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El Observatorio de Minería Ilegal (OMI) presentó un documento que contiene 10 propuestas para la formalización de la minería artesanal y pequeña minería (MAPE) en el Perú, con el objetivo de fomentar una minería responsable que cumpla con estándares sociales y ambientales, y para contribuir al debate respecto a una nueva ley sobre esta actividad.

El documento, presentado en el evento “Aportes y propuestas para una minería formal y sostenible: impulsando la pequeña minería y minería artesanal”, organizado por el OMI y la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, fue elaborado de manera colectiva por especialistas de las organizaciones que conforman el observatorio.

Uno de los temas destacados fue el análisis del fracaso del Registro de Ingresos de Formalización (Reinfo), cuyo funcionamiento -según el OMI- no ha cumplido su objetivo.

En el citado evento, Jorge Luis Montero, ministro de Energía y Minas, señaló que es “urgente recentralizar las competencias de formalización en el ministerio. La solución más eficaz para la formalización es a través de los mecanismos de mercado, otorgando incentivos financieros o comerciales para que los mineros se sientan motivados a formalizarse”. En respuesta, el OMI propone una “diferenciación clara entre pequeños mineros y grandes mineros, y un fortalecimiento del proceso ordinario de formalización”.

Angela Grossheim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, resaltó la falta de apoyo por parte del Estado. “Claramente no ha habido un acompañamiento del Estado para que la MAPE se formalice, ni tampoco se ha realizado una fiscalización efectiva de los procesos”, indicó Grossheim. Ante ello, entre los puntos claves para la nueva ley MAPE, el OMI sugiere que el Gobierno central se encargue de la fiscalización, con supervisión de entidades como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

Por su parte, Griselda Zubizarreta, presidenta de la Red de Mujeres MAPE, comentó que uno de los principales errores en la política pública es no abordar la problemática de manera integral. “No ha habido coordinación entre las distintas instituciones del Estado. Esto ha generado un desorden territorial y conflictos sociales, lo que agrava la situación en las zonas mineras”, destacó. En este punto, el OMI sugiere la inclusión de “zonas especiales para la MAPE” y promover “el uso de tecnologías limpias”, como la eliminación del mercurio y el control de combustibles.

En su intervención, la congresista Diana Gonzales (Avanza País), vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, advirtió sobre los riesgos de politización del debate debido a la cercanía de las elecciones generales de 2026. “La demora del Gobierno para abordar la crisis del Reinfo podría politizar el debate, afectando el avance hacia una minería formal y sostenible en el país”, señaló Gonzales.

El evento concluyó con un llamado a fortalecer el marco legal y las políticas públicas relacionadas con la minería artesanal y pequeña minería, con un enfoque integral que contemple los aspectos sociales, ambientales y económicos de este sector.

Dato:

• El documento fue elaborado gracias al proyecto “Reduciendo el avance de la minería ilegal de oro y sus impactos en áreas prioritarias de biodiversidad, corredores de conservación y paisajes transfronterizos de Colombia, Perú y Brasil”, con el apoyo financiero de la Fundación Gordon & Betty Moore.

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