Presentan proyecto de ley que busca la protección de los defensores ambientales

Foto: Dan Collyns

En lo que va del año, cinco defensores de derechos humanos fueron asesinados y hasta la fecha no se registran responsables de estos hechos. En este contexto, y en el Día Internacional de los Derechos Humanos, el congresista Alberto de Belaúnde presentó el Proyecto de Ley 6762/2020-CR, con el fin de brindar un marco de protección a las defensoras y defensores de derechos humanos en el Perú.

En el #DíaInternacionalDeLosDDHH, quiero contarles que hoy he presentado un proyecto de ley que brinda un marco de protección a todos los defensores de Derechos Humanos en el Perú. #PorNuestrosDefensores

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— Alberto de Belaunde 🇵🇪 (@AlbertoBelaunde) December 10, 2020

“El objetivo es crear un marco legal que promueva, reconozca y proteja a las personas naturales y jurídicas que ejercen la defensa y promoción de los derechos humanos. También se busca establecer obligaciones, deberes y principios para todas las autoridades públicas con especial énfasis en los defensores y defensoras en situación de vulnerabilidad”, indicó el congresista durante un reciente foro vinculado a la protección de los defensores ambientales donde anunció la presentación de su propuesta legislativa.

¿Qué mecanismos legales para proteger a defensores de derechos humanos existe?

En los últimos 3 años, nuestro país incorporó en la legislación nacional medidas para garantizar la protección del derecho a defender. En el 2018, se aprobó el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, que reconoce a los defensores de derechos humanos como un grupo que se debe proteger, asimismo genera obligaciones de crear y gestionar un registro de la situación de riesgo de las personas defensoras. Sin embargo, este registro todavía no ha sido aprobado.

Otro avance hacia su protección se dio en el 2019, con la aprobación del “Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos” del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh). Este documento se enfoca en establecer acciones, elaboración de procedimientos y medidas de articulación en cuanto a este grupo vulnerable.

A pesar de estos mecanismos, en lo que va del año se han registrado cinco muertes de defensores de derechos humanos. De acuerdo a la Defensoría del Pueblo en abril, fueron asesinados Arbildo Meléndez Grándes (Huánuco) y Benjamín Ríos Urimishi (Ucayali), en mayo Gonzalo Pío Flores (Junín), en julio Lorenzo Wampagkit Yamil (Amazonas) y en setiembre Roberto Carlos Pacheco Villanueva (Madre de Dios), hijo del defensor ambiental y vicepresidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, Demetrio Pacheco.

«En nuestro país las personas defensoras atacadas respondían a conflictos que ocurrían en la Amazonía, ellos defendían su territorio del tráfico de tierras. Ellos en particular o en representación de sus comunidades denunciaron estos delitos, pero no fueron atendidos a tiempo«, detalló Luisa Ríos, coordinadora de la SPDA en Madre de Dios.

Líder indígena Arbildo Meléndez Grandes, jefe de la Comunidad Nativa Unipacuyacu (Huánuco), fue asesinado en abril de este año. Foto: Aidesep

«No podemos permitir más muertes»

En un reciente comunicado de la Defensoría del Pueblo, el adjunto para los Derechos Humanos, Percy Castillo, señaló que no se pueden esperar más muertes para tomar acción. «No podemos permitir que un defensor o defensora pierda la vida por defender los derechos humanos por el bien de toda la sociedad», indicó.

Asimismo, precisó la necesidad de la aprobación de una ley que promueva y proteja el derecho a defender los derechos humanos sobre la base de la Declaración de Naciones Unidas y que incorpore, además, estándares de distintos organismos internacionales y regionales.

«Resulta necesario que se busquen consensos para que se apruebe un verdadero mecanismo de protección para este grupo, que aborde el tema desde una perspectiva amplia y comprensiva, que no solo se active cuando un defensor o defensora de derechos humanos se encuentre en riesgo, sino que implemente medidas que busquen su reconocimiento, el respeto de todos sus derechos, la prevención de las violaciones a sus derechos, la investigación de los delitos cometidos en su contra, la sanción a los responsables y garantías de no repetición e indemnización», finalizó el comunicado.