La ministra de Justicia, Rosario Fernández, anunció que este miércoles el Consejo de Ministros discutirá las propuestas que los gobiernos regionales hicieron respecto a los decretos de urgencia 001-2011 y 002-2011. Muchas de esas autoridades regionales solicitaron sustituir, o en algunos casos mejorar, aquellas normas.

“Nosotros, como representantes del Ejecutivo, debemos llevar preliminarmente estas propuestas al Consejo de Ministros para su discusión y conocer el planteamiento que han expuesto los presidentes regionales y representantes de gremios empresariales”, señaló la ministra Fernández.

Luego de la reunión sostenida hoy en la sede del Ministerio de Justicia, donde participaron los representantes Conferencia Episcopal, presidentes regionales, la Defensora del Pueblo y el Ministro del Ambiente, Rosario Fernández anunció que algunos presidentes regionales pidieron la derogatoria de los decretos, mientras que otros plantearon la modificación o sustitución.

Entre las propuestas planteadas figura la necesidad de integrar a la Asamblea de Gobiernos Regionales en la toma de decisiones del Estado, tener participación en Proinversión y prepublicar las normas del Ejecutivo para su análisis.

DEFENSORÍA REITERÓ OBSERVACIONES A DECRETOS

Por su parte, la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, exhortó al Congreso de la República a ejercer facultades de control de la constitucionalidad, en vista de que mediante el análisis de los decretos de urgencia se concluye que estos no responderían a una coyuntura adversa e imprevisible, requisito que ha sido señalado en reiteradas y uniformes sentencias del Tribunal Constitucional.

Para Beatriz Merino es crucial armonizar la promoción de las inversiones económicas con el deber estatal de respetar y promover los derechos fundamentales de las personas y de las comunidades, el cuidado ambiental y la prevención de los conflictos sociales.

Asimismo, propuso tres medidas prioritarias: “Primero, implementar un mecanismo de coordinación formal y permanente entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales, especialmente en materia de planificación y desarrollo”.

En segundo lugar propuso “recurrir a la figura de pre publicación de las normas, a fin de dar oportunidad a las entidades del Estado y a los ciudadanos de expresar sus opiniones para perfeccionar las normas y generar consensos”. La tercera medida consiste en “considerar las implicancias sociales de las normas, previniendo las reacciones sociales que pudieran generar”.

“Tengo la firme convicción de que las autoridades competentes sabrán adoptar las medidas que salvaguarden el derecho constitucional de gozar de un ambiente adecuado para la vida, así como que contribuyan a la construcción de una cultura de diálogo y de paz”, sostuvo finalmente Merino.