• Asimismo, la propuesta presentada el último 6 de enero busca incluir como agravante a las personas que tengan la condición de guardaparque o líder indígena. 
• Desde el inicio de la emergencia sanitaria se han registrado 13 asesinatos a personas defensoras de derechos humanos, entre los reportados por las entidades del Estado y organizaciones indígenas.

La Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (Fenocoka) anunció este lunes la retención de Redy Rabel Ibarra Córdova, asesino confeso del líder indígena asháninka Arbildo Meléndez, asesinado el 12 de abril del 2020. Córdova fue capturado por la guardia indígena kakataibo que exige justicia y acción de parte del Estado luego que este fuese puesto en libertad por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Puerto Inca, en Huánuco. Este caso pone en agenda la urgencia de acceso a la justicia y reivindicación en los ataques a las personas defensoras de derechos humanos. Frente a ello, una reciente propuesta legislativa ofrece una alternativa a este problema. 

📄 #MininterInforma | Gracias a una estrecha coordinación entre la Fenacoka, los sectores Interior, Cultura, Ambiente, Justicia y la PNP, fue detenido en Huánuco Redy Rabel Ibarra Córdova, procesado por la muerte del líder indígena Arbildo Meléndez Grandez. pic.twitter.com/cNw1gmSXW4

— Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) January 12, 2022

El último 6 de enero, la congresista Heidy Juárez Calle de Alianza para el Progreso presentó el Proyecto de Ley 01106/2021-CR que busca modificar los artículos 108-A y 121 del Código Penal a fin de incorporar en los tipos penales de “homicidio calificado” y de “lesiones graves” un agravante cuando se trate de una persona que tenga la condición de guardaparque, líder o defensor ambiental. 

“Nos encontramos ante una necesidad de proteger la vida y la salud de los defensores del medio ambiente, quienes se han convertido en el blanco de las organizaciones criminales, dedicadas a realizar actos ilícitos en perjuicio de los recursos naturales y en consecuencia, del medio ambiente”, indica la propuesta de ley que hace mención a los casos de Jorge Ríos Pérez, guardaparque (Lambayeque); Arbildo Meléndez, líder indígena (Huánuco); Lorenzo ampagkit Tampik, guardaparque (Amazonas); Herasmo García, líder indígena (Ucayali); Mario Marcos López, líder indígena (Pasco) y Lucio Pascual Yumaga, indígena (Pasco). Sin embargo, se tienen registro de 13 asesinatos a defensores de derechos humanos, entre los reportados por las entidades del Estado y organizaciones indígenas, desde el inicio de la emergencia sanitaria.

«Es una buena propuesta, pero todavía limitada»

Desde la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) se presentó en el 2021 una serie de propuestas para mover una agenda ambiental que incluya los temas prioritarios para nuestro futuro, entre ellos fue mejorar el sistema de justicia para garantizar la implementación del enfoque de derechos humanos a través de la modificación del Código Penal.

“El proyecto de ley es bueno; pero todavía es limitado. Solo se habla de defensores ambientales, más no de defensores de derechos humanos que es lo que planteamos desde la SPDA. Muchos de los asesinatos que han ocurrido en los últimos años no son necesariamente ambientales, alcanzan otro tipo de derechos humanos, como es la defensa de los derechos colectivos, entre ellos la defensa de sus territorios”, indica Katherine Sánchez, abogada del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la SPDA.

De acuerdo al último informe de Global Witness, la lucha por el reconocimiento de los derechos sobre la tierra, en particular para las comunidades indígenas es clave para abordar la crisis climática. Investigaciones sugieren que áreas de conservación indígenas y comunitarias cubren más de una quinta parte del mundo; sin embargo, sin el reconocimiento formal de sus derechos sobre la tierra al menos el 16% se enfrenta a un alto riesgo de degradación causada por agronegocios e industrias extractivas. 

En esta línea, Julio Guzmán, procurador público del Ministerio del Ambiente, señala que si bien no es la solución, esta propuesta ayuda a visibilizar la actuación de los defensores ambientales. “Permite que por la gravedad de la sanción penal se priorice el esclarecimiento de sucesos de este tipo”, detalla.

«Esta propuesta es un avance, permitirá a las fiscalías que analicen si la persona fue agraviada por defender derechos, es una variable necesaria y obliga al Estado a una reparación. Lo que ha estado pasando es que se han dado sentencias comunes, pero con esta modificación se abre la posibilidad de un elemento reivindicativo relevante, y esto es justicia”, agrega Sánchez, abogada de la SPDA.