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Guillermo Reaño / Viajeros

Como informáramos hace unos días, el Poder Judicial admitió la demanda por daños y perjuicios interpuesta por Indecopi contra Repsol y cinco empresas más por los daños que generó el derrame de petróleo en Ventanilla. Sobre este proceso y la conformación de una Comisión Multisectorial nombrada por el Ejecutivo con el fin de garantizar una adecuada reparación e indemnización al Estado, hablamos en exclusiva con el abogado Julián Palacín, presidente del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

Hace unos días, el 27° Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia admitió a trámite la demanda por indemnización por daños y perjuicios presentada por Indecopi, quisiéramos que nos cuente cómo se gestó la medida que ha sido recibida con entusiasmo por la opinión pública.

Bueno, apenas ocurrido el derrame de petróleo, como presidente de Indecopi y como peruano tomé interés en el caso y empecé a dar ciertas declaraciones a través de comunicados de prensa de la institución, opinando respecto a la responsabilidad civil contractual en este tipo de casos donde hay contratación de pólizas de seguro por actividades riesgosas o peligrosas. En ese sentido, la demanda interpuesta es la consecuencia de un trabajo de casi dos o tres meses donde hemos analizado y hemos preparado una demanda, reclamando la indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad civil objetiva de Repsol.

Para que se entienda, ¿la demanda que hace Indecopi no es necesariamente una demanda por temas ambientales?

Nosotros demandamos en representación de los intereses difusos. ¿Qué quiere decir esto? El artículo 82 del Código Procesal Civil determina que en casos donde hay consumidores, Indecopi tiene la legitimidad para obrar. ¿Dónde está la legitimidad para obrar en este caso? Todos los terceros afectados beneficiarios de una cobertura de responsabilidad civil contractual son considerados consumidores directos. Son terceros, sí, pero son terceros beneficiarios cuando hay una póliza de seguro vigente. Las actividades riesgosas o peligrosas que realiza Repsol cuentan con pólizas de seguro. Nosotros, en representación de la colectividad, estamos demandando por el daño moral colectivo y también por el lucro cesante de una población que estimamos en aproximadamente 700 mil personas.

Insisto, no se trata de una medida que contradice lo actuado por la Procuraduría del Ministerio del Ambiente. En Actualidad Ambiental hemos hablado al respecto con el procurador Julio Guzmán.

Es importante esta pregunta que me hace. Debo aclarar que la demanda de Indecopi no tiene que ver con temas ambientales, ese tema es de responsabilidad del Ministerio del Ambiente, y desde hace unos días de la Comisión Multisectorial de naturaleza temporal que ha sido creada para garantizar la adecuada reparación e indemnización al Estado. Ojo, se trata de dos asuntos distintos: la indemnización al Estado es una cosa y la indemnización a la colectividad, a los consumidores, a los terceros afectados es otra muy diferente.

¿Y encuentran que hay un daño cuantificable, objetivo, sufrido por la colectividad?

Nosotros, como Indecopi, representamos a la colectividad y estamos demandando a Repsol por el daño moral colectivo; es decir, por la afectación síquica o física que sufren los pobladores por el simple hecho de que se ven frustrados al no poder usar su tiempo libre en lugares de esparcimiento como son las playas. Ya hemos tenido un verano afectado. Estamos a menos de cuatro meses de que empiece el siguiente verano y hay muchas playas que continúan contaminadas y la declaración de emergencia sanitaria en estos espacios todavía continúa. La afectación en la línea del tiempo y el lucro cesante de estas personas y el daño moral colectivo permanecen. Nosotros hemos hecho una aproximación por un año de afectación, esperamos que esto se levante y no continúe, pero esto podría continuar.

Volvamos a la creación de la llamada Comisión Multisectorial que usted menciona. De alguna manera su convocatoria podría entenderse como un espaldarazo a los esfuerzos que Indecopi viene haciendo en defensa de los derechos de los consumidores. Recordemos que dicha comisión convocada por la presidencia del Consejo de Ministros reúne a los representantes de los ministerios de Justicia, Energía y Minas y Ambiente.

El mensaje que da la presidencia del Consejo de Ministros al crear esta Comisión Multisectorial especial es que se va a preparar una demanda que entiendo la va a firmar el procurador del Ministerio del Ambiente y el ministro Rozas, porque ellos son los titulares en representación del Estado por el ecocidio de Repsol. La responsabilidad civil es algo muy simple, las empresas no se pueden escapar de esto. Para daños ambientales se utiliza la responsabilidad objetiva desarrollada por el Código Civil, allí se habla del daño moral y sobre ese tema hay mucha jurisprudencia al respecto. El daño moral colectivo lo recoge la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Perú es parte de esa corte, nosotros nos basamos en esto para nuestras demandas.

