Foto: Diego Pérez / SPDA

• Congresista Eduardo Salhuana (APP) propone que gobiernos regionales tengan la capacidad de decidir sobre territorio donde existe presencia de pueblos indígenas, procesos técnicos que limitan los usos forestales y diversos ecosistemas frágiles.

Días previos a los comicios de las Elecciones Regionales y Municipales 2022, la Defensoría del Pueblo alertó que el 81 % de los virtuales gobernadores regionales se encontraban involucrados en uno o más casos de corrupción en trámite. Un ejemplo es el actual gobernador de Madre de Dios, Luis Otsuka (Renovación Popular), quien enfrenta nueve investigaciones fiscales y que, en 2015, construyó una carretera ilegal en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Amarakaeri cuando era gobernador de la misma región. 

Este no parece ser un dato menor, si consideramos que en la gestión que terminó, funcionarios de los gobiernos regionales de Ucayali, Loreto y Madre de Dios estarían involucrados en organizaciones criminales vinculadas al tráfico ilegal de madera como es el caso de ‘Los Duros del Amazonas’, que según el Ministerio Público, está conformada por 45 integrantes entre funcionarios públicos y empresas que extraen madera ilícita de los márgenes de los ríos Curaray, Arabella y Mazán en Loreto.

Sin considerar esta información, el congresista Eduardo Salhuana, del partido Alianza Para el Progreso (APP), presentó el  Proyecto de Ley 3912-2022 para intentar modificar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley 29763), incluyendo una disposición similar a la impulsada por la Comisión Agraria a fin de convalidar los títulos de propiedad y constancias de posesión ilegalmente otorgados en perjuicio del patrimonio forestal y de fauna silvestre y la afectación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y originarios. 

Cabe recordar que, el pasado 11 de enero, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología aprobó, por mayoría, el dictamen de allanamiento que recomienda archivar el proyecto promovido por la Comisión Agraria, precisamente por los efectos perjudiciales de la referida disposición.

Salhuana se une a otros representantes del Poder Legislativo que, buscarían debilitar la institucionalidad y los pocos mecanismos existentes para proteger nuestro patrimonio natural, pero su propuesta incluso podría ser aún más peligrosa al dotar de diversas facultades a los gobiernos regionales. 

Afectación a la Ley Forestal   

Según Patricia Torres, especialista legal del Programa de Bosques y Servicios Ecosistémicos de la SPDA, la propuesta del congresista Salhuana «atenta contra el principio constitucional de unidad del Estado, pues pretende que las opiniones técnicas del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), necesarias para el ordenamiento forestal, no sean aplicables». 

Asimismo, agrega que este proyecto busca que «la zonificación forestal sea aprobada mediante una ordenanza regional, con asistencia técnica del Serfor, y no mediante resolución del Ministerio del Ambiente (Minam) como establece la norma». 

«Este proceso es obligatorio y permite definir las alternativas de uso del recurso forestal y de fauna silvestre, respetando los derechos de las poblaciones locales. Se integran aspectos ecológicos como la fragilidad de los suelos y el tipo de bosque», explica la especialista de la SPDA.

Finalmente, si se aprueba esta propuesta legislativa, «las autoridades regionales podrían establecer bosques de producción permanente (BPP), a través de una ordenanza regional, dejando de lado el mecanismo establecido según el cual son propuestos por el Serfor y aprobados mediante resolución ministerial del Ministerio de Desarrollo Agrrio y Riego (Midagri)».

Cabe resaltar que estos bosques son áreas cuyas condiciones permiten el aprovechamiento sostenible de recursos forestales donde es posible la extracción de madera, extracción de productos no maderables y el aprovechamiento de los servicios ecosistémicos. 

Actualmente, la autoridad regional forestal y de fauna silvestre puede elaborar directa -o a través de terceros- el Plan Maestro de Gestión. Este documento incluye la identificación de los BPP, rutas de acceso y puntos de control. Sin embargo, es el Estado el encargado de realizar la evaluación de impacto ambiental y la consulta a la población sobre la propuesta. 

[Ver además ►¿Por qué modificar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre significaría un riesgo para la Amazonía peruana?]

Dato:

• El actual congresista Eduardo Salhuana trabajó como Gerente General Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios (2015), junto a Otsuka, y fue quien aseguró que la construcción de la carretera entre Nuevo Edén y Puerto Shipetiari no afectaría al Parque Nacional del Manu ni a la Reserva Comunal Amarakaeri. En la actualidad, la carretera facilita el ingreso de taladores ilegales y buscadores de oro en estas zonas protegidas.