La Defensoría del Pueblo y las organizaciones indígenas nacionales presentaron una demanda de amparo contra la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de Salud (MINSA), solicitando que se cumpla con emitir el Decreto Supremo sobre la Política de Salud Intercultural, en atención a los acuerdos suscritos el 12 de setiembre del 2014 entre el Estado y los representantes de los pueblos indígenas, durante el proceso de consulta previa llevado a cabo con relación a dicha medida.

La demanda fue presentada a solicitud de los pueblos indígenas consultados ante la excesiva demora en la aprobación del Decreto Supremo. “Han transcurrido 18 meses desde la suscripción de los acuerdos del proceso de consulta. Nuestra institución y los pueblos indígenas hemos remitido diversas comunicaciones a la PCM y al MINSA. Sin embargo, hasta la fecha, no hemos obtenido respuesta”, puntualizó Eduardo Vega, titular de la Defensoría.

Vega agregó además que “dicho proceso constituye una valiosa experiencia de dialogo para la construcción de una política nacional orientada a reducir las brechas que han impedido a los pueblos indígenas recibir una atención de salud adecuada y con enfoque intercultural”.

La sustentación de la demanda presentada señala que los pueblos indígenas conforman uno de los grupos humanos más olvidados y postergados por el Estado. Por ello –en comparación con otros grupos- presentan la expectativa de vida más baja, la mortalidad materna y neonatal más alta, así como la mayor desnutrición infantil y el menor número de partos atendidos por profesionales de la salud.

“Es tan deficitaria la atención de salud que el 51.2% de las comunidades nativas carece de algún tipo de establecimiento. Esto es un serio problema porque a las diversas epidemias presentes en contextos indígenas como las enfermedades diarreicas agudas o la malaria se sumen otras nuevas como el VIH, la hepatitis B o la tuberculosis, que no están siendo adecuadamente atendidas”, resaltó el Defensor del Pueblo.

Por su parte, Daniel Sánchez Velásquez, jefe del Programa de Pueblos Indígenas, subrayó que “el no reconocimiento de las necesidades y prácticas de las comunidades no contribuye a superar las barreras culturales y las posibles situaciones de discriminación que se presentan en la atención de salud. Una de las quejas más frecuentes recogidas en reuniones con representantes indígenas es que el personal de salud no habla su lengua y no conoce su cultura”.

Sánchez recordó que corresponde al Poder Ejecutivo cumplir con su compromiso de aprobar la Política de Salud Intercultural que fue consultada, a fin de garantizar que los pueblos indígenas cuenten con servicios de salud de calidad y debidamente abastecidos. “El servicio de salud debe contar con personal capacitado -que no discrimine, que comprenda sus dolencias- y bien remunerado. Asimismo, la distribución del personal sanitario tiene que considerar las condiciones geográficas, la dispersión y la escasa densidad poblacional”, agregó.

La demanda cuenta con el respaldo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP), la Confederación Nacional Agraria (CNA) y la Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA).