Foto: Agencia Andina

¿Cuánto ha avanzado el Perú para lograr proyectos de inversión sostenibles, previniendo y mitigando los posibles impactos? ¿Nuestro marco jurídico se ha desarrollado en la misma medida que la economía? ¿Se han previsto reglas de juego claras aplicables a los proyectos de inversión? ¿Estas medidas permiten cautelar el derecho a la vida, a la salud y a un ambiente saludable?

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Estas y otras preguntas son respondidas en el reciente informe publicado por la Defensoría del Pueblo: “El camino hacia proyectos de inversión sostenibles. Balance de la evaluación de impacto ambiental en el Perú”, un documento que tiene como objetivo evaluar el cumplimiento de las principales normas que regulan el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) por parte de las autoridades competentes.

También tiene como fin formular recomendaciones que contribuyan con el correcto funcionamiento del referido sistema, así como con la implementación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) y, de esta manera, cautelar el derecho a vivir en un ambiente equilibrado y adecuado para todos los peruanos y peruanas.

Según la Defensoría, el análisis consistió en la revisión del régimen normativo del SEIA; la identificación de principales obligaciones y entidades responsables de su implementación; la elaboración y aplicación de instrumentos de recojo de información (Fichas de Supervisión); el requerimiento de información por escrito a las entidades competentes respecto del avance en la implementación de las normas del SEIA; así como reuniones de trabajo con autoridades responsables; sistematización de los resultados de la supervisión y análisis de hallazgos; y finalmente en la elaboración del informe.

La publicación fue elaborada por la Adjuntía de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría.