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• Propuesta de la bancada fujimorista ya fue rechazada por la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Cultura.

El pasado 11 de noviembre, el congresista Jorge Morante (Fuerza Popular) presentó el Proyecto de Ley 3518/2022-CR, que propone modificar la Ley 28736, norma que tiene como objetivo proteger de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y contacto Inicial (Ley PIACI).

Esta propuesta plantea que los gobiernos regionales deben tener la competencia del reconocimiento, mediante ordenanza regional, de la existencia de los PIACI; la categorización y extinción de reservas indígenas; y, la conformación de una comisión revisora de las declaraciones de existencia de PIACI y reservas indígenas o territoriales ya reconocidas.

Pese a la actual coyuntura donde sobresalen las manifestaciones a nivel nacional, la Comisión de Descentralización del Congreso agendó el debate de esta propuesta legislativa, sin considerar que organismos como la Defensoría y el Ministerio de Cultura han expresado su rechazo porque la norma perjudicaría a los peruanos más vulnerables del país.

Ante esta insistencia, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) presentó una demanda de amparo ante la Corte Superior de Justicia de Lima para que “ordene suspender el procedimiento legislativo” respecto al Proyecto de Ley 3518/2022.

“Este proyecto de ley no solo pretende facultar a los gobiernos regionales para extinguir o revocar las reservas indígenas ya creadas, sino también pretende facultar a los gobiernos regionales para revocar los reconocimientos de la misma existencia de los PIACI y así desaparecer a pueblos enteros cuya existencia ya ha sido reconocida de manera formal por el Estado peruano”, señala Aidesep.

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La organización indígena también afirma que la iniciativa de la bancada fujimorista “también propone suspender de manera indefinida a los procesos de creación de nuevas reservas, algunas de las cuales ya vienen esperando casi 20 años para su creación. Por ende, la aprobación de este proyecto de ley implicaría nada menos que el genocidio y exterminio total de los 25 pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial que viven en el Perú y quienes son ciudadanos peruanos y sujetos de derechos”.

Aidesep también informó que, con esta demanda, se alerta “la vulneración de los derechos fundamentales a la vida, salud, integridad y territorio” de los PIACI. Asimismo, agrega la organización, el proyecto de ley “vulnera del derecho a la consulta previa de las organizaciones indígenas representativas de los PIACI”.

SPDA pidió archivar el proyecto de ley

A través de un informe legal, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) presentó una opinión legal ante la Comisión de Descentralización del Congreso, en la cual concluye que el proyecto de ley debe ser “desestimado al atentar directamente contra los derechos a la vida e integridad de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial”. Lee el informe legal aquí.