Foto: SPDA
- El evento se centró en tres temáticas importantes: actividades ilegales en áreas protegidas, titulación de comunidades nativas y defensores ambientales.
Como parte de las actividades por el 35 aniversario de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), este jueves 25 se realizó el conversatorio virtual “Amazonía y territorio: propuestas para una gestión integral” con el fin de propiciar un espacio de intercambio para el debate y construcción de políticas públicas necesarias para abordar los desafíos para lograr una Amazonía sostenible y un territorio seguro para las poblaciones indígenas. Esta charla formó parte del evento El Perú que necesitamos: Propuestas para una agenda de desarrollo sostenible que culmina este viernes 26 de noviembre.
El conversatorio se centró en tres propuestas: la implementación del mecanismo intersectorial para la defensa de las personas defensoras de los derechos humanos, aprobada en abril de este año, y la necesidad de una ley para su protección. En segundo lugar, se abordó la problemática que generan las actividades ilegales en áreas naturales protegidas como es la minería y narcotráfico. Finalmente, se plantearon propuestas para agilizar el proceso de titulación de comunidades nativas para cerrar la brecha de titulación y garantizar los derechos sobre los territorios que ocupan ancestralmente los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI).
Defensores ambientales y brecha de titulación
Desde el inicio de la emergencia sanitaria, en marzo de 2020, se han registrado en el país el asesinato a 10 personas defensoras del ambiente, ocho de ellas integrantes de pueblos indígenas. En esta línea, Silvana Baldovino, directora del Programa Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la SPDA, precisó que «perder un defensor es mellar en nuestra confianza, en nuestra identidad y en nuestro liderazgo positivo que queremos como país y es aquí donde tenemos que entrar con fuerza».
Por su lado, el excongresista Alberto de Belaúnde señaló la necesidad de ratificar el Acuerdo de Escazú. «Uno de los retos es cómo ampliar su importancia a personas que no están a favor o involucradas en el tema ambiental. Para ello, uno de los elementos que debemos tomar en cuenta es el componente económico. Lo que permite este acuerdo es disminuir la conflictividad social, transmitir un claro mensaje hacia la seguridad jurídica y las inversiones. Espero que en este Congreso se pueda retomarse este debate», detalló.
Foto: Giancarlo Shibayama / SPDA
Respecto a la deuda histórica de lograr la titulación de los pueblos indígenas, el 2019 el expresidente Martín Vizcarra se comprometió a cerrar la brecha de titulación de las comunidades nativas para el año 2021, año del bicentenario de la independencia del Perú. Sin embargo, se sabe que la brecha a enero de 2020 alcanzaba a 680 comunidades nativas a nivel nacional, sin considerar a aquellos pueblos indígenas organizados en comunidades campesinas y tampoco a las comunidades nativas que no han sido reconocidas.
«En julio de este año la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego indicó que 874 comunidades nativas del país tienen un título de propiedad imperfecto, porque no tienen recogidos los límites de sus territorios de manera correcta», aseguró Katherine Sánchez, abogada del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la SPDA.
La primera propuesta que se planteó fue el fortalecimiento del rol de los gobiernos regionales mediante la transferencia de presupuesto con metas claras. En segundo lugar, lograr que esta transferencia tenga un ámbito para la georreferenciación. «Existen comunidades que han sido delimitadas con sistemas clásicos que hoy no son compatibles con nuestro sistema y que requieren atravesar este nuevo procedimiento para el cual no se han establecido metas ni presupuesto», agregó Katherine Sánchez.
Actividades ilegales en áreas naturales protegidas
«Los impactos de las actividades ilegales son enormes. Solo en el 2017 la minería ilegal generó la deforestación de 9700 hectáreas en la región. Además, en el 2015 especialistas en el Ministerio de Salud encontraron que el 41% de la población de Madre de Dios tiene niveles mayores al permitido de mercurio en su organismo. Las más vulnerables son las comunidades ribereñas por su estilo de vida», detalló Luisa Ríos, coordinadora de la Oficina Regional de Madre de Dios de la SPDA.
De acuerdo al Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público se sabe que entre el 2013 y 2017 Madre de Dios tuvo la mayor tasa de homicidios y feminicidios a nivel nacional. En ese mismo periodo, Madre de Dios ocupó el segundo puesto en tasa de sicariato. Acciones que están vinculadas directamente con la minería ilegal.
Respecto a trata de persona, una actividad vinculada a la explotación sexual y laboral, de acuerdo a un estudio de Promsex el 38% de las mujeres en La Pampa son explotadas sexualmente. Respecto a las denuncias por trata de personas, Madre de Dios ocupó el quinto puesto a nivel nacional en el 2019.
Foto: Fiscalía Especializada en Materia Ambiental
Entre las propuestas planteadas durante el conversatorio está la «calificación de la ejecución de actividades de minería ilegal y sus actividades preparatorias como ilícitos distintos a los delitos de contaminación en áreas protegidas. Esto supone un cambio en el código penal y una oportunidad para los operadores de justicia en la región», indicó Luisa Ríos.
Una segunda propuesta es sostener una estrategia a largo del tiempo, con presupuesto adecuado e indicadores de resultado que permita al Estado implementar de manera eficiente y adecuada el Plan de Restauración recientemente aprobado.
Asimismo, planteó la necesidad de establecer mecanismos, con presupuesto asignado, para asegurar una adecuada articulación entre los operadores de justicia y las autoridades administrativas para la atención conjunta contra las actividades ilegales. «Es importante contar con presupuesto para atender oportunamente los ciudadanos y usuarios del bosque para reducir esa sensación de impunidad que ellos sienten», precisó la coordinadora de Madre de Dios.
«El abordaje del problema no se limite a los delitos ambientales, se debe tener una mirada integral como es el abordar estas acciones como crimen organizado. Hace unos días el presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, Víctor Zambrano, indicó que entre la última semana de octubre y la primera semana de noviembre el comité recibió tres alertas de ataques contra familiares que advierten estas actividades ilegales«, enfatizó. Finalmente, consideró que es necesario considerar las voces de las comunidades en término de estrategias de intervención del territorio.
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