este escenario ha servido para analizar la efectividad del proceso de descentralización, resultados que se evidencian en la respuesta que cada gobierno regional está dando. “Los mismos gobiernos regionales han colapsado, los de Loreto y Ucayali pueden tener buenas intenciones, pero no han tenido respuestas rápidas. Hay un atraso muy fuerte en tema de educación y en otros sectores básicos”, indicó Baldovino.

«El tema del territorio es primero»

La lucha histórica de las comunidades por la titularidad de sus tierras venía siendo atendida desde el Gobierno antes de declararse el estado emergencia sanitaria. Para la directora de la SPDA, Silvana Baldovino, este es el momento para redoblar los esfuerzos al ser un tema que sostiene otras demandas de los pueblos indígenas.

“El territorio indígena es el mecanismo más fuerte utilizado para su propia protección. Debemos continuar dotándolos de seguridad jurídica y luego conversamos del acceso a servicios básicos. El tema de territorio es primero, porque a partir de ello vas a sacar el tema de salud, economía, etc. Vas a permitirles los niveles de protección, todo está ligado”, indicó Baldovino.

«En Ucayali hubo dos asesinatos por el tráfico de tierras. No queremos que Ucayali sea el nuevo VRAEM. Arbildo Meléndez fue asesinado porque están los patrones de cultivos ilícitos. Aquí tienen que intervenir los ministerios. Los pueblos se están organizando porque el derecho territorial es primero, pero existen también actividades ilícitas que vulneran ese derecho y es momento de decir basta», finalizó Lizardo Cauper.

Actualidad Ambiental en Vivo es un espacio de diálogo que busca posicionar la agenda ambiental con el fin de generar acciones sostenibles post emergencia sanitaria. Se transmite cada jueves desde las 10:30 am a través de nuestra página de Facebook.

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