Estamos hablando de una comisión que va a reunir toda la documentación recabada hasta este momento…

Sí, nos queda claro que aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso como la actividad petrolera cauce un daño a otro está obligado a repararlo. Son temas que se van a debatir en este proceso y el Perú tiene una oportunidad histórica para resolver un contencioso a través del poder Judicial en las dos instancias competentes. Se abre una gran oportunidad a través de esta Comisión Multisectorial para que el Ministerio del Ambiente presente una demanda por daño al medio ambiente, presentándose como litisconsorte con la demanda que ya fue admitida a trámite por el Poder Judicial.

Entiendo, resarcir a los consumidores y resarcir al Estado por los daños ambientales sucedidos.

El dinero que van a pagar las empresas responsables va a servir para que el Estado tenga los recursos para remediar los daños, pero ¿cómo remediarlos apropiadamente si son 150 km de litoral afectado, el agua de mar no diluye el petróleo? Lo que ha ocurrido es de magnitudes incalculables. Se va a tener que llegar a una fórmula que determine cuánto dinero, cuantos dólares se tiene que pagar por cada metro cuadrado dañado. Lo que estamos buscando es crear un precedente para que los que generan daños ambientales tengan que pagar por ellos.

¿Podríamos considerar que se trata de un caso inédito para Indecopi?

Es la primera vez que Indecopi presenta una demanda en representación de los intereses difusos de los consumidores. Para nosotros, es indudable que hay responsabilidad civil por riesgo. Consideramos que la historia nos va a dar la razón y se va a estudiar este caso en todos los países del mundo porque nunca se había planteado este tema en defensa de intereses colectivos, ni siquiera en el emblemático caso Exon-Valdés.

Me imagino que también va a marcar un precedente para las empresas.

Esto va a marcar un precedente también para las compañías de seguro. Las coberturas que las empresas petroleras han contratado en los mercados nacionales son de montos irrisorios. 260 millones de dólares en coberturas son montos ínfimos, esa cantidad de dinero no alcanza para afrontar situaciones como la de Ventanilla. Solo para dar un ejemplo, en las coberturas que contratan los aviones comerciales, los Airbus, los Boeing, los montos alcanzan cifras que superan los 1000 millones de dólares porque un accidente de aviación, pensemos en el de las Torres Gemelas, casusa daños invalorables. ¿Cuáles son los costos de un accidente de la magnitud del producido en las costas de Lima?

¿Se está contemplando alguna otra acción en el marco del contencioso en el fuero civil?

En el marco del proceso tanto Indecopi como el Ministerio del Ambiente podrían plantear la aplicación de medidas cautelares que van desde una solicitud de embargo hasta una medida cautelar en forma de administración. Eso se va a determinar en el proceso mismo, lo importante aquí es que los directivos de Repsol, sus representantes, trasladen esta información y traten de tranzar con el Estado porque este es un hecho sin precedentes en donde se han visto afectadas la flora y fauna y la población. Y definitivamente, el Estado lo que está ejerciendo es su soberanía sobre sus derechos y sobre su territorio.

¿No les preocupa que el juez Marcial Ruiz a cargo del caso haya sido investigado en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto que involucró al juez supremo César Hinostroza y a miembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura?

La demanda cae por azar en un juzgado determinado, nosotros no elegimos el juzgado de nuestra preferencia. Ahora cualquier juez puede ser investigado por la justicia o la propia Fiscalía, finalmente siempre está la presunción de inocencia. El Ministerio Público se encargará de ver si este juez está habilitado o no para ejercer sus funciones. No conozco a ese juez, tampoco conozco su foja de servicios o si tiene alguna investigación preliminar. Finalmente, eso escapa a nuestro alcance.

¿En cuánto tiempo podría resolverse una demanda de este tipo?

Una demanda de este tipo puede demorar en primera instancia dos o tres años, eso depende de los escritos y oficios de las partes litigantes. ¿Qué es lo que Indecopi ha planteado? El primer escrito de la demanda o la notificación de la demanda, vía exhorto judicial a través del consulado respectivo, va a exigir que las empresas demandadas no domiciliadas en nuestro país indiquen un apoderado y domicilio en el Perú para efectos de llevar a cabo este proceso de la manera más rápida posible. Aquí no hay mucho que discutir, solo se tiene que debatir si hay responsabilidad civil objetiva y cuál es el monto indemnizatorio.

