• El Proyecto de Ley 3518/2022-CR busca que de ahora en adelante la decisión de protección de los PIACI recaiga en los gobiernos regionales, cuando en los últimos meses el Gobierno Regional de Loreto forma parte de una campaña que niega la existencia de estos peruanos.

Escribe: Melissa Sánchez / Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la SPDA

 

El pasado 11 de noviembre, Fuerza Popular presentó el Proyecto de Ley 3518/2022-CR, que modifica la Ley 28736, norma creada para la protección de pueblos indígenas en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial (“Ley PIACI”) y el artículo 47 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley 27867). Con ello, concedería a los gobiernos regionales la competencia del reconocimiento, mediante Ordenanza Regional, de la existencia de los PIACI; la categorización y extinción de reservas indígenas; y la conformación de una comisión revisora de las declaraciones de existencia de PIACI y reservas indígenas o territoriales ya reconocidas.

¿Quiénes son los PIACI y cómo están protegidos?

Ante esto, debemos recordar que los PIACI son grupos heterogéneos a nivel cultural pero que comparten ciertas características que hacen especialmente relevante su protección. Por ejemplo, algunas dependen directamente del ecosistema y territorio que habitan y, debido al poco o nulo contacto con la sociedad mayoritaria, son altamente vulnerables a nivel inmunológico, cultural, etc.

El Estado peruano tiene la obligación de garantizar los derechos de los PIACI, al igual que al resto de compatriotas, pero atendiendo sus particularidades y especial vulnerabilidad. Por ello, desde el 2006, contamos con un Régimen Especial Transectorial (RET) que tiene como ente rector al Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura (Mincul).  El RET es el conjunto de políticas públicas que tienen el propósito de garantizar los derechos a la vida y a la salud de los PIACI (Reglamento de la Ley PIACI) y, como tal, su diseño y supervisión es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo (art. 4, Ley 29158) pues las políticas nacionales y sectoriales consideran los intereses generales del Estado, aunque su cumplimiento sea responsabilidad de todos los actores y niveles de gobierno.

Por otro lado, las reservas indígenas (figura introducida por la Ley PIACI) son el mecanismo central para la protección de los PIACI y se caracterizan por su intangibilidad, salvo casos excepcionales. En la actualidad contamos con siete reservas indígenas y territoriales, gestionadas por el Mincul, que ocupan alrededor de 4 millones de hectáreas del territorio nacional. En este espacio, la población PIACI puede vivir con la seguridad y lejos de las amenazas que el menor contacto con la sociedad podría producirles.

[Ver además ►SPDA: Congreso fomenta extinción de indígenas en aislamiento a través de proyecto de ley]

¿Por qué el proyecto de ley presentado supone un riesgo para los PIACI?

A pesar de encontrarnos frente a un tema de derechos humanos y frente al bienestar de un grupo de peruanos y peruanas, existen voces que se oponen a su protección. Desde abril de este año, un grupo de la sociedad civil loretana viene argumentando que la Ley PIACI transgrede la soberanía nacional, apropiándose de miles de hectáreas de territorio amazónico. Para ellos, lejos de ser una figura destinada a proteger el territorio de los PIACI, su vida y la biodiversidad que alberga, estos territorios son un impedimento a actividades extractivas y de otra índole.

El Proyecto de Ley 3518/2022-CR busca no solo que de ahora en adelante la decisión de protección de los PIACI (materializada a través de las reservas indígenas) recaiga en los gobiernos regionales (quienes actualmente no tienen ninguna competencia en la materia), sino que también busca dejar sin protección a pueblos cuya existencia ha sido probada a través de la eliminación de las reservas ya existentes.

Consideramos que una modificación como la propuesta carece de toda justificación y solo puede traer consecuencias negativas, principalmente para los PIACI, pues su vida estaría a merced de los intereses de turno, pero también para el Estado peruano, que se encuentra obligado por nuestra Constitución, y a nivel internacional, a proteger a este grupo de compatriotas.

[Conoce a los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial en este especial multimedia]