El julio pasado, el Consejo Regional del Gobierno Regional de Piura aprobó por 6 votos a favor, de un total de 8, una ordenanza regional que permitiría la formalización de aproximadamente 1600 embarcaciones pesqueras artesanales en territorio piurano.

Al respecto, el ministro de la Producción, Raúl Pérez-Reyes, observó la norma regional y señaló que “la competencia para el ordenamiento pesquero es del ministerio, pero eso no implica que el Gobierno Regional no participará en el proceso de formalización”.

Según Pérez-Reyes, «el decreto legislativo definirá cuál será esa participación”, en referencia a un proyecto de decreto legislativo que busca enmarcar el proceso de formalización de pescadores artesanales y que espera ser aprobado en las próximas semanas.

Como se sabe, en los últimos años, el Gobierno central no ha logrado solucionar el problema de la informalidad en este sector. Solo el Ministerio de la Producción se limitó a proponer un programa piloto de formalización temporal mediante la emisión de permisos cooperativos.

Debido a ello y a la presión de las asociaciones de armadores artesanales que se dedican a la pesca de pota y perico, quienes buscan formalizarse sin acogerse a la asociatividad, el Gobierno Regional de Piura elaboró una propuesta para otorgar permisos de pesca empleando la metodología del comanejo (involucrando a los actores mismos en el diseño de la solución del problema) que se encuentra cerca de concretarse mediante la promulgación de la ordenanza regional.

Divisan riesgos

Para el dirigente Milton Delgado, el decreto legislativo que promueve el Ministerio tendría “muchas ambigüedades” que no responden a las demandas del sector:

“Es un decreto legislativo que para nosotros no es confiable […]. Nos dice Ivan Gonzáles, que trabaja en el área de Políticas del Ministerio, que los permisos artesanales son competencia de los gobiernos regionales, pero el ministro dijo otra cosa. No saben cómo sustentar el centralismo”, señaló Delgado.

La iniciativa del Ministerio de la Producción es rechazada por los pescadores (tanto de asociaciones como cooperativas) porque deja abierta la posibilidad de que embarcaciones que extraen anchoveta, caballa u otros recursos obtengan también permisos para pescar pota y no descartan el inicio de una huelga.

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“Entrarían más embarcaciones [a pescar]. Entonces, ¿qué van a pescar los artesanales?”, objetó la asesora del Gobierno Regional de Piura, abogada Indira Fabián, quien agregó que la cuarta disposición del proyecto del decreto legislativo tendría errores porque incluye a las embarcaciones de menor escala, cuando la norma buscaba regular solo la pesca artesanal.

“Técnicamente está mal elaborado. La menor escala es de 0 a 32.6 m3 [de bodega], cuando predomina el trabajo mecanizado. Entonces, ¿solo este universo se va a dedicar a pota y perico? La ley general de pesca establece que es artesanal cuando predomina el trabajo manual”, dijo Fabián.

Por su parte, el director regional de la Producción, Agustín Campos, consideró que el problema está legalmente resuelto tras la aprobación de la ordenanza por parte del Consejo Regional. Por ello, una vez que se publique la norma, el Ministerio tendría que acudir al Tribunal Constitucional para oponerse formalmente.

“El Gobierno Regional es competente de manera compartida con Producción. No entendemos por qué creen que se está lesionando la ley. Si queremos vivir en tranquilidad social, las normas deben respetarse”, manifestó Campos.

 

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