Elsa Vega, presidenta de la Sociedad Nacional de la Pesca Artesanal. Foto: Actualidad Ambiental

• Elsa Vega Pardo, presidenta de la Sociedad Nacional de la Pesca Artesanal (Sonapescal), destaca el riesgo de la sobreexplotación de los recursos marinos si se aprueba el Proyecto de Ley 5496/2022-CR.
• La propuesta ha sido presentada por el congresista José Pazo y buscaría formalizar a más de 2000 embarcaciones construidas ilegalmente.

“Para nosotros este proyecto es lesivo porque ya los recursos se están agotando y es ilegal, ya que el proceso de formalización terminó el 31 de julio de este año”, afirma Elsa Vega, presidenta de Sonapescal, organización que agrupa a más de 11 mil armadores del norte peruano. Para Vega, el Proyecto de Ley 5496/2022-CR, presentado en agosto por el congresista José Pazo, traería graves consecuencias para todo su sector.

“Ya tenemos los recursos agotados, el mar ya no aguanta más ‘madera’ [barcos] en el agua. Desde el 2015 el Estado insistió en que ya no se construyan más embarcaciones”, señala Vega. Además, la dirigenta destaca que el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) declaró en el 2021 a la pota y el perico como recursos plenamente explotados, es decir, deben tomarse medidas para evitar el agotamiento de estas especies en el mar. 

 

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En el caso de la pesca de pota, es la primera pesquería a nivel nacional, ya que genera 30 mil puestos de trabajo, tanto a tripulantes como a armadores (dueños de embarcaciones), mientras que el perico genera 40 mil empleos en toda su cadena productiva. “Ahora se ha reducido la pesca, quien está sufriendo más es el pescador ya que sale 15 o 18 días a pescar y ya no se cubren los gastos. Hay familias que sostener”, puntualiza la presidenta de Sonapescal.

Además, cuestionó que la Comisión de Producción no haya solicitado la opinión de la Dirección de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), teniendo en cuenta que “en el 2018 Dicapi negó la existencia de estas embarcaciones en la prueba de verificación”. Finalmente, reiteró el pedido al congresista Jorge Morante, presidente de dicha comisión, para que reciba a Sonapescal en su despacho. 

“Pedir a la Comisión de Producción que rechacen a este proyecto lesivo que atenta contra la pesca artesanal y la sostenibilidad, y le diría al congresista Pazo que sabe cuál es la situación de la pesca, pues es armador y pescador industrial, (…) que trabaje por proyectos que sumen a la región, no que destruyan a la pesca artesanal”, expresó Elsa Vega. 

El proyecto de ley de Pazo

En el mes de junio, el congresista Jose Pazo de Somos Perú presentó el Proyecto de Ley 5496/2022-CR, que busca incluir en la formalización a embarcaciones que no alcanzaron el periodo que culminó el 31 de julio de este año. Dicho proceso de formalización, conocido como Siforpa 2, tuvo hasta tres ampliaciones y consideraba como parte de sus requisitos iniciales la “verificación de existencia de la embarcación”.

Según un pronunciamiento firmado por organizaciones de pesca artesanal y de la sociedad civil, serían más de 2000 expedientes de embarcaciones las que no superaron dicha verificación de existencia, por lo que se considera que estas fueron construidas ilegalmente, ya que el Perú prohíbe la construcción de embarcaciones definitivamente desde el 2015. 

“Se correría el riesgo de incluir a barcos que ampliaron sus capacidades de bodega y a otros construidos ilegalmente ya que su existencia no fue comprobada durante el proceso de formalización y, por el contrario, fueron construidas luego del 2018 en astilleros, corralones y garajes”, señala el comunicado.

Por su parte, el Ministerio de la Producción (Produce) ha dado una opinión positiva sobre el proyecto de ley, ya que rescata una iniciativa que presentaron en el 2021. Sin embargo, diversas organizaciones pesqueras de la costa peruana han enviado cartas a la institución para alertar sobre el riesgo y oponerse a la propuesta normativa.

Además, una nota periodística de La República señala que dos de los hermanos del congresista Pazo son propietarios de un astillero en Piura, por lo que serían parte del público que podría ser beneficiado por esta ley.