¿El monto que se pide no es demasiado alto? Cuatro mil quinientos millones de dólares suena a mucho dinero…

Para el caso de la demanda que presentó Indecopi, el juez se hizo la misma pregunta: ¿cómo han llegado a esa cifra? Nosotros al levantar esa observación hemos demostrado la validez del monto que estamos exigiendo. Mejor dicho, nuestra respuesta dejó satisfecho al juez y aceptó a trámite nuestra demanda. Lo anterior marca un precedente de lo que podría pasar más adelante. Obviamente, tenemos que transitar por las dos instancias judiciales que existen, primero la sala civil que va a ver este tema, si es que no se arregla antes, siempre cabe la posibilidad de que Repsol acepte y diga que va a apagar los 4500 millones de dólares exigidos y lo que el Ministerio del Ambiente les reclame en su momento. Luego el caso pasará a la Corte Suprema del Perú.

Se vienen días, o meses, de grandes debates, ¿no?

Esto ya pasó al terreno legal. Ya no es la guerra mediática. En la guerra mediática se pueden decir disparates. Ellos dijeron cualquier cosa como echarle la culpa al volcán Tonga que queda a 10 mil kilómetros de la zona del siniestro. Eso muestra la mala fe que ellos tienen, definitivamente una empresa petrolera seria debe tener idoneidad y esa tubería la debieron haber arreglado cuando se les notificó. Esa tubería era de ellos, no del Estado peruano. Ellos tuvieron que hacerle el debido mantenimiento, pero no parcharla sino cambiarla después de un tiempo. Esos temas, como les digo, pasan a un segundo plano porque en el ámbito judicial se va a debatir solo la responsabilidad civil.

¿Qué podría esperar la opinión pública de este proceso? Le hago la misma pregunta que le hicimos al procurador del Ministerio del Ambiente, ¿vamos a ganar?

Mire, en este tipo de casos el derecho asiste a la razón, la razón asiste al derecho. Es finalmente un juez en primera y segunda instancia quien va a debatir este tema bajo los lineamientos de la responsabilidad civil, la jurisprudencia nacional e internacional y las leyes ambientales que rigen en el país. Esto pasa al ámbito de la doctrina, donde se va a tomar en cuenta la jurisprudencia, repito, sobre todo internacional, porque este tipo de casos es inédito en el Perú, nunca el Estado había tomado la iniciativa como esta, ni siquiera en el caso de los derrames que ocurren cada cierto tiempo en la Amazonía.

Resulta paradójico que sea Indecopi, una instancia ajena al sector ambiental, la que está detrás de la llamada justicia ambiental. ¿Qué precedente se va a generar de triunfar la medida que están impulsando?

El precedente que se podría generar es algo que va a quedar de lección y de ejemplo para otras compañías que realizan este tipo de actividades. Imagínese, ¿quién quiere pagar cuatro mil, cinco mil o diez mil millones de dólares? A nadie le gusta eso. Definitivamente la idea es que esto no suceda, que se pueda prevenir, que haya planes de contingencia apropiados y no solo en las empresas privadas, sino también en las empresas del Estado, porque ambos tenemos responsabilidad en este tipo de acciones, porque naturalmente se trata de accidentes, estos no son sucesos premeditados. Los accidentes ocurren tanto en el sector público como en el privado. Ambos sectores tienen que tomar acciones.

Qué le diría al CEO de Repsol S. A., oiga, en mayo pasado la compañía petrolera afirmó, a propósito del legajo que venía trabajando Indecopi, que se trataba de una denuncia infundada, improcedente e incongruente.

Le diría que colaboren para encontrar la justicia, que sean transparentes y que cuando se les cite a la Comisión Multisectorial colaboren con la información que se está pidiendo. Acá hay un tema muy claro, hay una compañía de seguros que es Mapfre y hay una cobertura, en realidad hay varias coberturas, he mencionado hace un momento la de 270 millones de dólares, pero hay más, queremos saber en qué se está utilizando esa cobertura para remediar todo el daño que han generado, eso es lo que queremos saber y finalmente le pediría que sean conscientes con lo que ha pasado.

¿Nada más?

Sí, le preguntaría al CEO de Repsol cuáles son las medidas que van a tomar para que esto no vuelva a suceder en el futuro. Eso es lo único que queremos, que no vuelva a suceder algo así en el futuro y obviamente lo que le diría es que se hagan responsables. Y a la principal de España, que se preparen porque esto no es una guerra mediática y no voy a permitir que se le vuelva a echar la culpa al volcán Tonga, esto se va a ver en los tribunales, acá no va a haber show mediático, acá empieza una batalla legal y será el Poder Judicial el que determine si Repsol o las compañías de seguro son los responsables de este ecocidio ambiental que ha generado tanto daño moral, que ha generado tanto lucro cesante, que ha generado tanto daño emergente a la población y no a tres mil, cinco mil o diez mil pobladores: son 700 mil personas que se han visto afectadas por este derrame.