Tras este evento realizado en Quito (Ecuador), el cual reunió a representantes de las partes del Acuerdo de Escazú, especialistas reconocidos en el tema, defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, pueblos indígenas y personas o grupos en situación de vulnerabilidad que defienden el medio ambiente, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) elaboró un documento con propuestas para fortalecer los objetivos del Acuerdo de Escazú en los aspectos relacionados al acceso de justicia y derechos humanos en asuntos ambientales.  

“Propuestas para fortalecer el acceso a la justicia y la defensa de derechos humanos en materia ambiental, en el marco del Acuerdo de Escazú”, un documento elaborado por especialistas de la SPDA, plantea recomendaciones de política para la protección proactiva y defensa de los derechos humanos en asuntos ambientales a través de la consolidación de los mecanismos de acceso a la justicia ambiental; además, desarrolla consideraciones esenciales para la promoción, protección y defensa de los derechos de las personas defensoras del ambiente. 

Como se recuerda, el Acuerdo de Escazú es un tratado sobre derechos humanos, particularmente ambientales, que incluye disposiciones para asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de acceso a la información, participación pública y acceso en asuntos ambientales; además, incluye expresamente como disposición el trabajo para la protección y reconocimiento de personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.

“Luego de la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú y en el marco del proceso de su implementación en la región, desde la SPDA elaboramos el presente documento que desarrolla el análisis y aportes legales a fin de contribuir con su implementación en el país y la región”, señala la SPDA. 

La institución, además, señala que continuará promoviendo que el Perú –a través del Congreso de la República– ratifique el Acuerdo de Escazú “porque representa una herramienta sin precedentes donde se involucran desafíos comunes y mejoras que nos benefician a todas y todos los peruanos”. 

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Foto: CEPAL

¿Por qué fue importante este primer foro? 

Katherine Sánchez, abogada del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la SPDA, señala que esta primera reunión fue “un importante espacio de intercambio y reflexión que refirmó la necesidad de contar con mecanismos efectivos y eficaces para garantizar la protección de las personas defensoras y, en paralelo, garantizar el acceso a la justicia ambiental para resolver los problemas estructurales que colocan en riesgo a estas personas. Ambas estrategias deben avanzar en paralelo para lograr erradicar las amenazas que existen en la región por defender el derecho humano al medio ambiente sano”. 

Asimismo, resaltó que el foro “permitió acercar a personas defensoras a actores de gobierno, quienes observaron las similitudes entre los contextos en la región, lo cual deja en claro la necesidad de trabajar en estrategias que trasciendan fronteras, respuestas en bloque a problemas clave como el avance de actividades ilegales en la Amazonía”. 

Sánchez también explicó que este espacio “constituyó el inicio del proceso de construcción del Plan de Acción sobre Defensoras y Defensores del Acuerdo de Escazú, herramienta que orientará a los países que ratifican el acuerdo y que puede servir de base orientativa para todos aquellos otros que busquen garantizar el derecho humano a defender derechos”. 

“Bajo esta premisa, la SPDA ha elaborado propuestas concretas para este plan, que pueden ser aplicadas para garantizar la efectividad y transparencia en la aplicación de cualquier mecanismo o medida normativa de protección de personas defensoras, garantizando el cumplimiento de estándares internacionales sobre la materia”, afirmó la especialista. 

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Por su parte, Fátima Contreras, abogada del Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA, señaló que el mencionado evento “es el resultado de la puesta en marcha del proceso de implementación del Acuerdo de Escazú en la región. Este espacio significó un importante avance en el multilateralismo de la región para trabajar e impulsar mejores y mayores mecanismos de protección para efectivizar los derechos humanos ambientales”. 

Contreras también recordó que Perú aún no forma parte de los países que han ratificado el Acuerdo de Escazú, pero consideró que pese a ello “es necesario que sigamos trabajando en la evolución y consolidación de los mecanismos de acceso a la justicia ambiental a fin de garantizar una protección proactiva de nuestros derechos. Sumarnos a este proceso formalmente nos daría una oportunidad valiosa para avanzar de la mano con los demás países y aprender el intercambio de experiencias”. 

Finalmente, resaltó que “no se debe olvidar que hablar del Acuerdo de Escazú es hablar de derechos humanos. Darle la espalda al acuerdo en un contexto como el nuestro es dejar de lado el trabajo para elevar estándares que nos permitan un ejercicio adecuado y óptimo de nuestros derechos ambientales. No solo significa paralizar esta evolución sino es retroceder en esta ruta”. 

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