En un reciente reportaje, el portal de investigación Ojo Público presenta el estado de algunos pueblos indígenas y sus demandas ante las medidas del Gobierno para frenar la propagación del coronavirus (COVID-19).

Según el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Lizardo Cauper, hasta el momento la información es escasa pero aun así han tomado algunas medidas como restringir el ingreso a sus comunidades por parte de foráneos. Asimismo, solicitó al Gobierno “aplicar una estrategia especial para la Amazonía. Queremos que coordinen con nosotros para poder controlar los caminos”.

En conversación con Ojo Público, Cauper también reclamó que haya “información en sus idiomas originarios, que no se entregue solo en la zona urbana, sino también en las comunidades, somos los más vulnerables. En nuestras comunidades no hay médicos, faltan medicinas y no tenemos agua potable”.

Esta medida de cierre de sus fronteras hasta el momento es la medida principal. En Madre de Dios, por ejemplo, han puesto letreros cerca del río para prohibir el ingreso de personas ajenas a las comunidades. Sin embargo, las actividades como la minería ilegal continúan y las medidas ante el Estado de Emergencia parece no afectarles.

En Loreto, las comunidades están acatando la cuarentena, pero ante las recomendaciones sanitarias, como el lavado de manos, resalta la carencia de servicios básicos como agua potable y alcantarillado. Otro servicio esencial que no está presente es el de salud. Algunas comunidades tienen que navegar de 6 a 8 horas, incluso días, para llegar a una posta médica.

En Ucayali, según Isaías Cairuna Nunta, líder de la comunidad nativa Caco Macaya, en la provincia de Coronel Portillo, señaló que no saben cómo actuar ante la emergencia, “sentimos que el Estado nos abandonó. No tenemos información de cómo actuar. Por ahora estamos aislados, hemos cerrado nuestras fronteras, pero no sabemos qué más hacer. Nuestras familias necesitan el bono económico de S/ 380 para subsistir”.

[Ver además ► Coronavirus: comunidades nativas piden ser incluidas en el subsidio monetario de S/ 380]

En Junín, las comunidades ashaninkas dijeron que también han cerrado sus fronteras, pero los traficantes de droga continúan circulando entre Junín y Cusco. “El tráfico de drogas no se ha detenido, y por eso pedimos la intervención de las Fuerzas Armadas para que haga respetar la cuarentena. No queremos un enfrentamiento con ellos (los narcotraficantes), estamos en emergencia y debemos protegernos”, dijo el líder asháninka Ángel Pedro Valerio, presidente de la CARE.

En Huánuco, donde existen 22 comunidades indígenas Yanesha, Asháninka, Cacataibo y Conibo, ubicadas en la provincia de Puerto Inca, el Gobierno Regional aún no ha brindado información a dichas poblaciones en su lengua original, pero que están elaborando una estrategia de intervención.

En San Martín, las comunidades awajún también se han aislado e incluso están protegiendo su territorio a través de grupos de vigilancia para evitar el ingreso de extraños a sus comunidades.

En Cusco, los servicios turísticos han cerrado y las comunidades también se han aislado, pero tampoco existe información en lenguas originarias. En Puno, las comunidades aymaras también han implementado medidas de vigilancia para saber quién sale y quién entra.

En Ayacucho se han reactivado los comités de autodefensas que lucharon contra el terrorismo, pero esta vez para controlar las carreteras de la zona, sobre todo en lugares como el distrito de Chungui, ubicado en la frontera entre Cusco y Apurímac, zona neurálgica del narcotráfico, el Vraem.

Ojo Público también recuerda que la Defensoría del Pueblo ha exhortado al Gobierno peruano a brindar información sobre la Covid-19 en lenguas indígenas. El Ministerio de Cultura ha producido y distribuido esta información en 11 lenguas originarias y cinco variedades de quechua; sin embargo, algunas federaciones –por ejemplo de Loreto–consideran que no están llegando con “claridad, seguridad y pertinencia”.

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DATO:

• En el Perú existen 55 pueblos indígenas: 4 en los Andes y 51 en la Amazonía. Ellos integran uno de los sectores con menos acceso a los servicios básicos: menos de la mitad (el 48%) tiene conexión a un sistema de desagüe, más del 30% no cuenta con agua potable permanente y de calidad y el 75,4% no tiene acceso a servicios de salud.