Ayer, el diario El Comercio -a través de un editorial- hizo referencia a los proyectos de ley de temática medioambiental que hasta hoy no han sido promulgados por el presidente Alan García. Entre ellos destacan la moratoria por diez años para el ingreso de semillas transgénicas a nuestro país y la declaración de intangibilidad de la bahía de Ancón, con el fin de rechazar el proyecto portuario de Santa Sofía Puertos.

Llama la atención que, después de varias semanas de haber sido aprobados por el Congreso, el Ejecutivo siga sin promulgar varios proyectos de ley de indudable interés nacional, por ejemplo el que prohíbe por 10 años el ingreso de organismos vivos modificados (transgénicos) con fines de cultivo o crianza y el que declara la intangibilidad de la bahía de Ancón. Junto a ello, sigue pendiente un asunto realmente trascendental para la paz social, como la ley de consulta previa.

El país espera luz verde presidencial para estas iniciativas, que han merecido el consenso mayoritario de la representación parlamentaria y responden a un clamor por preservar recursos únicos y, finalmente, la gobernabilidad democrática.

En el caso de los transgénicos, lo que se busca es implantar una moratoria, pedida por amplias organizaciones de agricultores y de la sociedad civil, para prohibir el ingreso de ese tipo de organismos modificados genéticamente. Incluso, diversas regiones del país –también la provincia metropolitana de Lima–se declararon libres de transgénicos y demandaron al Gobierno la aprobación de una moratoria nacional.

Diversos especialistas han advertido que ese tipo de organismos constituyen una grave amenaza a la biodiversidad del país y conspiran contra nuestro futuro de ser una nación única en el mundo, proveedora de productos orgánicos y sin manipulación en sus genes, que tiene un mercado propio para la exportación.

En el caso del proyecto que declara la intangibilidad de la bahía de Ancón, esta iniciativa responde a la legítima demanda de sus pobladores que veían amenazado gravemente y de manera irreparable su entorno social, ambiental, comercial, turístico y urbano con la construcción de un megapuerto. Ancón es una bahía única, que cuenta además con una antigua historia de asentamientos poblacionales, que han dejado un legado arqueológico cuya riqueza sigue siendo objeto de estudio por los especialistas.

¿Por qué el Poder Ejecutivo demora la promulgación? No se trata de presionar al Gobierno a actuar fuera de los plazos previstos por la propia Constitución, cuyo artículo 108 otorga quince días naturales al presidente para la promulgación de las normas remitidas por el Parlamento. Preocupa sí que en el pasado, en otros casos, se haya dejado pasar ese plazo sin haberse pronunciado, como ocurrió con el proyecto de ley que exoneró de descuentos las gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad, y que terminó siendo promulgado por el Congreso de la República.

Finalmente, preocupa asimismo no solo la observación previa del Ejecutivo sino también la falta de interés del Congreso para poner nuevamente en debate el proyecto de ley de consulta previa, que establece mecanismos de diálogo y participación legítima que podrían evitar el estallido de conflictos sociales.

Este tema, que es una obligación del Estado conforme al Convenio 169 de la OIT y el reglamento de aplicación del derecho de consulta a los pueblos indígenas suscrito por el Estado Peruano, debe comprometer a todas las fuerzas políticas y las organizaciones sociales para que presten su aporte, dejando de lado agendas politiqueras, en un nuevo debate que lleve a un consenso legítimo para aprobar este trascendental asunto.