Mañana 15 de mayo, la ONG internacional Global Witness presentará un informe en el que denuncia los presuntos intereses que se esconden detrás del proyecto de construcción de la carretera entre Puerto Esperanza (Ucayali) e Iñapari (Madre de Dios). Asimismo, alertará sobre el riesgo que ello implica para las áreas protegidas e intangibles de la selva amazónica, contra los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

En el informe “Un arduo camino: cómo la Amazonía peruana y sus pueblos se ven amenazados por el incumplimiento de la ley y los intereses creados que defienden la carretera de Purús”, la organización recomienda al Estado peruano el archivamiento del Proyecto de Ley 1035-2011/CR (presentado por el congresista fujimorista Carlos Tubino), que plantea la construcción de 270 kilómetros de vía terrestre entre Puerto Esperanza e Iñapari.

La investigación de Global Witness será presentada por su vocero principal Billy Kyte. Asimismo, será complementada con la intervención del abogado de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), César A. Ipenza, quien analizará los impactos ambientales de dicho proyecto. Del mismo modo, participará el dirigente indígena Alfredo del Águila, quien expondrá sobre la postura de los pueblos indígenas en Purús. Cerrará el acto el director ejecutivo de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), César Gamboa. (Ver agenda)

La presentación del informe se realizará entre las 10 am y 1 pm en la Sala Yachay del Hotel Crowne Plaza, ubicado en la avenida Benavides 300, en Miraflores.

SOBRE EL PROYECTO DE LEY

Según Global Witness, el Proyecto de Ley 1035-2011/CR propone declarar de interés nacional la interconexión terrestre entre Puerto Esperanza (Purús, Ucayali) e Iñapari (Tahuamanu, Madre de Dios). Esto supondría la construcción de una carretera o vía férrea de 277 km de extensión y una inversión mayor a los 300 millones de dólares, debido a que la ruta propuesta superpone más de 100 cuerpos de agua, entre ríos, quebradas y cochas.

El parlamentario considera que la construcción de esta vía es “de necesidad pública y prioritario interés nacional”, porque permitiría un tránsito más rápido para los alimentos y servicios médicos para la población de Puerto Esperanza, sin tener en cuenta que sólo beneficiaría a unas 1000 personas, es decir el 20% de la población de Purús.

En tanto, la población indígena de Purús, cerca de 4000 personas, ve en esta iniciativa un peligro para su supervivencia, porque el trazo de la vía atravesaría el Parque Nacional de Alto Purús -que alberga 194 especies de mamíferos, 442 de aves, 79 de reptiles, 81 de anfibios y 120 de peces-, la Reserva Comunal de Purús, la Reserva Territorial Madre de Dios, y cuatro concesiones forestales.

La carretera, además, afectaría a los pueblos en aislamiento y contacto inicial que viven en los bosques primarios de la reserva territorial Mashco Piro, que alberga el Parque Nacional de Alto Purús, donde también se conservan los últimos caobales del país y constituye una de las reservas de biodiversidad más ricas de la Amazonía.

Sin embargo, el congresista Tubino expone que la vía terrestre es necesaria, porque la vida en Puerto Esperanza es muy cara (el flete aéreo por kilo asciende a 5 soles y encarece tremendamente la vida de los ribereños, que pagan hasta 8 soles por un kilo de arroz). En tanto, la población indígena pide que se realicen más vuelos cívicos, ya que actualmente se realizan cada 15 días con un valor de 50 soles el pasaje, frente a los 140 soles que cuesta el pasaje de los dos vuelos subsidiados semanales.

Al respecto, los ministerios de Ambiente, de Cultura, de Transportes y Comunicaciones, el Sernanp, instituciones internacionales, el Gobierno Regional de Ucayali y la Comisión Ambiental Regional de Madre de Dios han recomendado la no aprobación del proyecto argumentando su inviabilidad, porque la conectividad terrestre “pone en riesgo los derechos a la vida y a la salud de la población en situación de aislamiento y contacto inicial” que habita la Reserva Territorial Madre de Dios.

“Cabe señalar, que además de infringir la legislación peruana en materia de áreas protegidas y para protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento voluntario y de contacto inicial, la ‘Ley Tubino’ podría implicar la apertura de actividades ilegales en la zona como tala, minería y narcotráfico, lo que a su vez pondría en peligro la diversidad biológica y a la población indígena de la zona”, señaló Global Witness.