• Casi 30 empresas importadoras y distribuidoras de pota y perico a nivel internacional, expresaron su preocupación frente al proyecto de ley del congresista José Pazo, que busca formalizar embarcaciones construidas ilegalmente. 

• Las pesquerías de pota y perico son dos de las más importantes en nuestro país en términos de generación de empleo y en exportaciones. Solo la pota, obtuvo un valor promedio de USD 500 millones en exportaciones durante los últimos cinco años. 

 

El Perú es el primer exportador de pota en América Latina y su pesquería genera alrededor de 30 mil puestos de trabajo a nivel nacional. Por ello, más de 20 empresas importadoras y distribuidoras de pota (calamar gigante), agrupadas en la Mesa Sectorial Global de la Cadena de Suministro de Calamar (The Global Squid Supply Chain Roundtable), han expresado su preocupación por el nuevo proyecto de ley impulsado por el congresista José Pazo, que beneficiaría a embarcaciones construidas o modificadas de manera ilegal. 

Por otro lado, la pesquería del perico (también conocido como mahi mahi o dorado) constituye la segunda pesquería artesanal más grande del Perú y genera más de 40 mil empleos a lo largo de toda su cadena productiva. Por ello, nueve empresas internacionales que importan y comercializan perico, agrupadas en la Mesa Sectorial Global de Mahi-Mahi (The Global Mahi Supply Chain Roundtable), también han manifestado su preocupación ante la posibilidad de incorporar dos mil nuevas embarcaciones a un nuevo proceso de formalización.

Según diversos especialistas, las embarcaciones que serían formalizadas se dedican a la pesca de pota y perico. En el caso del primero, el Instituto del Mar del Perú ha declarado al recurso como “plenamente explotado”; es decir, que se deben tomar medidas para su sostenibilidad. La preocupación de los compradores internacionales se suma a las más de doce organizaciones de pescadores y armadores que han enviado cartas al Congreso de la República, donde alertan el riesgo que significaría el ingreso de dichas embarcaciones. 

“Para las empresas de los mercados en los que operamos es clave garantizar que los productos que comercializamos provengan de orígenes responsables y estén libres de pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDNR)”, expresan los representantes de las empresas de pota en su comunicación.  

La exportación a mercados de Estados Unidos, Europa y Asia, donde tanto la pota y el perico son comercializados, exigen altos niveles de trazabilidad y calidad de los productos. Según explica Carlos Olivares, especialista de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), “para los compradores es importante que las empresas puedan demostrar que sus productos cuentan con trazabilidad; es decir, que se pueda verificar el origen de la pesca, que esta ha sido capturada por una embarcación formal, que cumple con todos los requisitos de ley e implementa buenas prácticas pesqueras”. 

Por este motivo, las mesas sectoriales globales de la Cadena de Suministro de Calamar Gigante y Perico, que reúnen a empresas estadounidenses y europeas, han enviado cartas al congresista Jorge Morante, presidente de la Comisión de Producción, que actualmente evalúa el proyecto del congresista Pazo. En el documento manifiestan su preocupación por el proyecto que formalizaría embarcaciones construidas ilegalmente y, que, de ser aprobado, podría perjudicar “la reputación y la credibilidad alcanzada por el Perú en los mercados internacionales”.

“Entendiendo los grandes desafíos que representa la sostenibilidad pesquera, seguimos de manera periódica los avances del proceso de formalización que ha tenido lugar (…). Creemos que priorizar nuestro suministro en Perú es clave en el largo plazo para asegurar condiciones socioeconómicas sostenibles en el país”, sostienen en el documento.  

Finalmente, la Mesa Sectorial Global de la Cadena de Suministro de Calamar aprovechó en señalar otros dos puntos que contribuirían a mejorar la imagen de la pesca peruana ante mercados internacionales: el establecimiento del monitoreo satelital en el 100 % de la flota artesanal peruana y la inscripción de las embarcaciones formales en el Registro Oficial de Embarcaciones de la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS). Mientras que la Mesa Sectorial Global de la Cadena de Suministro de Mahi-Mahi reiteró su apoyo al país para continuar con el manejo sustentable de sus recursos pesqueros.   

Motor de la economía nacional

A la comunicación enviada por las 29 empresas internacionales, se suma la posición de la Sociedad Nacional de Pesquería. En una carta enviada al congresista Morante, alerta sobre los riesgos de incluir a más embarcaciones en el proceso de formalización ya concluido. “Es inadmisible el ingreso de nuevas embarcaciones, no solo porque se estaría actuando ilegalmente al validar la construcción de embarcaciones construidas recientemente vulnerando el ordenamiento jurídico; sino porque, es inviable aumentar más el esfuerzo pesquero en nuestro litoral”. 

Por su parte, la Cámara Peruana de Calamar Gigante (Capecal) ha advertido sobre los impactos que implicaría la propuesta del congresista José Pazo para «la sostenibilidad de los recursos pesqueros de consumo humano directo, para la propia estabilidad de la flota pesquera artesanal que lleva casi cinco años en su proceso de formalización y para las miles de familias que dependen actualmente de esta actividad formal”. Finalmente, proponen la creación de un Grupo de Trabajo para ampliar el análisis sobre dicho proyecto de ley.  

El proyecto de ley 

El congresista piurano José Pazo presentó el proyecto de ley 5496/2022-CR el último mes de junio. Esta propuesta buscaría formalizar a más de 2 mil embarcaciones que no lograron obtener sus permisos de pesca en el marco del Siforpa 2, un proceso de formalización que estuvo activo por más de cinco años y culminó el 31 de julio de este año.  

Estas embarcaciones no pasaron la prueba de verificación de existencia al momento de su inscripción en el proceso (en el 2018) y no pudieron continuar con los trámites de formalización, por lo que se considera que fueron construidas luego de esa fecha, y de manera ilegal, pues en el Perú está prohibida la construcción de nuevas embarcaciones desde el 2015.