A través de un pronunciamiento, la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, hizo un llamado a representantes del Estado y dirigentes de la provincia cusqueña de La Convención a retomar el diálogo, paso necesario para evitar que el conflicto “se amplíe y se intensifique”.

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Para Merino, ambas partes deben poner en evidencia su voluntad de dialogar “en el entendido de que la autoridad pública tiene la obligación de dar curso legal y dialogante a las demandas sociales”.

“Por su lado, las organizaciones sociales deben ejercer su derecho a protestar, sin adoptar medidas que transgredan las leyes vigentes, como el bloqueo de carreteras y el impedimento de acceso a los locales de las entidades públicas que se registran en la zona del conflicto y que afectan a los derechos de la ciudadanía en general”, indica la nota de la Defensoría.

En este sentido, afirmó que “los espacios de diálogo que instituciones como la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo tratan de promover en La Convención se deben percibir como una oportunidad para explicar los alcances del Proyecto Gas de Camisea”.