• Colombia es el país número 14 en adherirse a este tratado ambiental y de derechos humanos. Mientras tanto, Perú sigue postergando su ratificación.

 

A un mes de que el Congreso colombiano ratificara el Acuerdo de Escazú, el presidente Gustavo Petro firmó la ley que aprueba el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, denominado Acuerdo de Escazú. Con ello, Colombia se suma a este acuerdo internacional que tiene como fin fortalecer la protección del ambiente, los defensores ambientales, y que permitirá a los ciudadanos tener acceso a información de este sector como un derecho fundamental.​

“Hemos firmado el tratado internacional, que se convierte en Ley de la República, de Escazú (…) y fundamentalmente le garantiza hoy a cualquier ciudadano y ciudadana de Colombia acceso a la información, en primer lugar, sobre proyectos, iniciativas del Estado o privadas, que tengan que ver con afectaciones al medio ambiente. Toda la información ambiental que es un derecho fundamental, aquí se garantiza a partir de esta ley, para cualquier persona”, declaró el presidente colombiano.

Asimismo, señaló que en este acuerdo “se establecen unos criterios de protección a los activistas, a los defensores del medio ambiente en Colombia, y se establecen unas posibilidades de participación de la sociedad en las decisiones en donde también se afecta el medio ambiente. Esta es una ley y un tratado internacional que básicamente le da poder a la ciudadanía en función de la defensa de la naturaleza, del planeta y de la vida”.

Por su parte, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, resaltó que esta firma es un triunfo de la juventud: “Esperamos honrarlo con un plan de implementación para que podamos tener más decisión de la ciudadanía en las decisiones ambientales, más participación y defender a quienes defienden el ambiente”.

Esta ley fue firmada antes de que el mandatario partiese a Egipto para la COP27, la cumbre sobre cambio climático más importante a nivel mundial.

[Ver además ► Egipto: la COP27 se centrará en el pleno cumplimiento del Acuerdo de París]

El Acuerdo de Escazú

Este tratado internacional es considerado uno de los instrumentos ambientales más importantes de la región. Tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. Así mismo, es el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

A través de la transparencia, la apertura y la participación, el acuerdo contribuye a la transición hacia un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad, donde se reconoce la relación del Estado, la economía y la sociedad para promover el principio de conservar produciendo y producir conservando.

[Ver además ►[Infografía] Diez mitos y verdades sobre el Acuerdo de Escazú]

Siguientes pasos para su implementación

En importante resaltar que el Acuerdo de Escazú no compromete la soberanía nacional, por ello, cada país debe implementarlo en base a su jurisprudencia, su aparato institucional y los conflictos ambientales que enfrenta. Para ello, la Corte Constitucional de Colombia deberá revisar los estándares ambientales que propone el acuerdo y vincularlos con el marco normativo actual para definir cuáles son los mejores estándares para implementarlos y qué disposiciones vigentes deben ser fortalecidas. Este proceso es un requisito indispensable para su implementación y tomará un aproximado de seis meses.

La ministra Muhamad señaló que el Acuerdo de Escazú se implementará a través de cinco acciones a corto plazo planteadas por el Gobierno Nacional:

• Políticas de manejo de información ambiental
• Estrategia de acompañamiento a defensores ambientales
• Ampliación de la participación ciudadana en las decisiones ambientales
• Apoyo a la creación y el fortalecimiento de las veedurías ciudadanas
• Un sistema de información sobre conflictividad socioambiental.