Foto: Andina

• A 30 años de la aprobación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Defensoría del Pueblo invocó al Estado a implementar una acción coordinada a favor de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas que habitan en el país.

Hoy 27 de junio se cumplen tres décadas del Convenio 169 de la OIT, un tratado de derechos humanos vigente en el Perú desde febrero de 1995. Según la Defensoría, este instrumento ha permitido contar con normas, políticas e instituciones orientadas a atender los derechos indígenas. Sin embargo, la exclusión histórica sufrida por estos pueblos persiste, especialmente en el caso de los que habitan en la Amazonía.

El organismo destaca la aprobación de una Política Sectorial de Salud Intercultural, la cual demanda que el Ejecutivo y los gobiernos regionales incrementen la oferta de salud en las comunidades indígenas. De acuerdo al INEI, para el año 2017, solo un 44% de las comunidades cuenta con un establecimiento de salud, requiriendo especial atención los pueblos afectados por la contaminación por metales pesados como los ubicados en el Lote 192 y el pueblo Nahua de Santa Rosa de Serjali que se encuentra en situación de contacto inicial.

También destaca la aprobación de la Política y el Plan de Educación Bilingüe Intercultural. No obstante, rechaza los recortes presupuestales que han afectado el cumplimiento de las metas previstas. Asimismo, señala que es indispensable fortalecer la implementación de infraestructura educativa con pertinencia cultural, especialmente en residencias estudiantiles de zonas alejadas.

La Defensoría también resalta que el Ministerio de Agricultura y Riego y los gobiernos regionales hayan reactivado el proceso de titulación de tierras comunales e incrementado los recursos para su financiamiento. Sin embargo, pide simplificar los procedimientos de titulación para que esta se concrete en plazos razonables, teniendo en cuenta que diversas comunidades de todo el país esperan el reconocimiento de sus derechos de propiedad desde hace varios años.

[Seis preguntas y respuestas sobre los pueblos indígenas u originarios en el Perú]

Con relación al diálogo entre los pueblos indígenas y el Estado, la Defensoría resalta la aprobación de la Ley de consulta previa —modelo a seguir para la región— cuya aplicación ha permitido la realización de más de 40 procesos de consulta.

“A pesar de este avance, se encuentra pendiente que los procesos de consulta previa se realicen durante la evaluación de impacto ambiental de proyectos para la explotación de recursos naturales, gran infraestructura, entre otros, a fin de que se cumpla con garantizar el debido respeto de los derechos indígenas. Asimismo, hasta el momento el Congreso de la República no ha cumplido con adecuar su Reglamento para realizar la consulta previa de las leyes en el marco de su función legislativa”, indica el organismo.

“Con relación a la participación política indígena, está pendiente que el Parlamento realice cambios normativos que aseguren una verdadera representación indígena en los tres niveles de gobierno y en el Poder Legislativo. La discusión de las diferentes propuestas debe enmarcarse en el proceso de reforma política impulsado por el Poder Ejecutivo”, agrega.

Por otro lado, manifiesta que “urge resguardar la vida e integridad de los pueblos indígenas en situación de aislamiento que están gravemente amenazados por el narcotráfico, la explotación de recursos naturales, el turismo ilegal, entre otras actividades. Asimismo, es necesario que el Estado brinde adecuada protección a la población indígena que está en situación de contacto inicial. En ambos casos, el proceso de reconocimiento de las reservas indígenas que habitan estos pueblos tiene un retraso significativo”.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo expresó que a través de su Programa de Pueblos Indígenas continuará en la defensa y protección de los derechos de estos pueblos tal como lo ha venido haciendo desde su creación institucional.