Foto: Diego Pérez / SPDA

• La Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales del Minam buscará una reparación que refleje la verdadera afectación al ecosistema y las personas que se sostienen económicamente de ella. Será la primera demanda civil que se interponga en el país en representación de intereses que involucran a la ciudadanía en su conjunto.

Tras el derrame de más de 6 mil barriles de petróleo en la refinería La Pampilla, operada por Repsol, diversas acciones se están realizando para determinar responsabilidades por la contaminación del mar, el atentado contra la fauna marina y los recursos hidrobiológicos, el daño de dos áreas naturales protegidas, y la afectación al trabajo de cientos de pescadores artesanales y operadores turísticos.

De acuerdo a las normas peruanas, “quien genera el daño ambiental está en la obligación de asumir los costos de su reparación, independientemente de si el daño se produjo por negligencia o de manera accidental”, detalla Percy Grandez, especialista del Programa Gobernanza Marina de la SPDA. Asimismo, agrega que en este caso -considerado uno de los mayores desastres ambientales en la historia del país- la empresa Repsol tendrá que enfrentar responsabilidades en el ámbito administrativo, civil y penal.

Ámbito administrativo 

Cuando ocurre este tipo de desastre ambiental, explica el procurador público del Ministerio del Ambiente, Julio Guzmán, “existen distintas entidades que intervienen con un rol fiscalizador. En este caso han intervenido el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Dirección general de Capitanías y Guardacosta (Dicapi), así como el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), ya que las competencias son compartidas y también porque el daño involucra a fauna terrestre y dos áreas naturales protegidas. Cada uno de ellos ya ha tomado cartas en el asunto y están elaborando sus propios informes y los procedimientos administrativos que la empresa responderá por ello”. 

Foto: Diego Pérez / SPDA

Ámbito penal y civil

Ante el derrame frente al mar de Ventanilla, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Lima Noroeste abrió una investigación por el presunto delito de contaminación ambiental contra los representantes legales, funcionarios de la refinería La Pampilla, así como los que resulten responsables por el derrame que continúa afectando a la fauna y flora del litoral peruano. 

Actualmente, la FEMA está trabajando, junto con agentes de la Policía Ecológica, Dicapi, Serfor, OEFA y técnicos del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

Por el lado de la criminalización de los hechos, en la legislación peruana la contaminación tanto dolosa como culposa representan un delito que tiene como pena hasta seis años. “En caso se determine que haya delito agravado, que sería ocultamiento de información -que es una de las líneas de investigación de este proceso, ya que hasta el día 17 de enero es cuando recién se sabe del incidente-, la pena podría aumentarse”, detalla Julio Guzmán en conversación con Actualidad Ambiental. 

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Por el momento, cuatro altos ejecutivos de Repsol, encargados de controlar el riesgo de la producción han sido incluidos en la investigación. Entre ellos se encuentran los gerentes de Producción y de Medio Ambiente de la empresa, a los que se les solicitará sus declaraciones ante el Ministerio Público.

“En este caso desde la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales va a colaborar solamente con la Fiscalía para determinar la responsabilidad penal, pero la reparación civil la vamos a ver por la vía civil. De lo que tengo entendido, este tipo de intervención no se ha hecho antes y es porque requiere de mucha colaboración técnica”, detalla Guzmán.

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Guzmán también explica que la propuesta es ir por la vía civil a través de una demanda. En este caso (derrame del 15 de enero) existen múltiples actores afectados, además de una multiplicidad de ecosistemas que involucra dos áreas naturales protegidas.

“La valoración tiene muchas dimensiones. Adicionalmente, la afectación ha llegado a la gente que vive del ecosistema, me refiero a los pescadores y todos los que comparten la actividad económica. Estamos en la búsqueda de la justicia plena”, señala Julio Guzmán y agrega que todavía no se ha fijado un monto hasta terminar con el empadronamiento de las personas directamente afectadas por el derrame para tener una real dimensión del daño. 

🚨#DerrameRepsol | 4 directivos de Repsol podrían ir hasta 7 años a la cárcel, según Minam.
▶️El procurador público del Ministerio del Ambiente informó que, de comprobarse que los directivos falsearon información, se aplicarían sanciones penales. https://t.co/u1xTuQaFnl pic.twitter.com/jS4rKb9VjD

— Actualidad Ambiental (@actualidadspda) January 27, 2022